El 7 de noviembre en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) se realizó el encuentro de intercambio y reflexión «Violencia y acoso en la Universidad: Responsabilidad colectiva», organizado por la Universidad de la República (Udelar), que contó con la participación de estudiantes, docentes, funcionarios técnicos, administrativos y de servicio y egresados de la casa de estudios.
La mesa de apertura estuvo integrada por el rector de la Udelar, Rodrigo Arim; Susana Rostagnol, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE); Silvia Franco, integrante del Equipo Técnico de Udelar en situaciones de acoso y docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología UR; Cristina Mangarelli, decana de la Facultad de Derecho; Anahír Viera, integrante de la Comisión Central sobre Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD) y las estudiantes Elisa Filgueira y Mayra Miranda. Ismael Viñoly, integrante de UNI Radio, moderó el panel.
Visibilidad, prevención y contención
Rodrigo Arim explicó que la visibilidad de esta problemática en la Udelar es «un atributo bueno de la institución», en algún sentido los problemas de asimetría de poder y abuso están en discusión en la Universidad por su proceso y funcionamiento cotidianos, que son democráticos y donde actúan distintos actores capaces de transmitir demandas y preocupaciones colectivas e individuales. Este encuentro es fruto de esa preocupación y en particular del Consejo Directivo Central (CDC) que comenzó a generar a partir de marzo de este año los incentivos para abrir un espacio de discusión más amplio que nos lleve al encuentro de soluciones más definitivas.
Para erradicar los problemas de violencia y acoso en la Udelar, «el eje central debe ser la prevención» indicó el rector. Para eso, es necesario definir qué es aceptable y qué no en la institución, acercar herramientas de políticas y espacios institucionales para ubicar denuncias, pero a la misma vez tiene que implicar algunos elementos cautelares que eviten riesgos y debe ser garantista, es decir, generar condiciones adecuadas para que los involucrados preserven su identidad y privacidad.
En cuanto a los desafíos por delante, destacó la necesidad de generar la capacidad de separar o evitar «situaciones que no son deseables, donde se use la herramienta de denuncia con fines que tienen poco que ver con la protección de derechos personales. Tenemos que ser muy cuidadosos con ubicar los problemas de modo que no señalen estigmatizaciones globales dolorosas, donde todos aquellos que pertenecen a una comunidad se puedan sentir acusados de problemas que los trascienden».
Asimismo, Arim afirmó que es necesario construir comunidades académicas sanas que no «eviten, justifiquen o ignoren por desconocer los procedimientos o no contar con los elementos adecuados situaciones emergentes que son dolorosas y profundamente violatorias de los derechos personales».
Anahír Viera explicó que la CPAAD se formó en 2013 y actualmente está integrada por representantes del Prorrectorado de Gestión Administrativa, la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Udelar (PCET-MALUR), la División Universitaria de la Salud, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), del orden egresados, de la Red Temática de Estudios de Género de la Udelar y del Programa de Salud Mental.
Desde sus inicios, la CPAAD tuvo dificultades para desarrollar su tarea. «En algunos periodos no se contó con equipo técnico y hemos sido los sindicatos quienes hemos sostenido el trabajo de la comisión», afirmó. Sin embargo, «hoy estamos en otra etapa y es saludable la participación de las autoridades en este tema». Actualmente cuentan con asistencia administrativa y están buscando un lugar específico donde trabajar. Tienen una coordinadora y un equipo técnico compuesto psicólogos y asistentes sociales, además se está buscando más personal de otras disciplinas.
Desde marzo de 2019, la comisión ha trabajado en la planilla de los casos sin revisar así como las denuncias que habían quedado detenidas por falta de personal, y realizó informes al respecto. Remarcó la importancia de formar una comisión ad hoc donde se está revisando el protocolo para que contemple todas las situaciones y actualizarlo. «Nos queda pendiente mucha tarea, pero sobre todo la importancia de la prevención directamente en los servicios. Las jornadas masivas son buenas para informar, pero la prevención debe hacerse en el lugar de trabajo y en los servicios» señaló.
Indicó que aún tienen varias carencias en el seguimiento de la denuncia y la coordinación que debe haber cuando el equipo técnico hace una intervención y la comisión hace una sugerencia al servicio, «hay muchos vacíos que debemos cubrir y que debemos dejar por escrito en el nuevo protocolo para que estas cosas queden bien afirmadas». También señaló otra preocupación acerca del seguimiento que se le hace a los casos después de que la comisión toma una resolución, «porque tiene que haber apoyo al denunciante y al denunciado».
Vías de defensa, políticas y protocolos de actuación
Cristina Mangarelli afirmó que desde el punto de vista jurídico interesa delimitar los conceptos, precisar las vías de defensa de las víctimas y establecer los mecanismos de prevención de estos comportamientos. Con respecto a la delimitación del concepto, explicó que la violencia y el acoso son comportamientos ilícitos que dan lugar a la responsabilidad del autor de estos actos. Por lo tanto, es necesario determinar cuándo estamos en presencia de estas conductas ilícitas para distinguirlas de otros comportamientos que pueden configurar ejercicio lícito de derechos.
