La Fiscalía atendió a 20 en lo que va de 2022, y se suma el asesinato de seis niñas y niños en contextos de violencia de género, fue enviada la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos. El femicidio representa la forma más extrema de violencia basada en género, y el impacto que genera tiene ecos que van mucho más allá del momento en el que la mujer es asesinada. Es un hecho que afecta a la comunidad, que pone en alerta al resto de la sociedad y, sobre todo, que desencadena distintos procesos en el núcleo de personas más cercanas a la víctima. La situación es más compleja cuando la mujer, además, tenía hijas o hijos a cargo. En ese caso, las niñas, niños y adolescentes son víctimas directas, y es desde ese lugar que se tiene que abordar su atención, protección y reparación.

Con la mirada puesta en estas niñeces y adolescencias se utilizó un convenio entre el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), la Fiscalía General de la Nación, la Universidad de la República (Udelar) y Unicef. El primer resultado de este trabajo interinstitucional quedó plasmado en un manual que incluye recomendaciones de emergencias inmediatas, a corto ya mediano plazo. La propuesta pretende ser una herramienta que oriente las acciones de las instituciones que intervienen en estos casos y apunta sobre todo a que, en esa respuesta, se pueda mitigar el impacto que el femicidio tiene en las niñas, niños y adolescentes.

El documento, que fue presentado la semana pasada, se basa en la sistematización del trabajo de respuesta a las víctimas de femicidios realizado desde 2017 por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), el INAU, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y otros organismos. Además, recoge los testimonios de familiares directos de las víctimas, de organizaciones civiles y de profesionales que asisten a niñas y niños.

“Presentamos estas primeras recomendaciones porque consideramos que muchas veces, durante mucho tiempo, perdimos de vista que el femicidio, aparte de ser la forma de violencia extrema hacia las mujeres, impacta y deja secuelas en los niños y en la comunidad”, señaló María Elena Mizrahi, coordinadora del Sipiav, a la diaria. Mizrahi pensó que “si bien hoy hay una respuesta del Estado”, son necesarias “respuestas más concretas en cada uno de los territorios, con referencias claras, para dar sostén y trabajar no sólo con las niñas, niños y adolescentes, sino también con las familias que se hacen cargo de estas situaciones tan dolorosas”.

Lejos de ser una problemática contenida, Uruguay asiste hoy a una escalada de femicidios: en lo que va del año hubo 28 casos , constituyendo en muchos casos situaciones de violencia vicaria . Solari informó que, entre 2017 y lo que va de 2022, la unidad atendió a 141 niños, niñas y adolescentes hijos de víctimas de femicidio.

“Me tomo el atrevimiento de pedir disculpas a los niños que tuvimos y que tenemos que atender, porque como Estado llegamos tarde y muy mal”, expresó Solari, en referencia a que “no se pudo evitar que alguien mate a la mamá de estos niños ”. A su entender, la presentación de estas recomendaciones “es una forma de que, en nombre del sufrimiento que han tenido estos niños, haya un compromiso de generar algo que sea más claro a la hora de poder tener una asistencia organizada”, porque, cuando la ayuda está “desorganizada”, muchas veces “genera situaciones revictimizantes”. La directora aclaró que el documento “no es una respuesta acabada”, sino que “tiene que ver con gestionar el dolor, el sufrimiento y la desorientación en un momento determinado de la vida”,

Durante la presentación, Mizrahi adelantó que el documento presenta “las primeras recomendaciones para continuar el trabajo en el diseño de un protocolo y una ruta interinstitucional” que, según dijo, el Sipiav abordará en 2023.

Las recomendaciones

El manual es bien práctico –consta de 20 páginas– y plantea tres tipos de recomendaciones de emergencia: inmediatas, a corto plazo ya mediano plazo. Las primeras acciones son las que deben desplegarse apenas ocurren el femicidio y en general son asumidas por el personal policial, que es el primero en llegar al lugar. Las recomendaciones para este momento son mantener a las niñas, niños y adolescentes alejados de la escena; identificar a una persona adulta de referencia que pueda estar atenta a sus necesidades básicas; y evitar que vean las noticias en medios de comunicacion o redes sociales.

Esto es hasta que llegue el equipo técnico de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que es el que brinda los primeros auxilios psicológicos. Para esta asistencia en las primeras horas posteriores al femicidio, se recomienda “respetar los tiempos de niñas, niños y adolescentes” y “tolerar” las “defensas psíquicas” que puedan manifestar. Además, se sugiere transmitirles lo que pasó “de una manera clara y adaptada a su nivel de lenguaje”, y procurar que sea un adulto referente o cercano el que lo haga. En este punto, es importante “comunicar los hechos sin mentiras –no decir que se fue de viaje, murió en un accidente o se fue a trabajar– ni falsas expectativas –como cuando se dice que 'se fue al cielo''–, y siempre con el apoyo de un profesional especializado”, enfatizó el psicólogo Daniel Camporo,Facultad de Psicología (Udelar) e integrante del equipo de investigación.

