Luego de una propuesta inicial que no contemplaba fondos adicionales, en el trámite parlamentario la Udelar logró reforzar su presupuesto en 7 millones de dólares. Esto representa menos de un quinto de lo solicitado y está lejos de poder equilibrar las horas docentes con el aluvión de nuevos estudiantes. En tanto, el acuerdo salarial propuesto para docentes y funcionarios universitarios determina la resignación de más de 2 puntos perdidos en 2021.

Pasaron tres meses desde que el proyecto de rendición de cuentas ingresó al Parlamento. Por aquel entonces, el Poder Ejecutivo ponía a la Universidad de la República (Udelar) en un escenario sumamente complejo, considerando que la propuesta no incluía ningún refuerzo presupuestal para el próximo año. Pese a la reducción del 5 por ciento de su presupuesto en términos reales durante el período 2020-2021 y a que el aumento en la cantidad de nuevos inscriptos empeora la relación de horas docentes por estudiante, el gobierno entendía que los fondos propuestos para 2023 eran más que suficientes. A tal punto que pretendía ir un paso más allá: proponía la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad, que le aseguraba a la Udelar unos 15 millones de dólares anuales destinados a infraestructura, principalmente en el interior del país.

En el punto de partida de la discusión parlamentaria, la diferencia entre lo solicitado por la universidad y la propuesta del Ejecutivo era significativa. Mientras que la Udelar planteaba la necesidad de contar con 39 millones de dólares adicionales en 2023, para poder hacer frente a una caída presupuestal (que se proyectaba en 7 puntos en el quinquenio), el Ejecutivo no solo no asignaba nuevos fondos, sino que pretendía una reducción. Así y todo, de las negociaciones en la Cámara de Diputados surgieron nuevas propuestas. Allí se planteó asegurar fondos por 120 millones de pesos –casi 3 millones de dólares– para el desarrollo de un programa de tratamiento del cáncer de próstata y la creación de un centro para embarazos en situación de riesgo en el Hospital de Clínicas. En tanto, la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad no alcanzaba los votos necesarios para su aprobación.

En el Senado la tónica de la negociación fue similar, pero con algunos aditivos. Por un lado, se incluyó nuevamente la eliminación progresiva del adicional del Fondo de Solidaridad, aunque con la salvedad de que el monto a reducir fuera cubierto por rentas generales. A su vez, se agregó un refuerzo de 160 millones de pesos –casi 4 millones de dólares–, que se destinarían a paliar la grave situación causada por el aumento de la matrícula y a atender programas en el interior del país.

En síntesis, si bien con la votación de ayer en el Senado la Udelar aseguró una mejor perspectiva para el próximo año, el resultado se encuentra lejos de lo esperado. Los 7 millones de dólares de incremento solo representan un 18 por ciento del total solicitado. Además, lo asignado en el Senado equivale únicamente a un tercio de lo que se necesitaba para equiparar las horas docentes a niveles de la década pasada.

Efecto adverso

El refuerzo presupuestal parcial supone varias dificultades para el desarrollo y el funcionamiento de la Udelar. Respecto de la oferta educativa, determina que seis carreras que se encuentren aprobadas (como la Licenciatura en Psicopedagogía, la de Ingeniería en Medios o la de Física Matemática) no puedan ser instrumentadas. A su vez, implica que 11 carreras (Educación Física y Diseño de Comunicación Visual, entre otras) no tengan capacidad de ampliar sus cupos de ingreso. También provoca que carreras en proceso de aprobación (Oceanografía, Biotecnología y Tecnologías de la Química) vean retrasada aún más su concreción. Por lo demás, se verá rezagado el desarrollo de la infraestructura necesaria para ampliar el alcance de la universidad en todo el país (como la construcción de una nueva sede de la Facultad de Química, entre otros).

No son las únicas limitaciones. Solo el año pasado, el ingreso de nuevos estudiantes se ubicó un 16 por ciento por encima de las cifras de 2020; esto supuso una menor capacidad para atender esa demanda. Ese aumento redujo la posibilidad de la institución de otorgar becas de apoyo. Si bien en 2020 y 2021 creció el número de becas otorgadas, también lo hicieron las solicitudes. Como resultado, en 2022 quedaron sin financiación 600 becas de apoyo económico. Si se suman los números de 2021, la cifra asciende a casi 1.500 estudiantes, según los datos presentados por la Udelar ante el Parlamento.

