El informe, impulsado por el Conapees, analiza la bibliografía internacional sobre el tema y brinda así insumos para una futura investigación de la situación en Uruguay.

La democratización del acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la llegada masiva a dispositivos digitales, generó un nuevo espacio de intercambios múltiples. Como en cualquier espacio de interacción, también creó nuevas condiciones de exposición y riesgo para poblaciones que viven situaciones de mayor vulnerabilidad. En este escenario, organizaciones sociales e instituciones que trabajan en el tema vienen advirtiendo desde hace algunos años sobre las nuevas formas que adoptó la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Y, por consiguiente, sobre la urgencia de conocer más al respecto para crear estrategias específicas de combate.

El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia (Conapees) recogió esa preocupación y, ante la falta de producción académica sobre el tema en Uruguay, impulsó un estudio que llevaron adelante investigadores del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología (Universidad de la República), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). El trabajo, titulado Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y entornos digitales: aportes de la investigación internacional para construir un estado de situación nacional, revisa y analiza la bibliografía internacional sobre el uso de las tecnologías y los entornos digitales para el ejercicio de esa forma de violencia específica con el objetivo de brindar insumos para una futura investigación en Uruguay.

El informe “nos da herramientas para pensar el problema en su integralidad y pensar qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación en lo que tiene que ver con la captación, la explotación en línea y fuera de línea, las formas de pago y otros aspectos que bien recogen los investigadores en este trabajo que sin duda serán de utilidad para las futuras investigaciones”, señaló el viernes Luis Purtscher, presidente de Conapees, durante la presentación del estudio en el Edificio Mercosur. A la vez, apuntó que “la revolución que ha significado el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación no siempre ha sido acompañada de políticas de amortiguación del impacto o de una mirada que vaya un poco más allá de la mirada del delito y su persecución”.

El nuevo escenario virtual plantea, además, el obstáculo de que estas violencias ya no puedan abarcarse “con la llegada de equipos al territorio, sino que tenemos que pensarlo distinto” y abordarlo “desde la integralidad, pero específicamente desde este nuevo escenario, con las particularidades que tiene y evidentemente también con la generación de dispositivos que nos puedan aproximar al combate en estos nuevos territorios”, expresó Purtscher.

Principales hallazgos

La revisión abarca 42 estudios realizados entre 2010 y 2023 en distintos países del mundo. “Esto tiene que servir, y ya lo estamos haciendo en paralelo, para lograr construir una investigación razonable acerca de lo que sucede en Uruguay”, adelantó Pablo López, coordinador del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva y uno de los responsables de la investigación.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que hubo un “recrudecimiento de la violencia y del daño” contra niñas, niños y adolescentes, con una “representación más gráfica de su contenido”. Al respecto, Manuela Costa, otra de las investigadoras responsables del proyecto, dijo que una de las modalidades que aparecen en la virtualidad es “la transmisión en vivo de abuso sexual, una de las cosas más crudas que fuimos encontrando respecto de la violencia de graficar los abusos y a las situaciones de vulneración de los chiquilines”. Otra de las modalidades nuevas pueden “implicar roles de dirección”; “es decir que yo, como explotador que estoy mirando este material, puedo elegir qué tipo de violencia o de acciones violentas reciben las niñas, niños y adolescentes mientras se está transmitiendo en vivo”, explicó Costa.

Además, el estudio encuentra que la violencia es más gráfica para niños y adolescentes más chicos cuando son varones. “Aunque los más victimizados, son los niños mayores y las niñas en particular, la violencia es más gráfica, más explícita o más violenta para los varones más chicos o bebés. Esto para nosotros fue bastante fuerte”, manifestó Costa.

La revisión señala a la vez que los agresores tienen mayores oportunidades de interactuar con estas poblaciones en los entornos digitales, que les permiten “operar en múltiples escenarios y con diferentes víctimas potenciales al mismo tiempo”. La investigadora aseguró que otro rasgo distintivo de estos ámbitos es que permiten a los agresores “una sensación de menor riesgo de detección”, lo que a su vez les genera “una sensacion de mayor impunidad”.

El trabajo también resalta que, por lo general, suele haber una relación entre la violencia que viven las infancias y adolescencias online y las que enfrentan offline. En ese sentido, resalta que quienes sufren victimización en espacios no virtuales son más vulnerables a vivir situaciones de violencia en línea, en particular aquellas víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar, acoso escolar o ciberacoso. “Están más expuestos y tienen mayor probabilidad de ser víctimas de este tipo de explotación sexual y eso nos parecía clave porque hay otro tipo de factores vinculados que aparecen en la bibliografía como el acompañamiento adulto, la supervisión de los entornos digitales, la falta de abordaje de educación sexual integral –ya sea del hogar o en centros educativos– y también el tener ciertas conductas en redes como el sexting, el envío de material sexualizado autogenerado o el uso de salas de chat”, explicó la investigadora. “Esto salía como un emergente bastante fuerte de que la violencia que viven fuera de línea es uno de los mayores predictores e incluso más que el género o la edad considerados por sí solos”, puntualizó.

Por otro lado, la evidencia revisada muestra que es más probable que agresores que consumen material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, o que usan redes sociales para captarlos, desarrollen luego encuentros para explotarlos sexualmente en persona. “Esto nos trae otra cara del fenómeno que es que la violencia en línea y fuera de línea se retroalimentan”, especificó Costa.

Otro de los hallazgos que mencionó es que “se generan redes sociales de agresores, donde empiezan a socializar y a intercambiar sobre las estrategias que utilizan para explotar a los niños y para captarlos”, lo que revela que en el ámbito digital “encuentran el espacio para legitimar sus conductas”.

Para referirse a las interacciones en los entornos digitales, Costa citó un estudio realizado en Estados Unidos que expuso que los agresores sexuales demoraban en promedio diez minutos en pedir fotos a las niñas, niños y adolescentes en un chat; 12 minutos en mencionar algo vinculado al sexo; 50 minutos en solicitar un encuentro; una hora y seis minutos en pedir el teléfono personal; y una hora y 11 minutos en iniciar prácticas sexuales en tiempo real. “Esto es un dato que nos muestra que los chiquilines se encuentran muy expuestos” y que el intercambio con el explotador “puede escalar muy rápidamente”, señaló la investigadora.

Estrategias recomendadas

El informe concluye que el marco normativo de protección actual no es suficiente para abordar situaciones de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, en tanto “puede presentar terminología contradictoria o incluso no abarcar todas las formas en que se trabaja o en que va avanzando la tecnología”, describió Costa.

Por eso, los investigadores recomiendan “trascender” la legislación y los avances que se han realizado sobre el tema a nivel internacional y regional, para trabajar desde el ámbito de la colaboración multisectorial, “no sólo involucrando al Estado, a las agencias de aplicación de la ley y a la Justicia, sino también a la industria de los proveedores de servicios informáticos” que, además de tener el “conocimiento técnico”, “pueden proveer datos e información sobre estos casos”.

También se tiene que trabajar en la sistematización y la centralización de la información, que según dijo Costa “a veces está muy dispersa y muchas veces no se estudia”, así como “consolidar bases de registro”, que a la vez contribuiría a que la detección de situaciones “esté mejor articulada”.