Este aporte se materializa a través de un convenio, que creó el "Programa de Residentes y Practicantes en los Servicios de Salud" y que permite a estudiantes con avance en la Licenciatura en Psicología y egresados/as que cursan la Especialización en Psicología en Servicios de Salud, realizar prácticas y residencias en hospitales y policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en diversos puntos del país.

Entre sus objetivos se destaca “la formación de recursos humanos en salud, específicamente psicólogos, con los niveles de calidad y actualización requeridos por la sociedad uruguaya y acorde a los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud”; y “la producción de conocimientos psicológicos en el campo de la salud, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población uruguaya.”

Convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E) y la Universidad de la República - Facultad de Psicología

El convenio tiene presencia a nivel nacional, abarca los departamentos de Montevideo, Colonia, San José, Canelones, Maldonado, Flores, Cerro Largo, Soriano, Rocha, Salto, Paysandú y Rivera, y desde su puesta en marcha suma 12 generaciones de participantes con un total de más de 430 practicantes y 80 residentes.

Solo en 2022, este acuerdo permitió la formación de 34 estudiantes de grado y 7 egresados/as, quienes se desempeñaron en la promoción y protección de la salud, el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de personas que se atienden en ASSE. Cada uno de ellos cubrió 25 horas de trabajo semanal en los tres niveles de atención, en lugares dispuestos por el prestador, y 15 horas de actividades académicas (carga horaria semanal: 40 horas).

Tanto los cargos de residentes como los cargos de practicantes son remunerados. ASSE financia un total de 2080 horas anuales por cada uno de los residentes y practicantes, de las cuales 1300 horas son netamente de servicios de salud.

La Facultad destina además, el trabajo de cuatro docentes para que realicen el acompañamiento y la formación, a fin de integrar la perspectiva y abordajes específicos de la disciplina a las necesidades de cada centro de salud..

Falta de recursos

Para el funcionamiento de este convenio, la Facultad y ASSE acordaron la creación de la figura de coordinador/a. Quien ocupe este cargo tiene como tarea planificar, dirigir, organizar, coordinar y controlar el desarrollo y funcionamiento de las actividades implícitas en dicho convenio, lo que implica, entre otras cosas, la designación y rotación de los practicantes y residentes en los distintos centros de salud donde prestan servicio.

De acuerdo con lo expresado por el Decano de la Facultad, Enrico Irrazábal, ante el Consejo Directivo Central de la Universidad al día de hoy no hay quien ocupe este puesto de coordinación, lo que incide en el cumplimiento de las funciones y cometidos del comité interinstitucional respecto al monitoreo de la implementación del Programa y el correcto funcionamiento del convenio.

“Con la ausencia del coordinador es imposible que se desarrolle este programa de la manera debida.” El Decano señaló que desde el año 2022 el convenio se enfrenta a muchos problemas; por ejemplo, recientemente fue cesada una persona que, si bien no tenía la designación específica, actuaba como Coordinadora. En ese sentido, el decano explicó que la razón por la cual se informa que fue cesada era por “falta de presupuesto”.

Según Irrazábal, los efectos del funcionamiento inadecuado del convenio tienen, pese a los esfuerzos de los involucrados, repercusiones también en lo académico. “Nosotros entregamos unos 500 títulos por año y un buen porcentaje (de los graduados) vienen por esta vía (por las prácticas a través del convenio)”. Es una situación que repercute tanto a nivel de grado como de posgrado, debido a que las residencias forman parte de la formación para la obtención del título de Especialista en Psicología en Servicios de Salud.

El decano hizo énfasis en que, si bien se hacen todos los esfuerzos posibles para cumplir con el convenio, la situación actual lo hace muy difícil y compromete su funcionamiento. “No quiero ser alarmista, solo quiero dejar en evidencia una situación muy paradójica”, subrayó.

Por otro lado, el Comité Interinstitucional Ampliado del Convenio FP-ASSE, compuesto por funcionarios de ambas instituciones, emitieron un documento al respecto de la situación donde señalaron  una serie de medidas y resaltaron, por encima de todas las cosas, que continuarán con sus labores para evitar que el convenio no deje de aplicarse, pese a las enormes dificultades.

