La Comisión Asesora en Salud Mental del Consejo de Facultad de Psicología organizó el jueves 30 de junio una nueva edición del Ciclo de Conversatorios “Proyectos de internación involuntaria en debate”, un evento que se realizó en el Salón de Actos de la Facultad y que se transmitió en vivo por el canal Institucional de esta en la plataforma YouTube.
El acto, que fue de entrada libre, se desarrolló en torno a la discusión parlamentaria que existe en la actualidad con respecto al proyecto de modificación de la Ley N.º 18787, de Prestación de Asistencia Obligatoria por parte del Estado a Personas en Situación de Calle. Esta es una iniciativa que faculta al Estado para conducir a personas con riesgo de muerte a refugios u hospitales sin su consentimiento y abarca a personas con usos problemáticos de drogas y con problemas de salud mental.
La conducción del encuentro estuvo a cargo de los docentes Sandra Romano Fuzul de la Facultad de Medicina, Marcelo Rossal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Lucía Remersaro Coronel y Daniel Zubillaga de la Facultad de Derecho, y Paul Ruiz docente de la Facultad de Veterinaria e investigador en el Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología.
En esta oportunidad se analizó la propuesta de ley desde una óptica de derechos humanos, la problemática que existe en torno a su posible aplicación en el país y su impacto en el desarrollo de la salud mental.
Sandra Romano indicó que estos proyectos de ley apuntan a alternativas “para un grupo de personas que son identificadas socialmente como un problema”. Para la docente, estas propuestas entonces “tienden a ubicar el problema en las personas, desconociendo una serie de factores que hacen que esa condición se cree y se mantenga, y las soluciones que se plantean para ello tienen ese mismo enfoque”.
“Cuando uno lee estos proyectos las respuestas están pensadas desde lo que es el sector sanitario y pensar los problemas de exclusión social meramente desde lo sanitario no permite ni ver el problema, ni encontrar una solución al mismo”, sostuvo.
Según explicó Romano, en estas normas se pone sobre los psiquiatras una facultad de decidir sobre cosas que no les corresponde decidir. Además, para la expositora estas iniciativas desconocen el trayecto recorrido en la discusión por la Ley de Salud Mental y la amplia discusión que hubo en torno a esta. Asimismo, manifestó preocupación dado que “se deja de lado todas las garantías de derecho acordadas como procedimiento en la Ley de Salud Mental”.
“Cuando hablamos del abordaje de problemas tan complejos como las adicciones y seguimos manteniendo el paradigma de que la adicción es una persona enfrentada a la sustancia y todo es lo que una persona en forma individual hace y ocurre, llegamos a este tipos de proyectos de ley”, sentenció.
El paradigma de la tutela
Por otro lado, Marcelo Rossal planteó la existencia de dos modelos para el abordaje de esta temática: uno es la Ley de Salud Mental y el otro la “reducción de riegos y daños” como modelo de atención.
“Tenemos un contexto generalizado donde es difícil pensar en el cuidado sin la tutela. Tutela entendida como cuidado a cambio de obediencia”, aseveró.
El docente explicó que cuando se dice que “faltan recursos” no se refiere solo a lo económico, sino también a la falta de reflexión cotidiana y sobre “cómo llevamos adelante aquello que decimos que queremos llevar adelante”.
“La pregunta es cómo damos atención a quien la demanda, porque tenemos evidencia sólida de que más de la mitad de las personas que consumen pasta base, por nombrar una sustancia, solicitaron atención; de la otra porción, que es alrededor de un 40%, la mitad ha querido, pero no ha sabido cómo”, añadió.
“Si nosotros demandamos atención y no nos la dan, y ahora nos dicen que nos van a obligar a tenerla, es pura demagogia. La cantidad de recursos que hacen falta para internar a alguien en condiciones medianamente dignas, ocuparían una porción importante del presupuesto nacional, si no, no es más que mero discurso”, concluyó Rossal.
La técnica legislativa
Por su parte, Lucía Remersaro indicó que este proyecto “abarca una gran cantidad de temas”, en el sentido de que regular acerca de las personas en situación de calle que consumen o no consumen drogas, y los que están en calle que tienen o no tienen padecimientos de salud mental.
“Cuando la vida de una persona en situación de calle está en riesgo nos parece correcto que le Estado intervenga, es su deber; el problema es que lo haga para este colectivo en concreto y con decisiones que de alguna manera son preocupantes no solo porque hay una ley (de Salud Mental) que ya está mucho más discutida, sino también porque se quitan muchas garantías”, aseguró.
Aunque desde el Ejecutivo se señala a esta ley como un mecanismo para resolver una emergencia (casos de la vida en riesgo), la abogada reflexionó sobre si es realmente necesaria esta ley para esos casos de emergencia, refiriéndose concretamente a la técnica legislativa.
Posteriormente, la docente explicó que en materia de salud mental hay “un montón de normas” que de alguna manera regulan dicha área. En este sentido, apuntó que la Convención de Salud Mental es la norma madre y esta recoge ciertos parámetros que deberían “impregnar” el resto de leyes y que estas propuestas no lo tienen. Tal es el caso, por ejemplo, de la igualdad ante la ley y no discriminación, la necesidad de una mirada de género, el combate a los prejuicios, entre otros.
“En pocas palabras, este proyecto es la manifestación de un derecho aporofóbico, con restricción de libertades, que viola el principio de intervención mínima en técnicas estigmatizantes”, afirmó.
En su intervención, Zubillaga se refirió concretamente al ámbito de regulación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el profesor indicó que el proyecto no tiene ningún tipo de perspectiva para menores de edad y se refirió a las personas en términos generales, sin considerar franjas etarias.
En esa misma línea, señaló que este colectivo (los y las menores) tienen dos tipos de enfoque: uno de rescate, donde buscan rescatar a la víctima y otro represivo, donde se le cataloga como delincuente. “Estos tipos de enfoque no tienen al niño como titular de derechos y lo terminan expulsando de la calle, vulnerando sus derechos”, sostuvo Zubillaga.
Una revisión
El último de los ponentes fue Paul Ruiz, quien realizó una revisión científica e histórica sobre la temática. En ese repaso el profesor hace una ojeada sobre la evolución de los debates, artículos y posturas existentes con respecto a la internación voluntaria, donde la evidencia globalmente apunta a la no aplicación de este tipo de metodologías, que tienen una finalidad más criminológica que sanitaria.
El docente resaltó que la mayoría de los artículos revisados acusan la falta de resultados y evidencias que comprueben las mejorías de los pacientes y, por el contrario, muestran potenciales daños a los derechos de las personas.
Ruiz señaló los “principales conflictos” existentes en la aplicación de una internación involuntaria, como lo son los de la salud mental con los derechos humanos, las internaciones sanitarias con la criminal, la moral contra ciencia, entre otras.
Finalmente, tras la presentación de todos los y las expositoras del evento se abrió un espacio de preguntas y respuestas con las personas presentes.
En el video a continuación puede visualizarse la totalidad del encuentro:
