Desde 2017 151 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por femicidios en nuestro país. El dato --que surge de un informe realizado en convenio entre INAU, Fiscalía, Facultad de Psicología de UdelaR y Unicef-- se conoció en el contexto de la presentación de un protocolo que deja en evidencia la necesidad de más recursos para trabajar en la respuesta institucional al impacto que los femicidios, la pérdida de la madre, tienen en estos niños.

Para la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), María Elena Mizrahi, se requiere un replanteo del sistema, con más recursos y más capacitación. “Pongámonos nosotros en el lugar. Que de la noche a la mañana vengan a vivir niños que son de nuestra familia, pero que no era algo que teníamos planificado. Aparte del impacto de si es una hermana o una prima que ha sido asesinada. A partir de ahí se necesita trabajar con estas familias para dar un sostén”, dijo Mizrahi.

Justamente, la respuesta emocional y económica a los familiares que quedan a cargo es una de las claves. Por eso entre las modificaciones que más urgentemente se requieren está que la pensión que reciben las víctimas no sea excluyente de si tienen otras transferencias del Estado. Mizrahi también señaló que hay carencias técnicas y si bien adelantó que se vienen realizando capacitaciones (de hecho la semana próxima se llevarán a cabo en todo el país), se necesita mayor capacidad de reacción. Y la capacidad debe ser grande, porque el fenómeno del femicidio es muy grande. Tanto que hace pensar que ese número de niños al que se aludía al principio se queda corto.

“Estamos diciendo que atendimos 7.035 situaciones en el 2021, que son casos atendidos. Esto no es denuncia, sino casos con niños que atendió un equipo. Y en lo que va de este semestre llevamos 5.944 situaciones. Entonces no sabemos cómo vamos a terminar este año, pero en definitiva, si bien hubo ingresos de técnicos, obviamente los volúmenes que tenemos que atender, sin lugar a duda son insuficientes”, señaló.

El 25 de noviembre del año pasado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el Banco de Previsión Social (BPS) había anunciado que los hijos de víctimas de femicidios quedarían amparados por las disposición contenida en la LUC, que modificó la Ley N.º 19.039, que duplicaba el monto que había previsto anteriormente la Ley N.º 18.850, por la que se había dispuesto en 2011 el pago de una pensión mensual, más una asignación familiar a las víctimas de delitos violentos.

La LUC (Ley N.º 19.889) lo que hizo fue extender ese beneficio a los familiares de víctimas de “un fallecimiento en ocasión de un hecho delictivo”. Evidentemente esa redacción comprende a los hijos de las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas y así lo entendió el equipo jurídico del instituto, aunque aplica para los hijos de víctimas de femicidios que hayan ocurrido luego del 9 de julio de 2020, cuando la LUC entró en vigencia.

Hasta fines del año pasado el BPS brindaba esta prestación a 138 niños. Claramente que esto es un problema a resolver y en el que se debe poner todo el empeño, pero no es más que una secuela del verdadero gran problema, que todo lo expuesto anteriormente no puede hacernos olvidar, que es la muerte de las mujeres.

Este año, en los días previos a la conmemoración del Día de la Mujer se dieron a conocer datos respecto a los femicidios en el país en los últimos años. Durante 2018 se cometieron 35; en 2019, fueron 25 casos y la baja se mantuvo en 2020, cuando se registraron 19 crímenes de este tipo, aunque entonces había al menos cuatro casos pendientes de definición o incluidos en el conteo de muertes “dudosas”, publicaba La Diaria. En 2021, sin embargo, este delito volvió a aumentar y hubo 25 casos y uno pendiente de resolución, en el que el principal sospechoso era la pareja de la víctima. También se investigaban otros dos casos de mujeres cuyos cuerpos aparecieron flotando en un arroyo.

De acuerdo con los datos estadísticos del Ministerio del Interior, el promedio de edad de las mujeres asesinadas es de 39 años, aunque la tendencia es la reducción de esta edad. Del total de casos, a partir del 2018, el 28% de los femicidios fueron cometidos en Montevideo y el 72% en el Interior del país. El 92% de los casos se cometieron dentro de la vivienda y el 8% --dos casos– en la vía pública. Pero no son más que datos que no aportan demasiado a entender por qué está pasando esto en este momento.

Otro dato, respecto a los agresores: el 44% de los femicidas se quitó después la vida y el 48% debió afrontar a la Justicia. La diferencia de la suma respecto a 100 se explica porque en ese momento uno estaba prófugo y otro femicida había sido ultimado durante la comisión de otro delito. Últimamente también ha cobrado relevancia otro fenómeno, que es el de padres que atacan e incluso dan muerte a los niños para “dañar” a la madre. Tiene nombre, se lo puso la psicóloga Sonia Vaccaro --argentina, residente en España-- que lo describió como “aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla”.

El problema tiene muchas aristas, cada vez más complejas, y está sobradamente comprobado que no se va a resolver solo porque no está atado, como podrían estar otros problemas de seguridad, a los vaivenes de la economía o de la sociedad. Ha ido in crescendo más allá de crisis económicas y sociales y superando todo tipo de cambios en la legislación y de endurecimiento de penas. Ahora que estamos en un proceso de reforma educativa tal vez sea bueno considerarlo, como para probar algo diferente, por más que el éxito tampoco así esté garantizado.