El jueves 26 de junio se realizó una sesión abierta del Claustro de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En esta ocasión, estudiantes, egresadas/os, docentes y representantes de distintas comisiones se reunieron en la sala del Consejo de la Facultad para dialogar sobre la salud mental y el rol de esta casa de estudios frente a los desafíos actuales. El objetivo planteado fue generar aportes sustantivos para una futura declaración institucional, así como pensar acciones concretas que fortalezcan el compromiso de la Facultad con la transformación del modelo de atención.
La profesora Gabriela Etcheverry, del Instituto de Psicología Social, en representación de la Comisión Asesora de Salud Mental, realizó una exposición detallada sobre el trabajo que dicha Comisión viene desarrollando desde su creación en 2021. Señaló que su rol ha sido asesorar al cogobierno, hacer seguimiento a la implementación de la Ley de Salud Mental y promover una perspectiva integral que articule enseñanza, investigación y extensión. Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la identificación de vacíos significativos en la formación de grado en relación con la salud mental. Comentó que, a partir de este diagnóstico, se conformó un grupo ad hoc con participación de múltiples actores institucionales, cuyo objetivo es relevar esas trayectorias formativas e impulsar cambios, con un informe previsto para agosto. Asimismo, destacó que la Comisión ha sostenido el diálogo con colectivos de usuarias y usuarios, ha acompañado instancias de articulación con actores gubernamentales y ha promovido eventos públicos de discusión sobre la implementación de la ley.
Posteriormente, estudiantes del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología (CEUP) leyeron un documento en el que expresaron su dolor y preocupación ante hechos recientes, como los fallecimientos de Lucas Pedrozo y Franco del Curtis, personas con diagnóstico en salud mental que murieron por disparos de funcionarios policiales en contextos de crisis, así como las denuncias de tratos inhumanos en residenciales. Subrayaron que estos casos no son excepcionales, sino síntomas de un sistema que no garantiza el cuidado. Reivindicaron el rol histórico de la Facultad en la crítica al modelo psiquiátrico psicofarmacológico y plantearon la necesidad de que hoy adopte una postura política clara frente a la institucionalización y la patologización de las vidas. También propusieron asumir activamente la lucha por la desmanicomialización, la creación de dispositivos comunitarios sustitutívos y el cumplimiento de los artículos de la ley que establecen el cierre progresivo de los monovalentes. Exigieron, además, que la perspectiva desmanicomializante atraviese de forma transversal la formación universitaria.
La formación en disputa: tecnicaturas, resistencias y paradigmas
La docente Cecilia Baroni (Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano) retomó la discusión sobre la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, impulsada desde el Claustro, aprobada por el CDC y que no cuenta con financiamiento. Señaló que esta figura profesional es clave para acompañar procesos desde una lógica comunitaria, y que su ausencia representa una deuda formativa. También planteó que, más allá de la discusión curricular, hay una transición de modelo que lleva décadas sin concretarse del todo, en parte por resistencias internas en la Universidad. Propuso que el paradigma de los derechos humanos podría ofrecer un marco común para habilitar debates pendientes, y enfatizó la necesidad de pensar la formación profesional en función de las nuevas condiciones sociales, atravesadas por la violencia, la exclusión y el deterioro institucional.
La invitada Ana Colina, integrante de organizaciones sociales y de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, advirtió que muchos estudiantes no conocen la Ley de Salud Mental ni comprenden el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Según expresó, esto genera que egresen sin herramientas para intervenir en clave comunitaria, lo que los lleva a desbordarse o a replicar lógicas asistencialistas. Planteó que la formación debe nutrirse de experiencias en territorio, residencias y dispositivos reales, y que debe haber un compromiso más fuerte para garantizar no solo el acceso a estos espacios, sino también su sostenimiento con acompañamiento y reflexión crítica. También subrayó que no alcanza con modificar la enseñanza si el sistema de salud continúa promoviendo un abordaje centrado en la consulta individual y el diagnóstico.
Precariedad profesional
Voceros del Orden de egresadas/os y docentes insistieron en la precarización de la práctica profesional. Se señaló que existen psicólogos trabajando en condiciones laborales indignas, en dispositivos que no garantizan tiempos ni recursos adecuados, o en llamados donde se espera que asuman funciones excesivas sin el debido reconocimiento. Se propuso que la Facultad asuma la tarea de visibilizar estas situaciones y se interrogue sobre cómo la formación reproduce o habilita estos modelos.
Varias de las intervenciones hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la visibilización de lo que ya se produce en la Facultad en materia de salud mental. Se mencionó que existen Programas de Salud Mental, residentados y practicantado, proyectos de investigación, tesis, propuestas de extensión y cursos que abordan la temática, pero que muchas veces no circulan o son desconocidos incluso entre equipos docentes. Se sugirió compilar esta información y generar formatos accesibles —como boletines, pódcasts o piezas para redes sociales—, sin banalizar el discurso, pero reconociendo que la comunicación pública es hoy clave para incidir. También se reclamó mayor apoyo institucional para que docentes y colectivos puedan compartir sus producciones sin depender exclusivamente de su esfuerzo individual.
Contradicciones en el aula
Algunos aportes, especialmente de estudiantes, señalaron que en los cursos existen contradicciones profundas: en algunas materias se transmite una perspectiva crítica de la salud mental, mientras que en otras se refuerzan enfoques biomédicos o se habla del diagnóstico sin problematizarlo. Se remarcó la importancia de generar coherencia entre los discursos institucionales y lo que realmente ocurre en el aula. Asimismo, se cuestionó el nivel de receptividad del estudiantado ante ciertas propuestas: no solo falta oferta clara, sino también sensibilidad e interés, lo que plantea desafíos pedagógicos y políticos.
La docente Susana Quagliata (Instituto de Psicología Clínica) propuso que la Facultad asuma una postura más firme y afirmativa. Señaló que muchas veces se pone el acento en lo que falta, pero se olvida reconocer las fortalezas de la disciplina y el aporte específico de la psicología en el campo de la salud mental. Afirmó que es necesario recuperar la autoestima profesional, hablar con claridad desde la especificidad y fortalecer el posicionamiento en clave interdisciplinaria, sin ceder ante lógicas que desdibujan la función del/la psicólogo/a. También realizó una autocrítica al funcionamiento institucional, señalando que entre los equipos docentes persisten el desconocimiento mutuo, el desinterés y la falta de trabajo colectivo.
Finalmente, desde diversas voces se propuso que el Claustro no se limite a una declaración simbólica, sino que impulse acciones concretas y sostenidas. Se discutió la posibilidad de conformar un grupo de trabajo con representación de todos los órdenes para elaborar un texto que refleje lo discutido y sirva como insumo para futuras decisiones institucionales. También se sugirió que la Facultad se comprometa con mayor fuerza a participar en espacios como la Comisión por la Plena Implementación de la Ley, que defienda públicamente su línea de trabajo y que exija los recursos necesarios para que los cambios no queden solo en intenciones.
