Estudiantes y psicólogos reflexionan sobre la desmanicomialización en Uruguay y la sustitución del término “paciente” por el de “usuario de salud mental”

Entre la marginalidad se encuentran personas a la deriva, pero a la gran mayoría las une algo: la falta de salud mental. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en Montevideo hay alrededor de 2.700 personas en situación de calle, 24% más que en 2021. En el informe publicado en agosto de 2023 por el organismo, 52% de las personas en situación de calle tiene antecedentes penales, 36% recibió tratamiento psicológico y 20% estuvo en un centro de internación, lugares creados para la rehabilitación del sujeto y para su reinserción social. El estigma y el prejuicio son dos caras de la misma moneda.

“Desmanicomializar no es cerrar un manicomio; es cortar con las políticas de encierro”, afirmó Adhemar Seara, según el testimonio consignado en el documento “VILARDEVOZ una trayectoria colectiva”, difundido este año por la Universidad de la República. Este manual busca reflexionar en métodos alternativos a la internación y en el abordaje de “la locura, que no sea encerrar, ocultar, invisibilizar”. Seara fue integrante de la radio Vilardevoz y del Centro Cultural Urbano, fallecido en 2016.

“Es un posicionamiento ético del estudiante”

En diálogo con Sala de Redacción, Elisa Gallinal, estudiante de Psicología de la Udelar, reconoció que el movimiento antimanicomialización es “bastante chico”. Son muy pocas las unidades curriculares que tratan el tema, la mayoría optativas, y los estudiantes se adhieren muy poco a la postura antimanicomial. “Es un posicionamiento ético y político del estudiante, la facultad da un abanico y cada uno se posiciona”, afirmó.

En relación a los docentes que incluyen la desmanicomialización en las clases, Gallinal mencionó que algunos lo hacen de una forma más “abarcativa” y reconoció que hay un paradigma distinto entre salud mental colectiva y la hegemonía. “No creo que la facultad sea pro o contra psiquiatría, creo que hay que saber dialogar con ambas cosas”, analizó.

Por otra parte, Magalí Piriz, estudiante de la misma casa de estudios, dijo a Sala de Redacción que a lo largo de la carrera tienen prácticas preprofesionales en el edificio anexo de la facultad, donde brindan atención gratuita y psicológica a los pacientes que llegan, por lo general personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. No obstante, Piriz comentó que “hay una lista muy larga de personas para atender en la práctica y no hay recursos para continuar el tratamiento”.

La estudiante reconoció que, en algunas ocasiones, a los docentes “se les escapa el concepto «normal» o «locura»”, aunque exista un intento de evitar encasillar bajo dichos conceptos. A pesar de esto, Piriz destacó que es inevitable no sorprenderse cuando un paciente realiza actos por fuera de la norma. Por ejemplo, mencionó un caso reciente, en el que un hombre intentó abusar sexualmente de una mujer en el barrio Cordón y fue declarado inimputable e internado en el Hospital Vilardebó. La estudiante dijo que se trata de un dilema, ya que la violación es un delito pero en este caso se priorizó la salud mental del individuo.

Ponerle voz

Josefina Ongay es licenciada en Psicología por la Udelar. Forma parte del colectivo de radio Vilardevoz desde 2020, cuando realizó su práctica como estudiante. Fue partícipe en la elaboración del manual que aborda la desmanicomialización y el enfoque en la búsqueda de métodos alternativos a la internación. Desde esta perspectiva, se ve a la persona como un sujeto y no como un paciente, en contacto con su entorno, con un equipo interdisciplinario y con sus pares, de forma que la colectividad pasa a ser el centro. Además, en la radio se promueven talleres artísticos y laborales que buscan que el sujeto se integre en la sociedad porque “pobreza y locura” se relacionan, según Ongay.

La radio Vilardevoz surgió en 1997 de la mano de un grupo de estudiantes que realizaban sus prácticas en el Hospital Vilardebó centro de internación psiquiátrico perteneciente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por “el deseo y la necesidad de circular la palabra y que no solamente quede en lo técnico”, ya que al momento de hablar sobre salud mental, siempre se hacía a través de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. El objetivo es “buscar una voz para los participantes, porque el usuario tiene su propio padecer. Este proyecto comunitario sobrevive y tiene más fuerza”, afianzó Ongay.

