EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2012, ADOPTO LAS SIGUIENTES RESOLUCIÓNES:
4.
(Exp. Nº 191160-000117-12/191160-000328-12) - Atento: a la resolución Nº 3 adoptada por el Consejo de Facultad en sesión de fecha 15/06/11, se resuelve:
Tomar conocimiento del informe elevado por las integrantes de la Coordinación Académica del Programa Practicantados y Residencias de Facultad de Psicología, Convenio ASSE, referente a las actividades y actuación correspondientes a los períodos Mayo - Setiembre 2010; Setiembre 2010/ Marzo 2012. Distribuídos Nº 173/12, Nº 297/12 y Nº 418/12.-8/8
30.
(Exp. S/Nº) - Visto: las resoluciones adoptadas por ADUR Psicología, se resuelve:
1) Crear un fondo institucional para atender las demandas presupuestales derivadas del proceso de Fortalecimiento Académico (particularmente a lo que refiere a la profundización de la Carrera Docente y el Ascenso de Grado).
2) Asignar a este fondo las economías generadas por el rubro Sueldos Docentes (a modo de ejemplo: cargos vacantes por renuncias, jubilaciones, cargos no renovados por unanimidad).
3) Solicitar al Grupo de Trabajo designado para el estudio de la situación de ascensos de grado, la generación de nuevas fuentes de financiamiento.
4) Los numerales 1) y 2) de la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 08/08/12. Distribuído Nº 941/12.-9/9
36.
(Exp. Nº 191160-000117-12/191160-000328-12) - Se resuelve:
Aprobar la propuesta para realizar el Llamado a efectos de proveer nuevos Coordinadores para el Programa de Residentes y Practicantes, cuyo detalle luce en el distribuído Nº 915/12.-10/10
38.
(Exp. Nº 191160-000723-12) - Visto: el documento elevado por el Orden Estudiantil respecto del proyecto de baja de la edad de la Imputabilidad, se resuelve:
"Dado el contexto actual en torno al debate sobre la temática, considerar de carácter urgente e imprescindible tomar como institución un posicionamiento claro y explícito.
Expresamos el rechazo a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad ya que es una medida ineficiente e inadecuada por los aspectos:
• En primer lugar el Código de la Niñez y Adolescencia vigente en Uruguay preve la posibilidad y existencia de juicios y sanciones penales para adolescentes entre 13 y 18 años (Artículos: 74,75, 76, 77, 78 Y 79). Asimismo se establecen delitos caracterizados como "infracciones gravisimas de la ley" (homicidio, violación, rapiña, secuestro) así como otras figuras delictivas que aparecen en el Código Penal. Las sanciones posibles incluyen la privación de libertad, incluso como medida cautelar.
UNICEF va señalando que el método que utiliza el Ministerio del Interior para recabar datos dificulta las posibilidades de dimensionar de forma real y concreta el volumen de supuestos infractores. Aun así, se puede apreciar en los mismos, que las categorías etarias van desde 0 a los 18 años, por lo cual, haciendo una aproximación que utilice los datos que incluyen supuestos infractores entre 11 y 17 años, asi como todas las categorías de delitos previstas, se muestra que, desde el 2004, los delitos cometidos por menores NO han aumentado.
La medida más utilizada es la privación de libertad y la inmensa mayoría de los delitos cometidos son contra la propiedad y NO contra la persona, contrariamente a lo que cree la opinión publica. En nuestro país, desde la década del 90, han aumentado exponencialmente las penas de encierro, pero estas han probado no ser eficaces en cuanto a la rehabilitación de los reclusos. Agregándose que, además, estamos rediriendo a sujetos en vías de desarrollo, lo que no se contempla, por lo que al llegar a la adultez sin haber tomado las medidas necesarias para su reaprendizaje e inserción en la sociedad, el sistema actual termina convirtiéndose en una "escuela para criminales".
Las infracciones cometidas por los y las adolescentes constituyen el 5,9 % del total de los procesamientos en nuestro país siendo ya imputables, como fue dicho, desde los 13 años. De acuerdo a los datos de la Suprema Corte de Justicia (SCJU), Uruguay cuenta en el presente con 260.000 adolescentes de entre 13 y 18 años, de los cuales menos de 1.000 están comprometidos con la ley por infracciones cometidas. De ellos, solamente 350 cometieron delitos graves con consecuencias de medidas de privación de libertad.
La propuesta del sector "Vamos Uruguay" expresa en el Articulo 43, Disposición transitoria y especial B: "El Estado asegura la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de dieciocho años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento. Dicho Servicio Descentralizado sera objeto de un seguimiento especial en el que se dará participación al Comisionado Parlamentario Penitenciario".
No se especifica ningún tipo de políticas educativas ni de integración social, sino tan solo se remite a hablar de "establecimientos especiales", que no son cárceles de adultos pero tampoco son las instalaciones ya existentes ¿Qué son entonces? Leyendo atentamente la propuesta lo único diferente a lo ya existente en el sistema penal juvenil, es que la misma parece apuntar a recluir por mayor cantidad de tiempo. Por todo esto, entendemos que no se aborda el problema estructural de base sino que se apela a crear una institución paralela al INAU, sin profundizar ni detallar el tipo de institución a crear, ni las vías de realización de la misma.
Las limitaciones en el funcionamiento que ha presentado el INAU, no son subsanados por la mencionada propuesta. Por nuestra parte, entendemos pertinente reformar dicha institución, mejorando sus condiciones actuales.
