Con el objetivo de analizar los avances y dificultades en la aplicación de la Ley 19.529, la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental llevó a cabo la "Primera Jornada de Debate sobre la Implementación de la Ley" en el Aula Magna Juan Carlos Carrasco de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar). El evento reunió a cerca de 100 representantes de 37 instituciones del ámbito público, privado y académico, así como de la sociedad civil.
El encuentro, que contó con una participación activa y plural, abordó temas clave distribuidos en tres ejes principales:
1. Calidad de la atención: Se destacó la importancia del acceso universal, la integralidad y la continuidad de los cuidados, junto con el rol central del primer nivel de atención. También se discutió la importancia de mejorar las condiciones laborales de los profesionales y de combatir las inequidades territoriales entre Montevideo y el interior del país.
2. Atención a niños, niñas y adolescentes: Se enfatizó en la necesidad de generar estrategias interinstitucionales que integren a las familias, el sistema educativo, el sistema de cuidados y otras áreas clave, para garantizar un abordaje integral que contemple las desigualdades sociales y culturales.
3. Intersectorialidad y desinstitucionalización: Se instó a la creación de dispositivos alternativos que permitan acelerar el cierre de instituciones monovalentes y avanzar hacia un modelo comunitario de atención. Además, se destacó la necesidad de garantizar los derechos de los usuarios en la toma de decisiones terapéuticas.
La Declaración Final del evento reafirma el compromiso de avanzar en la transformación del modelo de atención en salud mental, centrado en los derechos humanos, con financiamiento adecuado y gobernanza multinivel que garantice recursos y coordinación entre sectores; consolidando esta área como una política de Estado. Entre las acciones prioritarias, se incluyen la evaluación continua de las políticas, la capacitación de equipos técnicos y el desarrollo de dispositivos que permitan una inclusión social efectiva.
La jornada, que forma parte del Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027, dejó en claro que la implementación de la Ley 19.529 requiere no solo voluntad política, sino también la participación activa de todos los sectores de la sociedad para garantizar su cumplimiento.