“Como estudiante creo que esta práctica en sí misma me ayudó a pensar qué tanto de estos encierros y de lo manicomial se reproduce en el ámbito universitario, especialmente en la Facultad de Psicología y en las prácticas que tenemos como futuros psicólogos”, analizó. La psicóloga resaltó, además, que la Universidad tuvo que “repensarse, reorganizarse y seguir haciendo prácticas más abiertas a la comunidad”, en contacto con “otros saberes”.

Por otro lado, la nueva Ley de Salud Mental incorporó el concepto de “usuario de salud mental como sujeto de derecho”, en contraste con el término “paciente”, que está en un proceso de desuso a partir de esta normativa. Esta modificación implicó un cambio de paradigma respecto a la visión del individuo y un “cambio en el imaginario social de la locura y la salud mental”, sostuvo.

Consultada respecto al cierre “progresivo de estructuras asilares y monovalentes”, punto referido en el artículo 37 de la Ley de Salud Mental, en favor de un régimen de “estructuras alternativas”, Ongay subrayó que si bien se “está llevando a cabo”, todavía queda trabajo para hacer. En esa línea, observa con “preocupación” que haya autoridades, en referencia al expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, que “te digan que no se van a cerrar las colonias o no va a haber un cambio de la concepción ni tampoco una estimación del tiempo para el cierre del Vilardebó”. Ongay evidenció que “lo que demuestra esta ley es que generar espacios de referencia y contención, así como lazos con otras organizaciones, mejora la vida de las personas, al punto de no tener que volver a internarse”.

Con relación a los tiempos de internación de los usuarios, la integrante de Vilardevoz considera que hay gente internada de forma prolongada en las colonias. La psicóloga se refirió al motivo de esta extensión de la internación: “son gente sin familia o sin algún referente por fuera para insertarse” a nivel social. Por lo tanto, “el proceso de externación no es tal”, los usuarios “ven a las colonias como su casa”, apuntó.

Situación crítica

El segundo artículo de la ley 19.529 publicada en 2017 expresa que “se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
Sin embargo, Uruguay es uno de los países de América Latina y del mundo con la tasa más alta de suicidios. Si bien hubo una leve tendencia a la baja con respecto a 2022, en 2023 hubo 754 suicidios, datos preliminares que fueron publicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en abril de este año. Estos números generan alarma en los mecanismos y el presupuesto destinado a la salud mental en Uruguay.

Puertas adentro

Daniela Fernández es estudiante avanzada de la Licenciatura en Enfermería. Cursó su práctica en el Hospital Vilardebó en 2022 y enfatizó el arduo trabajo del personal de la salud hacia los usuarios. Es un “shock de realidad: si uno no está ahí adentro, no se da cuenta de lo que es realmente”. Fernández mencionó que en el hospital “hay una falta bastante importante de psiquiatras”, principalmente en las guardias de emergencia, situación que viene de años anteriores. Por otra parte, la licenciada visibilizó que existe un tema social sin resolver: “parece que el hospital fuera un depósito de todo aquel que consume, que está judicializado, con problemas de salud mental o no tiene un respaldo familiar”, situación que Fernández aseguró que “no es el ideal”.

Respecto al cierre del Hospital Vilardebó pautado para 2025 en base a la nueva Ley de Salud Mental, Fernández evidenció que el personal que trabaja en este centro “no es proclive al cierre, todo lo contrario”. En esa línea, el personal solicita al Estado más presupuesto y recursos para una mejor atención en el Vilardebó, de esta forma, se evita el cierre y la derivación de los usuarios, que se ha visto afectada por la complejidad de la articulación con otras redes estatales, así como el escenario de cada paciente, ya que algunos deben cumplir pena en dicho centro de internación.

En relación a esto, en el mes de mayo hubo una movilización en la que trabajadores de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi ambas ubicadas en el departamento de San José fueron contrarios al cierre de las instituciones por la posible pérdida de fuentes laborales, que en total ascienden a unos 800 puestos, según consignó Subrayado. Ante este panorama, ASSE emitió un comunicado en el que garantiza “el compromiso de mantener las fuentes laborales” y que los centros no serán cerrados, con la argumentación de que las movilizaciones y las medidas adoptadas son “absolutamente desproporcionadas”, concluyó la misiva.