El Salón de Actos "Élida Tuana" de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) fue el escenario donde, el pasado lunes 2 de diciembre a las 18 horas, se llevó a cabo la presentación de los resultados preliminares y comentarios del primer estudio nacional "Explotación sexual comercial y entornos digitales: Una aproximación al estado de la situación nacional en infancia y adolescencia desde la mirada del territorio".

Con esta actividad, organizada por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES), el Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Udelar, y UNFPA, se buscó analizar la creciente problemática de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. El evento también abordó el impacto del desarrollo exponencial de dispositivos digitales y su masificación en el uso, destacando la necesidad de fortalecer políticas públicas y medidas garantes de derechos.

La actividad fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Psicología y contó con entrada libre para el público general. La presentación fue realizada en conjunto por el docente de la Facultad, Pablo López, y Manuela Acosta. López, en su intervención, destacó que la investigación se encontraba en una etapa preliminar, con la intención de completar más respuestas en los próximos meses. Subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional y el desafío que representa abordar un tema tan delicado. Resaltó que el estudio permitió identificar tendencias relevantes sobre la explotación sexual en Uruguay y que, aunque no se trataba de un análisis de prevalencia, ofrecía datos significativos para caracterizar el fenómeno.

Asimismo, López enfatizó la falta de políticas públicas integrales para proteger a la infancia y la ausencia de un sistema de respuesta coordinado frente a las denuncias. También señaló las barreras institucionales y la reticencia de algunas entidades para colaborar, además de la desconexión generalizada entre los distintos actores del sistema. Concluyó destacando la necesidad de invertir recursos económicos y humanos en la protección de niñas, niños y adolescentes afectados por estas situaciones.

Por su parte, Acosta presentó los hallazgos preliminares de la encuesta realizada a operadores de primera línea. Indicó que más de la mitad de los casos de explotación sexual reportados involucraban entornos digitales y que estos facilitaban significativamente las situaciones de explotación. Subrayó que, aunque algunos factores tradicionales de vulnerabilidad (como la pobreza extrema y el abandono educativo) seguían siendo relevantes, en los entornos digitales destacaban otros como el acceso a tecnologías, a internet y a material pornográfico.

Acosta también resaltó que las víctimas identificadas eran mayoritariamente adolescentes mujeres, aunque en los casos digitales se observaba una ligera mayor presencia de varones. Además, abordó las dificultades para denunciar y procesar los casos, mencionando barreras como el desconocimiento del delito y el estigma social. Finalmente, destacó las limitaciones en la calidad y disponibilidad de los servicios de apoyo, especialmente en términos de reparación y atención integral.

Tras la presentación, se dio lugar a una mesa de comentarios donde participaron la adjunta a la Dirección de Infancia y Adolescencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Magdalena Álvarez; la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari; el integrante del proyecto En Ruta de Gurises Unidos, Leonardo Perla; y la profesora adjunta del programa de problemáticas clínicas en infancia y adolescencia del Instituto de Psicología Clínica, que representa a la Facultad de Psicología de la Udelar en CONAPEES, Margarita Fraga.

En esta mesa, los interlocutores coincidieron en la falta de políticas públicas y recursos adecuados para abordar la explotación sexual comercial. Se destacó la importancia de un enfoque interdisciplinario e intersectorial, así como la necesidad de priorizar la formación de técnicos especializados. Los participantes apuntaron que el trabajo en territorio revelaba una fragmentación en la respuesta institucional, lo que agravaba la situación de las víctimas.

Además, se subrayó que los entornos digitales amplifican las modalidades de explotación y que el problema atraviesa diferentes clases sociales. También se hizo énfasis en la falta de conciencia pública y la indiferencia social frente a este tema, lo que perpetúa la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, se abogó por una coordinación más efectiva entre las instituciones y un aumento significativo en la inversión para enfrentar esta problemática de manera integral.