La Coordinadora Nacional de No a la baja ha aportado elementos suficientes que prueban que esta medida no soluciona los problemas de seguridad, sino que los agrava. En países en que se ha aplicado la baja de edad de imputabilidad, la misma ha demostrado no ser eficiente, sino que sus efectos fueron contraproducentes.
Se busca dar una respuesta absolutamente simplista a un problema complejo subestimando, además, a la población en general. Se trata de un problema que se relaciona más que nada con la desafiliación escolar, la exclusión social y la inequidad económica, no siendo la alternativa la criminalización de la pobreza, de los niños y adolescentes.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad viola la Convención de los Derechos del Niño (inciso I, articulo 3). Cabe remarcar en cuanto a esto, que las condiciones de reclusión actual de los menores no difieren mucho de las de los mayores. Además, resulta evidente la insuficiente capacitación del personal que trabaja en los centros de reclusión, así como la de la policía misma, a la hora de abordar situaciones que impliquen a menores.
Las principales causas de muerte en Uruguay son los accidentes de tránsito y las enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los homicidios, la mayoría de ellos son vinculares, es decir, que los cometen personas conocidas y allegados. Entre estos se destacan los de violencia doméstica, en los cuales el homicida vive dentro del hogar de la víctima.
Este es el principal problema de inseguridad que vive el país y no los niños y adolescentes quienes son los que más sufren esta realidad.
Los medios de difusión sobrexponen el tema, disponiendo de una amplia cantidad de tiempo en aire exponiendo la temática de los menores infractores, repitiendo una y otra vez las mismas noticias a lo largo del día. Se entrevista a personas que en pleno estado de crisis, son interrogadas sobre las posibles soluciones a la problemática, obturando la posibilidad de respuestas racionales. Las empresas mediaticas abusan de los ciudadanos en estado de
debilidad, siendo la industria productora del miedo por excelencia. De esta manera se deforma la realidad, haciendo creer que los adolescentes son los responsables mayoritarios de la inseguridad actual. Crean un enemigo público al cual la sociedad debe temer, despreciar y excluir. Por medio de un lenguaje tendencioso intentan insistentemente estigmatizar a los jóvenes. Mediante una cadena de montaje, asocian la palabra ADOLESCENTE con
MENOR, y a esta con la expresión MENOR INFRACTOR.
Dado los puntos expuestos, sostenemos que el problema estructural que sufre hoy el país tiene gran parte de sus orígenes en !as políticas económicas llevadas a cabo por el Estado desde mediados de la década del 60, incrementándose en los 90'. Limitando la participación del Estado sobre la
realidad cotidiana, liberalizando y dolarizando la economía, solicitando préstamos a organismos internacionales que limitan la libertad de acción del Estado en el plano político-económico, promoviendo privatizaciones de empresas públicas y dejando el destino de los ciudadanos a la mano invisible del mercado.
Estas medidas provocaron una gran desintegración social, en la cual se incrementó la brecha entre pobres y ricos, no contándose con políticas sociales que respondan a las necesidades del pueblo. La educación, la salud y el mundo del trabajo fueron vapuleados por estas medidas. La crisis del 2002
agravó este proceso, provocando un quiebre en la subjetividad de los ciudadanos, en la cual se configuró la imagen del otro como el de una amenaza. Los niños que vivieron en ese proceso son los adolescentes de hoy. A través de diferentes medidas de exclusión, se los inhibe en su capacidad de sujetos políticos y de poder ejercer sus derechos como ciudadanos.
En el presente, el problema de la inseguridad debe ser abordado en su complejidad, procurando generar condiciones de vida dignas para todos, respetando, promoviendo Derechos y apostando a la educación como puntal
fundamental para el desarrollo integral de los ciudadanos.
Consideramos que la medida de bajar la edad de imputabilidad no es la solución al problema de inseguridad del país. Esta propuesta es impulsada por los sectores políticos más reaccionarios y oportunistas de nuestra sociedad, buscando sacar réditos políticos y aprovechando el miedo que muchos ciudadanos sienten hoy día.
Los "menores" no son los causantes de la tan mentada inseguridad. Estas medidas siguen poniendo en la mira a una parte de la sociedad, generando un flagelo, potenciando la exclusión y la discriminación de nuestros niños y adolescentes, violando sus derechos. Muy lejos de ser una solución a la inseguridad, esta medida agrava las desigualdades ya existentes. Por lo tanto, nos preguntamos ¿cómo puede pretender esta propuesta lograr que un adolescente se responsabilice por sus acciones si tan solo se fomenta su exclusión y estigmatizacion social, dejando de lado otros lugares de inserción como son la familia, la comunidad, el sistema educativo?
Por último, si nos atenemos a los porcentajes de delitos cometidos por menores, entendemos, al igual que UNICEF, que los mismos "parecen tener un espacio desmedido en el debate publico", mientras que las consecuencias nefastas que deja en los adolescentes el haber pasado por el sistema penal no suele problematizarse y queda por fuera de la agenda pública.
Como institución educativa debemos velar por los derechos de la infancia y adolescencia desde políticas publicas que promuevan la integración de la población, en lugar de exigir medidas represivas que no promueven alternativas en pos de la protección y promoción de Derechos.
Es por esto que la Facultad de Psicología, se pronuncia en contra de cualquier propuesta que atente contra los derechos humanos, en este caso de nuestros niños y adolescentes". Distribuído Nº 435/12.-10/10