Investigadores de la Udelar estudiaron el impacto de agroquímicos en los trabajadores arroceros y un caso de un trabajador llegó a la CIDH; el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz rechazó las acusaciones

Las avionetas fumigadoras sobrevolaban por el pueblo donde Arrozal 33 le dio una casa a Julio de los Santos.

La empresa, que dio origen al poblado de Arrozal Treinta y Tres en las primeras décadas del siglo pasado, lo contrató de oficial herrero en 2014. Julio se encargaba de soldar cosechadoras, carros, tractores, fumigadoras. La exposición a los agroquímicos no se reducía a las avionetas fumigando sobre su casa: incluía su propia trabajo.

"Varias veces reparé los mosquitos (máquinas fumigadoras). La última vez estaban llenos de líquido, chorreando. Me ensucié todo el pantalón, hasta adentro de los championes tenía glifosato. Le pedí al encargado que me dejara ir a cambiarme y no me dejó. Me dijo: 'Cuando vayas a comer te cambiás'. Estuve como dos horas y pico sucio de glifosato y mojado", explicó en una entrevista a No toquen nada (Del Sol) en diciembre de 2020.

Julio tuvo una enfermedad pulmonar irreversible que lo dejó dependiente de una mochila de oxígeno.

En diálogo con El Observador, dice que solo el Instituto de Derechos Humanos lo apoyó dándole una casa en San José para que no siga viviendo en la zona y para que pueda hacer su tratamiento en Montevideo. Dice que su hija de 24 años tiene problemas respiratorios y que su esposa tiene nueve tumores en el hígado, además de hipertensión, anemia ferropénica y alopecia. Dice que él estaba sano antes de empezar a trabajar en el arrozal, que incluso se había hecho un chequeo general un año antes y le había salido que no tenía nada.

En 2018 denunció a la empresa exigiendo una reparación económica. Tres años después, en setiembre de 2021 la Justicia falló en favor de él. Sin embargo, dos meses más tarde, en diciembre de ese año, el Tribunal de Apelaciones revirtió la decisión. En agosto de 2022 la Suprema Corte de Justicia respaldó al tribunal. La defensa de Julio de los Santos –encabezada por el abogado Santiago Mirande– decidió ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este proceso es contra el Estado, no contra la empresa, y puede durar años. Mirande pidió tres cosas: la indemnización económica a Julio, que se obligue a Uruguay a tomar medidas para controlar este tipo de situaciones y la "no repetición", es decir, que no vuelva a existir una historia como la de su cliente.

De todas formas, el caso está en una comisión que evaluará si pasa, o no, a la Corte. Mientras tanto, Julio tiene 50 años y solo pasa una pequeña parte del día despierto. El Banco de Previsión Social (BPS) declaró que está absolutamente incapacitado para trabajar con un baremo de casi 90%.

Además, tiene problemas para ir a Montevideo a tratarse porque se le rompió la mochila de oxígeno portátil. Más de 30 organizaciones sociales del país y de la región denunciaron su situación y pidieron donaciones para comprar una nueva mochila, que sale 5 mil dólares, un precio por encima del que Julio y su familia pueden pagar.

La Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay defiende los protocolos y los procesos estandarizados que tienen que cumplir y en el Ministerio de Trabajo aseguran que el sector tiene un alto cumplimiento de las normas actuales.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de la República abordaron el impacto de los agroquímicos en trabajadores arroceros y en su trabajo documentaron asociaciones entre la exposición a agroquímicos y problemas reproductivos, gestacionales y malformaciones, así como algunos tipos de cáncer. De todos modos, el trabajo reconoce que es difícil determinar la causalidad, es decir, probar que el problema se deba a las sustancias.

Los investigadores resaltan que las personas tienen problemas a la hora de denunciar la exposición a estas sustancias.

"Un trabajador rural que vive en la localidad de Vergara por ejemplo, en el medio de una arrocera, si sufre un impacto por el uso de agroquímicos muchas veces desconoce los procedimientos que debe seguir ante esa situación, ante qué institución o instituciones debe denunciar el hecho o tiene miedo a las represalias que le puede traer realizar esta notificación", dijo Nicolás Rodríguez, docente de la Facultad de Psicología e integrante de la investigación, según consignó el portal web de la Udelar.

También sucede que las personas ya están acostumbradas a correr esos riesgos. Rodríguez recordó una frase que le llegaron a decir: "Hace tanto que trabajamos con esto que a veces hay cosas que se nos pasan, no utilizamos las medidas de protección".

Jimena Heinzen de la Facultad de Medicina señaló las dificultades que tienen para recibir atención médica las personas que viven en pueblos rurales del interior alejados de centros de salud. Apuntó también a debilidades en el sistema sanitario. Dijo también que falta formación sobre los protocolos de actuación frente a casos de exposición a agroquímicos.

"Zonas de sacrificio"
Fernanda Souza, socióloga con una maestría en medio ambiente global y actual directora de Licenciatura en Sociología de la Universidad Católica, plantea el concepto de "zonas de sacrificio". Son lugares donde vive gente que, implícitamente, es elegida como sacrificable o prescindible. Ellos sufren las consecuencias ambientales de industrias que traccionan económicamente al resto del país.

Porque como explica la socióloga Souza toda la población del área se ve afectada, no solo los trabajadores de la industria que contamina. "Los contaminantes se disipan por aire, tierra, agua, etcétera. No es solamente al que le pasa por arriba la avioneta que está fumigando o fertilizando", señala.

Souza dice que la "zona de sacrificio" es un "concepto-acción". "Sirve para englobar distintos tipos de situaciones en los que desde el Estado se omiten formas de canalizar recursos o políticas públicas que podrían salvaguardar la vida, los derechos humanos, de un grupo de personas en una zona que, no explícitamente, termina siendo definida como una zona donde la población que está ahí puede ser sacrificada de alguna manera, o es prescindible", expone.

Según la socióloga, en estos casos hay un modelo productivo "que se vuelve más rentable en ciertas condiciones que implican la contaminación de la zona".

Dice que en Uruguay y en el resto de América Latina en general son comunidades generalmente que están en zonas apartadas y donde hay poco acceso a otras formas de trabajo.

En estos casos, las poblaciones sufren lo que le pasa a una persona cuando entra en una relación "tóxica". Además del daño que sufre, se genera una dependencia con el victimario y un aislamiento de la víctima. "Es casi imposible escapar del esquema y del entramado de relaciones laborales", dice la socióloga.

En Arrozal Treinta y Tres, pueblo que justamente nació a partir de la arrocera fundada en 1934, viven unas 350 personas y casi todos trabajan en la empresa.

El abogado Santiago Mirande defiende a Julio de los Santos y a la familia de Luis da Rosa: un hombre que vivía en Vergara y que murió esperando un trasplante de pulmón después de sufrir, según denunció, el impacto de los agroquímicos. Mirande dice que en el este del país hay regímenes que parecen "feudos".

"Todas estas situaciones en Treinta y Tres, en Cerro Largo, en Laguna Merín. Es zona de nadie... Vas a esos lugares no podés creer cómo la gente vive y trabaja en determinados lugares dentro del predio de la empresa y es como un feudo. Los tipos estos dominan a los trabajadores. Deciden cuánto le pagan, no le dan protección. Financian la escuela, el hospital y la comisaría", dice a El Observador.

Para Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la comparación con un "feudo" es una "afirmación totalmente rebuscada, sin ningún fundamento". A su criterio, si a una escuela le faltan útiles o si a una policlínica le faltan medicamentos, es parte de la "responsabilidad empresarial" dar un apoyo.