«Los estudiantes que no logremos retener y que no podamos acompañar en su proceso no van a poder cumplir su derecho de acceder a una educación superior de calidad», decía el rector Rodrigo Arim al ser entrevistado por Brecha hace dos semanas. Según el jerarca, la falta de capacidad para mantener un flujo de cargos en la carrera docente produciría la pérdida de toda una generación de investigadores. En lo que refiere a ese campo, ya se pueden observar los efectos de las restricciones presupuestales. Si se consideran solo los proyectos de investigación más desarrollo (I+D) convocados en 2020, se tiene que casi uno de cada tres de los evaluados como excelentes no accedieron a financiación. Y, desde esa fecha, el número de convocatorias no ha aumentado.

El impacto es «grande», sostuvo el decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal, al ser consultado por el semanario. Psicología fue una de las facultades en las que hubo un mayor crecimiento de estudiantes desde 2020: su ingreso promedio pasó de 2.500 a 3.100 estudiantes. «Tenemos la misma población de docentes, pero con un crecimiento muy rápido de los estudiantes, lo que resulta en problemas locativos», explicó el decano. Y destacó que gran parte de ese crecimiento provino de estudiantes que pertenecen a los quintiles más bajos de la población. Sobre ese punto radica otro de los principales reclamos de las autoridades universitarias: «Está comprobado que uno de los proyectos más fuertes de Uruguay, en cuanto a la movilidad social, es la Udelar. No solo por la cultura y por generar capacidades estratégicas para resolver problemas de manera mucho más creativa, sino porque los estudiantes agarran laburo. Pero la discusión presupuestal es a partir de la sábana corta. Estamos teniendo un récord en exportaciones y no cae ni una gota. La sábana no es corta, pero la lógica de discusión es sobre este criterio», concluyó.

No alcanza

Mientras el proyecto de rendición de cuentas recorría las distintas instancias parlamentarias, el conflicto de los docentes y funcionarios de la Udelar escalaba hasta decantar –actualmente– en una huelga generalizada, con varios centros ocupados desde el pasado martes. La medida, definida por la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (AFFUR) –que cuenta con el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)–, se concretó ante la falta de espacios tripartitos para negociar su recuperación salarial, luego de una caída en el poder de compra del 7,96 por ciento durante el año pasado. A diferencia de lo ocurrido en primaria y secundaria, los docentes y funcionarios de la universidad no fueron convocados por el Ejecutivo para negociar la recuperación, previo a que el proyecto ingresara al Parlamento. De modo que, desde el inicio, el manejo del tema provocó malestar entre los trabajadores.

«Se nos quiso imponer el acuerdo que se había acordado con la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] de 5,8 por ciento. El 1 de enero de 2025, finalizaríamos la recuperación de ese porcentaje. Lo que se está planteando recuperar es menos de lo que perdimos por inflación, que fue un 7,96 por ciento», sostuvo a Brecha el secretario general de ADUR, Agustín Cano. Además de la recuperación salarial, en ADUR y AFFUR se plantea la necesidad de contar con un fondo para atender inequidades salariales –similar al aprobado para los trabajadores de la ANEP– que alcance a docentes grado 1 y 2, trabajadores del Hospital de Clínicas y funcionarios técnicos administrativos y de servicio. Para los docentes de los grados más bajos –que por 20 horas semanales de trabajo no superan los 18 mil y 25 mil pesos nominales–, se plantea extender la cantidad de horas de trabajo y financiar el acceso a nuevos concursos de grado, lo que implicaría fondos por 94 millones de pesos.

El pasado miércoles, luego de más de un mes desde la última instancia tripartita, el gobierno volvió a ratificar que la propuesta de recuperación se mantiene en 5,8 por ciento y que no habrá nuevas partidas para atender las inequidades salariales. A su vez, consultado por el semanario, Federico Daverede, director nacional de Trabajo, consideró que el artículo cuarto de la ley de presupuesto habilita a que la recuperación salarial se calcule con base en el índice medio de salario del sector público y no por inflación, lo que determinaría que la recuperación podría ser menor. «Habría que recuperar un 2,9 por ciento, el Poder Ejecutivo llega a 5,8», sostuvo Daverede. Respecto a los fondos para atender inequidades, agregó que se debe buscar una fórmula que no incluya una nueva partida y que una posibilidad sería que «parte de lo ofrecido» como recuperación salarial se «distribuya de otra manera» para cubrir esas inequidades salariales.

Al cierre de esta edición, los centros educativos se encuentran discutiendo si continúan con la huelga. En tanto, en los siguientes 15 días se llevará a cabo una nueva tripartita para definir avances.