En el marco del Mes de la Salud Mental, la Facultad de Psicología reunió a autoridades, especialistas y colectivos sociales en una mesa de intercambio para reflexionar sobre los desafíos pendientes en la transformación del modelo de atención. Bajo el título “Desafíos de la atención en salud mental: si el 2025 no fue, ¿cómo llegamos al 2029?”, el encuentro puso en discusión los avances, obstáculos y horizontes del proceso de desmanicomialización en Uruguay. 

La actividad fue organizada por la Comisión Asesora de Salud Mental de la Facultad de Psicología y contó con la participación de Fernanda Nazar, directora de Salud del Ministerio de Salud Pública; Paola Pereira directora del Hospital Vilardebó; Clara Leis y Alfonso Arocena, representantes del Área de Salud Mental del Ministerio de Desarrollo Social; Juan Pablo Martí director alterno del Instituto Nacional del Cooperativismo; Aldo Tomassini director adjunto de la Secretaría Nacional de Drogas; el decano de la Facultad, Enrico Irrazábal y las representantes de la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental, Sofía Sosa y Belén García. La propuesta buscó generar un espacio de diálogo interinstitucional que permitiera pensar colectivamente cómo llegar al 2029 sin instituciones monovalentes ni prácticas asilares.

La urgencia de consolidar el cambio de modelo

Nazar destacó la necesidad de consolidar la implementación de la Ley de Salud Mental y avanzar hacia un modelo de atención comunitario que trascienda el enfoque biomédico. Señaló que el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 ofrece un marco sólido, pero aún persisten desafíos en su puesta en práctica. Subrayó la importancia de desarrollar planes departamentales con enfoque territorial, integrando indicadores sociales, económicos y de vivienda, y de fortalecer la interinstitucionalidad para atender poblaciones en situación de vulnerabilidad. También remarcó que uno de los principales obstáculos es el cambio cultural dentro del propio sistema de salud, donde todavía predomina una separación entre la salud mental y el resto de la atención sanitaria. La estrategia, dijo, busca integrar dispositivos de atención y rehabilitación en red, promoviendo una verdadera transformación del modelo asistencial. 

Paola Pereira planteó los desafíos que enfrenta la red pública para concretar el cierre de los hospitales monovalentes, en particular el Vilardebó, y fortalecer un modelo comunitario e integral. Subrayó la necesidad de derribar el estigma que aún pesa sobre la salud mental y de garantizar atención multidisciplinaria y accesible para todas las edades. Entre los principales problemas mencionó la falta de articulación entre niveles de atención, la insuficiencia de recursos humanos capacitados y la alta tasa de reingresos hospitalarios. Propuso reforzar el primer nivel de atención, la formación continua y la coordinación intersectorial con la academia. Expuso además el plan de apertura progresiva de camas en hospitales generales, expansión de hospitales de día, atención domiciliaria y casas de medio camino, apuntando a que la hospitalización sea un recurso más, pero no el único. Reafirmó que la recuperación solo es posible en comunidad.

Entre la institución negada y la inventada

Clara Leis y Alfonso Arocena, del Área de Salud Mental del Ministerio de Desarrollo Social, propusieron pensar el presente y el futuro del sistema de atención a partir de una serie de imágenes inspiradas en la reforma italiana de Franco Basaglia. Plantearon que Uruguay transita un momento intermedio “entre la institución negada y la institución inventada”, un proceso donde las casas de medio camino y los dispositivos alternativos permiten comenzar a vaciar las lógicas asilares y construir nuevos modos de atención. Sin embargo, advirtieron que la fragmentación persiste y que el desafío pasa por “conectar todo lo que está”, avanzar hacia una “ciudad que cura” y consolidar modelos regionales que integren vivienda, cultura, trabajo y participación comunitaria. 

Arocena destacó que el Ministerio cuenta actualmente con 32 dispositivos alternativos distribuidos en cuatro componentes —habitacional, sociocultural, sociolaboral y de atención—, pero reconoció la necesidad de fortalecer la planificación intersectorial y la voluntad política. Ambos subrayaron que la creación de dispositivos por sí sola no garantiza la desmanicomialización: “Podemos tener casas con veinte personas en lugar de doscientas ochenta, pero si las prácticas siguen siendo tutelares, el manicomio se traslada”. Ambos reivindicaron la importancia del placer, la alegría y la fiesta como dimensiones políticas del cuidado, y cerraron su intervención afirmando que la política pública debía hacerse “desde la esperanza”, entendida no como optimismo sino como motor de acciones concretas para transformar el modelo.

El trabajo y la integración social como horizontes posibles 

Juan Pablo Martí, director alterno de la presidencia del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), relató la historia de La Fageda, una cooperativa catalana creada por el psicólogo Cristóbal Colón y la educadora Carmen Yurdá, que apostó por la integración laboral de personas que habían vivido en instituciones psiquiátricas. Desde allí reflexionó sobre el papel del cooperativismo social en Uruguay, donde existen más de 300 cooperativas sociales con unas 5.000 personas involucradas. “Las cooperativas no son una solución mágica, pero sí una pista —señaló—. Podemos aportar un granito de arena a este proceso, siempre que haya políticas públicas que articulen recursos y acompañamiento técnico.” 

Por su parte, Aldo Tomassini, representante de la Secretaría Nacional de Drogas, destacó la necesidad de integrar el campo de las drogas al debate de la salud mental. Denunció la fragmentación del sistema y explicó que “la mayoría de las personas acceden al servicio que tiene cupo, no al que más necesitan”. Presentó el plan interinstitucional “no hay puerta equivocada”, que busca que cualquier punto del sistema sea una vía de acceso a la red de cuidados. Cerró su intervención con una apelación política y afectiva: “En un tiempo donde el odio es preponderante, hay que dejar un lugar para la esperanza y para pensar cómo queremos llegar al 2029.”

Procesos que ya están en marcha

El decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal, abrió su intervención reconociendo el papel histórico que la institución ha tenido en la construcción y defensa de la Ley de Salud Mental. Señaló que, si bien no todo se ha logrado, “es mentira que no hay procesos de cambio; hay condiciones instaladas que permiten nuevas producciones”. Subrayó la necesidad de pensar las políticas públicas más allá de las diferencias partidarias y de asumir que la transformación del modelo de atención requiere acuerdos sociales y políticos de largo aliento. Enfatizó que el desafío excede la salud mental, porque “el encierro no tiene que ver solo con el manicomio, sino con la cuadriculación del espacio social”, y convocó a fortalecer redes, formación y diálogo interinstitucional para sostener los avances alcanzados.

Las representantes de la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental, Sofía Sosa y Belén García, compartieron la experiencia de articulación entre colectivos y personas usuarias del sistema de salud mental que dio origen a la Comisión en 2025, ante la ausencia de condiciones para el cierre de los manicomios. Plantearon la necesidad de construir una “salud mental democrática”, basada en la participación y el reconocimiento de la vida como vulnerable. Subrayaron que pensar la desmanicomialización implicaba también repensar el trabajo y la vivienda como derechos, y advirtieron sobre las lógicas que medicalizan y empobrecen la existencia. “El encierro no solo está en los muros, sino en los modos de soportar la vida”, expresaron.

Tras las exposiciones, las intervenciones confluyeron en una idea común: la necesidad de sostener una salud mental comunitaria, democrática y sin encierros, que reconozca el trabajo, la vivienda y los vínculos como dimensiones esenciales del cuidado. El encuentro reafirmó el compromiso académico e institucional con la plena implementación de la Ley de Salud Mental y con la construcción de políticas públicas que coloquen la vida en el centro.