La historia de Luis
"Era un joven que agarraba la bicicleta e iba a Rincón, un pueblo que queda a 15 kilómetros. Me iba a Tacuarí, que es otro pueblo que queda a 15 kilómetros más. Incluso, en la misma bicicleta, llegué a trasladarme a Yaguarón. No tenía problemas para andar. En el recorrido podía ver que a ambos lados de la ruta había cultivos de arroz y era normal ver los aviones o los mosquitos haciendo su trabajo. Poco a poco empecé a aguantar distancias más cortas en bicicleta. Ya no iba tan lejos, me costaba ir y volver del trabajo. No era deportista, pero sí un aficionado de la bicicleta y no podía creer lo que me estaba pasando".

Así contaba Luis da Rosa –en una entrevista a La Diaria publicada en diciembre de 2023– cómo fue el deterioro de su salud. Había nacido en Salto, pero vivía en Vergara desde su adolescencia. No trabajaba en arroceras, aunque estas rodean la ciudad de 4 mil habitantes donde él fue panadero, carnicero y bibliotecario.

Cuatro años antes de esa entrevista a La Diaria, había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar progresiva y neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Seis meses después, en julio de este año, murió.

Había quedado dependiente de una máquina las 24 horas para poder respirar. Su neumóloga había coordinado con el Fondo Nacional de Recursos que le hicieran un trasplante de pulmón. En setiembre de 2023, el fondo le contestó que para hacerlo tenía que irse de Vergara: es una ciudad con mal acceso a la salud y donde Luis iba a seguir expuesto a agroquímicos.

Luis, su esposa Mariana Olivera y sus dos hijas –una niña y otra adolescente– se mudaron a Colonia en enero de este año. Mariana dice que no tuvieron ayuda del Estado. Un amigo consiguió un vehículo y la casa se la dio una iglesia bautista. Con 43 años, Luis entró en la lista de espera para el trasplante pulmonar, pero se murió antes de un infarto.

Mariana cuenta a El Observador que en Vergara, donde viven 4 mil personas según el Censo de 2011, "están todos con problemas respiratorios". "Creo que no sacás una persona que no tenga problemas respiratorios".

Aunque ella no tiene síntomas, a sus hijas de 7 y 14 años les están haciendo estudios.

"Totalmente falto de realidad"
El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, dice que por algunas situaciones, como las que describe esta nota, parece que haya una "situación de catástrofe" en los arrozales. Y entiende que esto "es totalmente falto de realidad".

Dice que el sector arrocero es el que menos usa agroquímicos por hectárea en Uruguay. Que además aplican principalmente herbicidas y fungicidas y que los insecticidas –que son los de "mayor efecto sobre los seres vivos"– se usan "muy poco o casi nada".

Dice que "muy pocos" trabajadores tienen contacto con los agroquímicos porque está todo muy "estandarizado" y hay un protocolo. Dice que el trabajador que los aplica debe estar preparado y debe tener "los carnés de aplicado pertinente" para trabajar. Dice que el trabajador lo hace con los "elementos de seguridad personal necesarios" y que hay garantías.

"En ese sentido estamos bastante tranquilos", afirma Lago.

Desde la empresa Arrozal 33 prefirieron no hablar sobre el caso y se limitaron a señalar el juicio de la Suprema Corte de Justicia.

El inspector de Trabajo, Tomás Teijeiro, dice que el sector arrocero "tiene un alto cumplimiento de las normas laborales". Dice que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) hace "regularmente operativos en el sector" donde se controla que se cumplan los decretos 321/09, 216/12, 307/09, 38/22 y 52/23. El tercero de estos trata sobre riesgos químicos y establece disposiciones obligatorias "para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo".

Teijeiro destaca que en el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para 2024 y 2025 está previsto el contralor del sector respecto al uso de productos químicos.

El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, dice que no estaba al tanto de que hubiera un problema de contaminación a personas en arrozales de Treinta y Tres y asegura que los casos concretos no son su competencia.