“La historia no se puede escribir desde el antes ni desde el hoy, pero todo parece indicar que, finalmente, el 2015 será el año de quiebre en la historia de la salud mental en Uruguay y el nombre de Carlos Grecco y la imagen de una jauría de perros matando a un hombre dentro de una institución de salud pública quedará tristemente impresa en la memoria cultural. Esperemos que perdure pero como referencia de las atrocidades de un doloroso pasado, que ojalá dentro de poco sintamos como algo muy lejanos”

Con estas palabras, el psicólogo Santiago Navarro abrió la presentación de un anteproyecto de ley que modifica el paradigma de la salud mental en Uruguay. El documento fue elaborado por la Asamblea Instituyente “Por salud mental, desmanicomialización y vida digna”, que se formó en 2012 y trabaja con esa consigna desde entonces. Lo integran organizaciones sociales, académicos, universitarios, trabajadores, usuarios y familiares vinculados al campo de la salud mental.

“Está pensado para el usuario, para nosotros. Ahora nos queda poner toda la carne en el asador y hacer entender a los que nos gobiernan que necesitamos una ley como esta, que sea humana, que piense en el otro como un ser humano capaz, con todos los derechos, donde no se viola ninguna libertad y va a haber un órgano que va a responsabilizarse. Nosotros tendremos que seguirlo de cerca porque las cosas no marchan si no las seguimos de cerca. Les digo gracias por tantas horas de trabajo y tanta dedicación”, dijo Luz, una de las asistentes a la presentación, que además es madre de un paciente con una patología psiquiátrica.

Los parlamentarios fueron invitados y algunos concurrieron. “¿Quería saber a quiénes se les presentó y si hay algún grupo político que lo va a respaldar?”, preguntó Daniel Conde, docente de la Facultad de Psicología y que además trabaja en el Parlamento.

Conde no tuvo respuesta de ningún político, pero sí del psicólogo Sebastián Batista, integrante de la Asamblea Instituyente. “Los estamos presentando a todos los partidos, cualquier que se quiera embanderar con esta causa es bienvenido, nos interesa que se lleve adelante. No figuran los nombres de los que trabajaron en el proyecto porque nos interesa que se lleve adelante más allá de nombres, de partido o de lo que sea”, dijo.  

Cierre de instituciones manicomiales

El anteproyecto de ley establece un “proceso progresivo de desmanicomialización”. Se propone cerrar las estructuras asilares y monovalentes públicas y privadas, como las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi.

Estas estructuras serán reemplazadas con alternativas residenciales y comunitarias antes del 2020, que serán construidas y contarán con recursos humanos.

Órgano de Revisión

En la propuesta se crea el Órgano de Revisión, que no pude recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad y funcionaría como un órgano del Parlamento. Estará integrado por tres miembros rentados: un abogado, un profesional de la salud, una persona que represente los intereses de la comunidad, familiares y usuarios.

Entre sus tareas tendrá la de “recibir y revisar periódicamente copia de informes de incidentes inusuales y de muertes ocurridas en instituciones de salud mental, para permitir la revisión de las prácticas institucionales”. También deberá evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren “debidamente justificadas” y no se prolonguen más de los 45 días establecidos en esta ley.

Internación involuntaria autorizadas por un juez

En la propuesta se establecen dos tipos de internación: voluntaria e involuntaria. Ambas solo pueden hacerse como último recurso y por el menor tiempo posible. Además, en caso de que se hagan, debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social.

Cuando hay una internación involuntaria se le debe comunicar al Órgano de Revisión y al Poder Judicial, en un plazo no mayor a 24 horas, con informes que fundamenten decisión. El juez deberá, en un plazo no mayor a tres días luego de notificado, autorizar, denegar o solicitar informes ampliatorios para justificar la internación.

Toda persona internada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar a un abogado para su asistencia y patrocinio. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno en el momento de la internación.

En el caso de usuarios menores de edad, la internación será considerada siempre involuntaria.

Internación voluntaria avalada por profesionales

Para una internación voluntaria será necesaria la firma de al menos dos profesionales de distintas disciplinas. Uno debe ser médico psiquiatra y otro no médico. La persona que decida la internación voluntaria puede solicitar el cese cuando quiera. El alta, la externación o los permisos de salida son facultad del equipo de salud.

La internación se debe comunicar al Órgano de Revisión, con informes incluidos, en un plazo no mayor a 24 horas. Si el plazo de 45 días se quiere extender, requerirá la autorización de un juez.

La voluntad política del Frente Amplio 10 años después

En agosto, Osvaldo do Campo fue removido de la dirección de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi. Cinco meses antes, Carlos Grecco, paciente interno de las colonias fue atacado por varios perros y murió esa noche. Hasta ese momento, había denuncias de 158 ataques de perros entre 2010 y 2013, según un comunicado de la Institución de Derechos Humanos.

Do Campo asumió su cargo en 2006, luego de que su antecesor, Ángel Valmaggia, renunció por no contar con apoyo político para terminar con el asilo, algo que es parte fundamental de la propuesta del anteproyecto de la Asamblea Instituyente. 

Valmaggia estuvo en el cargo durante nueve meses en el 2005. El psiquiatra, que fue durante cuatro años presidente de la Sociedad Panamericana de Psiquiatría, llegó con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, con ideas nuevas. En una nota con 180, en marzo de este año, contó que esas ideas no pudieron salir del papel por las resistencias de los funcionarios. Él quería reformar el modelo de atención y planteó que no se deriven más pacientes a las colonias para provocar un cierre paulatino.

El modelo asilar fue avalado por los gobiernos anteriores al Frente Amplio y ese intento fugaz de cambiar el modelo en 2005 duró poco. Hoy el presidente de Uruguay es el mismo que en 2005 y el director de Salud de Pública de ese entonces es el ministro, Jorge Basso. En esta nueva administración sí aparecieron señales públcias de que están dispuestos a llevar adelante el cambio. Basso dijo que antes de fin de año se enviará un proyecto de ley para terminar con el "modelo asilar" y así lograr "la reinserción del enfermo mental en la sociedad", luego de la remoción de do Campo.