Una instancia de diálogo dejó una idea tan incómoda como ineludible: la salud mental no puede pensarse al margen de la pobreza, la desigualdad y las decisiones políticas. Las intervenciones pusieron en cuestión enfoques centrados exclusivamente en el individuo y subrayaron que el sufrimiento psíquico expresa fallas estructurales del Estado, recortes presupuestales y vidas atravesadas por la incertidumbre. Desde la experiencia territorial y la gestión pública, se instó a escuchar a quienes padecen, revisar la implementación de la ley y reconstruir políticas con anclaje ético, social y comunitario.
La mesa de diálogo con autoridades políticas nacionales se realizó el 28 de noviembre en el Aula Magna Juan Carlos Carrasco de la Facultad de Psicología, en el marco del III Congreso Internacional de Psicología. Participaron la diputada Diana Noy y el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Gonzalo Civila, con la presentación y moderación del decano de la Facultad, Enrico Irrazábal. Estaba prevista la presencia de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quienes no pudieron asistir por compromisos institucionales.
Escuchar el territorio para evaluar la ley
Diana Noy centró su intervención en la necesidad de evaluar críticamente la implementación de la Ley de Salud Mental desde una escucha territorial y situada. Señaló que la comisión bicameral parlamentaria aún no logró dar pleno curso a lo que la ley exige y explicó que se priorizó recorrer hospitales y policlínicas, así como dialogar con usuarios y familias, especialmente en el interior del país, donde el padecimiento resultó más crudo.
La diputada advirtió que decisiones como la desinstitucionalización generan angustia cuando no existen alternativas reales. También cuestionó una concepción de la salud mental desligada de las condiciones materiales de vida y planteó interrogantes sobre la relación entre pobreza y sufrimiento psíquico. Afirmó que no podía pensarse la ansiedad, la esperanza o la patología sin considerar trayectorias marcadas por la exclusión, los recortes presupuestales y la falta de horizontes. Sostuvo que escuchar esas experiencias permite repensar políticas, identificar buenas prácticas y reconstruir respuestas desde una perspectiva ética y social.
Finalmente, la legisladora enfatizó la responsabilidad del Estado en garantizar continuidad, coordinación interinstitucional y seguimiento efectivo de las políticas en salud mental. Señaló que la fragmentación de las respuestas y la falta de articulación entre niveles de gobierno debilitan los derechos consagrados por la ley. En ese sentido, llamó a fortalecer los mecanismos de control parlamentario y la participación social para evitar que la norma quede reducida a una declaración de principios.
La desigualdad como raíz del sufrimiento psíquico
En su presentación, Gonzalo Civila destacó que pensar la salud mental implica comprometerse con la transformación social y la construcción de “otros mundos posibles”. Aseguró que no existe salud mental posible en una sociedad organizada en torno a la competencia y la acumulación, donde la dignidad humana queda subordinada al dinero, y subrayó que la desigualdad —más que la pobreza— constituye una fuente estructural de múltiples patologías sociales.
El ministro reivindicó la Ley de Salud Mental como un cambio de paradigma que superó una mirada estrictamente sanitarista e incorporó los determinantes sociales, colocando en el centro un enfoque comunitario. Advirtió, sin embargo, sobre el riesgo de vaciar ese paradigma de contenido si no se acompaña con despliegue territorial real, recursos suficientes, cuidado de los equipos de trabajo y una interlocución genuina con el entramado social. En ese sentido, reconoció responsabilidades de gestión y afirmó que el cambio exige nuevos arreglos institucionales, voluntad política y condiciones de cuidado para quienes implementan las políticas.
Por último, Civila sostuvo que las políticas públicas no alcanzan para revertir desigualdades estructurales sin organización social ni sujetos colectivos fortalecidos. Reivindicó el rol de las organizaciones comunitarias como actores centrales de la salud mental y no como obstáculos para la acción estatal. Desde el MIDES, afirmó, el desafío consiste en contribuir a una sociedad más organizada y participativa, promoviendo vínculos, redes y protagonismo social, especialmente de quienes suelen ser tratados como objetos de intervención y no como sujetos de transformación.
