El Aula Magna Juan Carlos Carrasco de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República fue el marco donde, el pasado 11      de octubre, tuvo lugar la mesa de intercambio: ¿Qué pretendemos del sistema político de cara a la plena implementación de la ley N.º 19.529?.

Este evento fue organizado por la Comisión Asesora en Salud Mental de la Facultad de Psicología y estuvo encuadrado en la celebración de la IV Semana institucional por la Salud Mental: Hacia la plena implementación de la Ley de Salud Mental N° 19529. Fue una actividad de entrada libre transmitida en vivo por el canal de la Facultad en YouTube.

En principio, la actividad encabezada por los las integrantes de la Comisión, Gabriela Etcheverry, Dulcinea Cardozo y María Eugenia Viñar, apuntó a reunir a representantes de distintos partidos políticos para discutir los avances y desafíos en la implementación de esta ley, enfocada principalmente en el cierre de instituciones psiquiátricas asilares para 2025. Sin embargo, solo Pablo Secchi, representante del Frente Amplio y colaborador de la diputada Lucía Etcheverry, asistió al evento. A pesar de la limitada participación política, los organizadores decidieron avanzar con la discusión para generar un registro de los intercambios y elaborar un documento que serviría para futuras conversaciones y estrategias de incidencia en políticas de salud mental.

Durante su intervención, Secchi resaltó la importancia de un cambio en la gestión y atención de la salud mental en el país. Explicó que, desde su experiencia en reformas de salud, el éxito en la implementación de políticas de calidad depende de una base estructural fuerte y del acceso a servicios adecuados en todos los niveles socioeconómicos. Señaló que en Uruguay aún persisten serios problemas de acceso a tratamientos de salud mental, especialmente en internaciones y servicios de psicoterapia en mutualistas privadas. Destacó la necesidad de un liderazgo técnico en las instituciones para coordinar servicios y mencionó que un modelo comunitario de atención sería una posible solución para la descentralización y accesibilidad en salud mental.

El resto de la actividad continuó con la participación de académicas/os, profesionales y estudiantes de la Facultad de Psicología, quienes discutieron sobre los desafíos de la ley, que busca transitar hacia un modelo de salud mental más inclusivo y comunitario. Las intervenciones señalaron las dificultades del sistema actual, donde predominan las prácticas individualistas y farmacológicas, dejando de lado un enfoque integral e interdisciplinario. Se destacó también la falta de recursos y la necesidad de contar con equipos técnicos capacitados en enfoques comunitarios y preventivos.

Entre las propuestas discutidas, se incluyó la necesidad de una alianza estratégica entre el sistema político y la academia, con el objetivo de mejorar la formación de profesionales y garantizar una implementación más efectiva de la ley. Además, se resaltó la urgencia de promover la salud mental desde un enfoque de derechos y asegurar que las políticas públicas de salud mental no solo se enfoquen en los tratamientos, sino también en la prevención y promoción, considerando la complejidad social y económica que rodea a los problemas de salud mental.

Pese a que la falta de representantes políticos limitó la amplitud del diálogo, el evento resultó ser una instancia de reflexión y planificación sobre cómo afrontar los desafíos de la ley N.º 19.529 y avanzar hacia un sistema de salud mental inclusivo y accesible. Desde la organización destacaron que el registro de esta discusión serviría como base para futuros esfuerzos de incidencia en políticas de salud mental, con la esperanza de que los resultados de las próximas elecciones aporten mayor compromiso y recursos hacia estos objetivos.

Se puede ver la actividad completa en el video a continuación.