En cuanto a las medidas a corto plazo, la guía sugiere realizar explosiones comunitarias, principalmente en las instituciones educativas y otras en las que circulan esas niñas y niños, “como forma de evitar la estigmatización y permitir procesar colectivamente la pérdida”. Además, se recomienda designar un técnico de referencia que se encargue de la coordinación de las acciones interinstitucionales, para “dar continuidad al proceso de seguimiento para la reparación del daño”.

Las intervenciones a mediano plazo deben realizarse, ante todo, en “un marco de escucha especializada del discurso infantil”, que vaya “más allá de la palabra”, “garantizando que sus inquietudes y sospechas puedan ser expresadas y detectadas, y que su punto de vista sea considerada en todas las instancias, sean familiares o judiciales”, dice el documento. Una de las medidas aconsejadas es mantener la mayor cantidad de referencias de cotidianidad posibles: evitar el cambio de escuela, los lazos de amistad y los vínculos con los referentes adultos, intentar que conserven objetos personales como la cama, los juguetes, las fotos y las pertenencias de la madre que quieran tener de recuerdo. También se recomienda evitar separar a los hermanos y, si esto no es posible, asegurar de alguna manera la continuidad del vínculo fraterno.

Por otra parte, el equipo que elaboró ??las recomendaciones pone el foco en el fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento y seguimiento del abordaje con el técnico de referencia. Esto incluye la coordinación con las instituciones correspondientes para “facilitar mecanismos de protección inmediata” y el “acceso a la tramitación de prestaciones”.

A la vez, implica el diseño de estrategias coordinadas de intervención integral orientadas a toda la familia. “Los profesionales de la salud tenemos muy claro que, cuando se da la pérdida de una madre o de un padre, nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia aquel o aquellos adultos que siguen vivos en la crianza, dado que serán quienes concentrarán el cuidado de las niñas , niños y adolescentes, con el proceso de duelo concomitante. Es por ello que el abordaje familiar del sufrimiento se torna necesario”, detalló Camparó al respecto.

Todos estos pasos a seguir se enmarcan en una recomendación más general que apunta a la necesidad de que quienes intervienen en estas situaciones tengan “conocimiento y formación específica acerca de las manifestaciones frecuentes de las niñas, niños y adolescentes y familias en estos casos”. En ese sentido, el manual afirma que “reconocer y comprender lo que les pasa ante el femicidio y la nueva filiación permite intervenir de manera adecuada en el trauma, el duelo y el proceso filiatorio”.

Víctimas directas de la violencia de género

Durante la presentación de las recomendaciones, Mizrahi aseguró que en Uruguay “costó mucho poder entender que las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde hay violencia de género son víctimas directas de la violencia de género”. Aclaró que esto pasa no sólo “cuando la violencia se dirige hacia ellos directamente”, sino también “cuando la viven cotidianamente, cuando están expuestos, cuando se lastima a alguien que ellos quieren y, muy especialmente, cuando pierden a su madre”.

La coordinadora del Sipiav dijo que, en ese contexto, “las situaciones de las hijas e hijos que sobreviven al femicidio de sus madres han permanecido invisibilizadas en nuestro país”, pese a que los efectos de esta violencia son “devastadores”. A la vez, pensó que “es escasa la información sobre las respuestas públicas del Estado para el abordaje y el acompañamiento de estas víctimas”. “Desde un enfoque de derechos, el Estado es responsable de reparar, proteger, adoptar medidas para garantizar los derechos de las mujeres, de sus hijas e hijos. Cuando les arrebatan a su madre en el femicidio, el Estado debe seguir garantizando los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la activación inmediata de las respuestas institucionales que requieran cada situación y de los procesos de reparación del daño”, apuntó.

Por otro lado, Mizrahi mencionó algunos avances normativos que dio Uruguay para responder “a la violencia contra las mujeres y el reconocimiento de niñas y niños como víctimas directas de esta violencia”. En esa línea, dijo que el país marcó un primer “hito” recién en octubre de 2017, con la aprobación de la Ley 19.538, que modificó el artículo 312 del Código Penal para incorporar el femicidio como circunstancia agravante del homicidio. Dos meses después, se sancionó la Ley 19.580, con la que “se consolidó la prevención, el combate y la reparación de la violencia basada en género”, apuntó el representante del Sipiav. “Esta ley es un avance cualitativo que nos puso a nivel del continente como uno de los países con un marco legislativo que avanza y que da respuesta.

Por último, recordó que en 2019 se obtuvo la Ley 19.747, que modifica el capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y que a su entender “también constituye un hito, definiendo el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes a la exposición de violencia basada en género como un tipo específico de violencia que los afecta”.

Otro mojón que dijo es la Ley 18.850 de Pensión Mensual y Asignación Familiar Especial para Hijos de Víctimas Fallecidas por Violencia Doméstica, aprobada en 2011, que al día de hoy es la respuesta pública diseñada únicamente para esta población. Mizrahi dijo que “no es una ley muy conocida, no todos los operadores la aplicamos y, en definitiva, hay una necesidad de modernizarla y cambiarla para que dé más garantías y más sostenes económicos a estos niños”.