¿Qué ocurrió con la promesa de cerrar definitivamente los manicomios en Uruguay? La sigilosa reforma del artículo 38 de la Ley de Salud Mental encendió las alarmas de la sociedad civil y de la academia al postergar la clausura de los centros asilares y habilitar de nuevo el ingreso de pacientes. El 13 de agosto, un debate expuso la fragilidad de las conquistas sociales frente a las decisiones políticas de presupuesto, pero también despertó una decidida resistencia colectiva que buscó defender la dignidad y el derecho a una atención en comunidad.

La Comisión Asesora de Salud Mental de la Facultad de Psicología organizó la mesa redonda titulada «Avances y retrocesos en la implementación de la ley de Salud Mental» en el Salón de Actos Élida Tuana de la Universidad de la República. El encuentro reunió a Dulcinea Cardozo, integrante de la Comisión en representación del Sindicato de Psicólogos y Psicólogas del Uruguay (CIPU), al decano Enrico Irrazábal por la mencionada facultad, y a Mariana Risso junto con Juan Miguel Petit por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). El panel examinó las consecuencias de las recientes modificaciones legislativas ante un público que integró a docentes, estudiantes y activistas de derechos humanos.

La alerta inicial: el Parlamento modificó el artículo 38

Dulcinea Cardozo inauguró el encuentro con una explicación de los cometidos de la Comisión Asesora de Salud Mental. Luego, manifestó preocupación por la reforma silenciosa del artículo 38 porque "cambia sustantivamente algo del planteo" de la ley. Explicó que la misma postergó el cierre de los centros monovalentes de 2025 a 2029. Además, alertó que el Parlamento eliminó la prohibición de nuevos ingresos. Sentenció que este retroceso alteró la propuesta original de la ley y exigió acciones para revertir la medida.

Juan Miguel Petit recordó la transición compleja del país en la transformación hacia un modelo de salud mental comunitario. Subrayó que este proceso requiere tiempo y se refirió a la sólida tradición uruguaya de cercanías y a un estado social de derecho reconocido en América Latina. Asimismo, definió la nueva ley como un intento de terminar con el viejo régimen asilar que aisló históricamente a las personas.

El jerarca propuso un sistema alternativo con dispositivos comunitarios diversos, innovadores y sostenibles. También advirtió sobre los peligros de un Estado centralizado al afirmar que "el Estado tiene un rol fundamental, pero si el Estado asume todo lo va a hacer mal". Finalmente, convocó a la sociedad civil, la academia y los familiares a sumarse a esta gran gesta nacional.

La calidad democrática y la autocrítica de la academia

Enrico Irrazábal estructuró su exposición en tres dimensiones fundamentales: la democracia, la Facultad de Psicología y la ley de salud mental. Sostuvo que el análisis de la salud mental trascendió lo meramente técnico y que representó un problema ético y político de primer orden. Declaró: "esta ley ha sido parte de una construcción larguísima de muchísimo esfuerzo democrático, esta ley costó muchísimo". Explicó que la democracia exigió asimilar las diferencias y defender esta normativa frente a las desigualdades.

El decano criticó con dureza la debilidad del debate parlamentario que facilitó la reforma del artículo 38, ya que considera que erosiona la democracia. Reveló que mantuvo una conversación con una diputada que votó la reforma presupuestal por mera confianza y que sintió arrepentimiento al comprender la gravedad del error. Finalmente, formuló una severa autocrítica sobre la academia y reconoció que la formación universitaria en la materia resultó discontinua y pobre. Exhortó a asumir responsabilidades y a crear espacios reales de elaboración.

La dignidad humana como respuesta frente a la historia del encierro

Mariana Risso analizó el modelo de salud mental desde un enfoque de derechos humanos y dignidad. Presentó una ilustración italiana de 1972 donde una mujer recluida reclamó un peine para peinarse. Risso utilizó esta imagen poética para reclamar la autonomía personal y afirmó que "el encierro sigue sin curar". Recordó que el primer plan de salud mental uruguayo coincidió con ese mismo año, pero el avance autoritario de la época interrumpió de inmediato el proceso de transformación del sistema asilar.

La invitada reconstruyó la dolorosa historia de Antonio "el gallego", un militante víctima de torturas que ingresó de forma reiterada al Hospital Vilardebó. Contrastó la amnistía democrática que restituyó su libertad con la realidad muda de los enfermos pobres y estigmatizados. Asimismo, explicó que la soledad impidió el acceso a la palabra y la construcción de la memoria colectiva. Sentenció que las reformas enfrentaron siempre resistencias de corporativismos y sectores empresariales que rechazaron los cambios.

En el cierre de su intervención, Risso celebró la reacción social que provocó el comunicado de la institución ante la reforma presupuestal. Informó que la Comisión de Salud del Senado desarchivó por unanimidad el proyecto para reincorporar la prohibición de internaciones monovalentes. Además, explicó que la institución impulsó una hoja de ruta con ejes estratégicos urgentes. Finalizó con un reclamo de persistencia: "hay que ponerle el pecho a no retroceder en el derecho a una salud mental en comunidad y sin encierro".