En el texto, el Comité resalta que este convenio se enmarca en el “proceso de cooperación más amplio” entre la Udelar, ASSE y otros actores del Estados. Asimismo, este grupo exhortó a las partes del convenio a ejercer acciones de comunicación “que posibiliten el esclarecimiento del alcance de estos acontecimientos, propendiendo al restablecimiento de los términos de funcionamiento del convenio entre ambas instituciones”.

De cualquier manera, el Comité resaltó que “desde las responsabilidades y funciones académicas correspondientes a la Facultad de Psicología (coordinaciones académicas de Residentes, Practicantes y Especialización) se mantendrán las actividades previstas para el funcionamiento del Programa de Residentes y Practicantes en los Servicios de Salud y la Especialización de Psicología en Servicios de Salud (Plenarios, supervisiones, ateneos, etc)”.

Preocupación por los objetivos de la Ley de Salud Mental

La salud mental representa una de las temáticas de mayor interés para los distintos espectros sociales y políticos de Uruguay debido a, por ejemplo, ser uno de los países con la mayor tasa de suicidios en el continente.

Desde 2017 a la fecha el número anual de autoeliminaciones en el país sufre un crecimiento constante. En el primer año de referencia se quitaron la vida 688 personas (19,70 por cada 100 mil habitantes), mientras que en 2022 esta cifra creció a 823 personas (23,2 por cada 100 mil). ¹

Esta problemática, que se vio intensificada en los últimos años, ya era un tema de atención como quedó reflejado en la Ley de Salud Mental (Nº 19.529), del 24 de agosto de 2017, en base a la cual, en 2020 el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró un Plan Nacional de Salud Mental. En ella se plantea que la estrategia más viable para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud mental es a través de la atención general a la salud, lo que a su vez puede facilitar la reducción del estigma asociado con requerir asistencia de estos servicios.

Esta situación es destacada por el Poder Ejecutivo en su propuesta para su más reciente Rendición de Cuentas, donde se prevé destinar recursos adicionales por un monto de 20 millones de dólares al Plan Nacional para la salud mental y tratamiento de las adicciones, con el que pretende “dar respuesta en acciones de prevención y promoción, tratamiento y rehabilitación de salud mental y adicciones”.

En cambio, de acuerdo con lo explicado por el decano el MSP, de manera “paradojal” comunicó que dejará de financiar proyectos vinculados a la salud mental. En ese sentido, Irrazábal expresó su preocupación ante la posibilidad del incumplimiento de los objetivos planteados por la Ley de Salud Mental.

“Las autoridades de este país, particularmente el presidente de la República, plantearon priorizar la salud mental en la rendición de cuentas”, dijo el decano, quien luego subrayó que “ante una urgencia de salud mental en Uruguay y un récord de suicidos, que es una de las problemáticas de la salud mental, tenemos este aviso. Es una situación difícil”.

Asimismo, Irrazábal se refirió a la entrega de una vivienda al Ministerio de Desarrollo Social donde se alojarán ex pacientes del Hospital Psiquiátrico Vilardebó. “Ahora tenemos una casa que empieza a instrumentar algo atrasadísimo en Uruguay. (...)". El otorgamiento de dicha casa es de alguna manera un eslabón de lo que debe realizar una ley de desmanicomialización, que es una experiencia de acompañamiento de atención en espacios más cotidianos, diurnos, reconoció el Decano.

Sin embargo el decano denunció la falta de presupuesto para llevar a cabo el proceso de desmanicomialización dictado por ley. “Rige una Ley de Salud Mental desfinanciada. No se le incorporó ninguna partida presupuestal en ningún año y existe el mandato que funcione en 2025, cosa que no sucederá”.

Intervención del Decano Enrico Irrazábal en el Consejo Directivo Central de la Universidad (4/7/2023)

1. Datos sobre el suicidio en el Uruguay. Informe presentado por el Ministerio de Salud Pública con motivo del Día Nacional para la Prevención del Suicidio (17 de julio de 2023). Ver informe.