Definió el acoso, ya sea sexual, moral, o laboral, como una modalidad de violencia que se puede catalogar como tal aunque se haya producido una sola acción de esta naturaleza que pueda ser comprobada. Recordó que el acoso sexual está definido claramente y en forma amplia (comprende las relaciones laborales y de docencia) en la Ley Nº 18.561. En esta ley se incluye el chantaje sexual en la relación laboral o de docencia, entendido como la oferta de algún beneficio o ventaja, o la amenaza de algún perjuicio, para obtener favores sexuales. También considera la ley el acoso sexual ambiental que es aquel que crea un ambiente discriminatorio, los acercamientos corporales y el uso de expresiones orales o escritas de naturaleza sexual.
En el caso del acoso moral o psicológico, aunque no existe una ley aprobada que legisle al respecto, hay mecanismos de defensa y de responsabilidad. La jurisprudencia entiende que el acoso moral debe tratarse de situaciones muy graves, reiteradas, prolongadas en el tiempo (al igual que en el caso del acoso laboral que para tipificarse como tal también requiere de reiteración de conductas).
Según Mangarelli es necesario distinguir el acoso laboral y moral de otras situaciones como los conflictos en el trabajo que son normales y que no necesariamente generan acoso, o el ejercicio lícito de dirección del empleador que comprende el derecho a dar órdenes, dirigir y organizar el trabajo en forma respetuosa. Sin embargo, recordó que existen situaciones aisladas de violencia tanto física como psicológica que no configuran acoso pero pueden dar lugar a responsabilidad. Asimismo, otros comportamientos de menor gravedad que no son acoso ni violencia también pueden dar lugar a responsabilidad, como el caso de violaciones a la dignidad de la persona, faltas de respeto.
Para la decana es importante esclarecer las vías de defensa de las víctimas frente a estas situaciones, a través de un protocolo o de un instructivo. En la Udelar las denuncias se pueden presentar a nivel de la CPAAD, del equipo técnico, o en cada uno de los servicios. Sin perjuicio de que si la situación se da en el ámbito de trabajo la denuncia puede ser presentada en el Ministerio de Trabajo o directamente ante la justicia.
Sostuvo que la prevención es el aspecto más importante y que debe apuntar a nivel institucional al rechazo en forma clara de estos comportamientos a través de declaraciones o protocolos que indiquen los procedimientos para las denuncias. Acotó que la Udelar ya ha realizado avances en este sentido, ha creado protocolos para el abordaje de esta situaciones y el Consejo Directivo Central, el 26 de marzo de 2019, elaboró una declaración en la que reafirma que para la Universidad «no son admisibles las conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades».
También es necesario tener en cuenta los estereotipos culturales que asignan históricamente determinado rol a la mujer en la sociedad, en la familia, en el trabajo y que incluyen la apariencia física que debe tener la mujer. Hay que trabajar para eliminar estos estereotipos, «hay violencia que afecta a las mujeres por razones de género, de ahí que el tratamiento de la prevención de la violencia y el acoso también debe hacerse con un enfoque de género», expresó.
Las representantes estudiantiles aportaron su perspectiva sobre la temática. Elisa Filgueira reafirmó la importancia de estos espacios porque dan lugar a la discusión acerca de temas que han sido históricamente relegados a un segundo plano en la política institucional. Manifestó que en los últimos años se percibe una efervescencia social en torno la violencia y el acoso y es necesario que este interés se canalice también por vías institucionales como en la Udelar.
Añadió que para las estudiantes mujeres estos procesos de discusión además de necesarios son «urgentes» ya que en especial el acoso manifestado en situaciones de abuso de poder lo viven día a día o ven cómo lo sufren sus compañeras. Asimismo, las estudiantes que sufren situaciones de acoso son revictimizadas porque no se cree en sus relatos «por el lugar que ocupamos como mujeres, como estudiantes o por la persona a la que estamos denunciando».
En este sentido, sostuvo que es imprescindible generar políticas institucionales que apunten a desarraigar opresiones históricas presentes en todos los espacios colectivos y que muchas veces hacen imposible que las estudiantes hagan uso de su derecho de apropiarse de los espacios de estudio. Agregó que las políticas deben además responder a demandas concretas de los actores de la institución, por eso consideran muy importante el trabajo de la CPAAD y su equipo técnico, «para dar una respuesta real y concreta en materia de prevención, actuación y seguimiento en casos de violencia y discriminación».
Por su parte, Mayra Miranda planteó que al pensar políticas institucionales que aborden las situaciones de acoso en la Udelar hay que tener en cuenta la heterogeneidad de ámbitos en los cuales se dan los vínculos docente-alumno en la Udelar y las especificidades de estos. Como ejemplo citó que «no es lo mismo como se establece el vínculo docente-alumno en una clase masiva de estudiantes de primer año que en un práctico en el que participan ocho estudiantes o en una actividad de extensión, o en un espacio de cogobierno».
Sostuvo que es necesario comprender a fondo las causas de este problema cultural, que no son individuales, no responden a la trayectoria individual de los denunciados, y no se deben patologizar. En este sentido sostuvo que «el acosador sexual no responde a un impulso particular relacionado con su libido sino a un mandato de masculinidad profundo el cual alimentamos constantemente y en la vida cotidiana».
Reivindicó una frase del movimiento feminista «compañera yo te creo» y al respecto sostuvo que la decisión política de legitimar la palabra de las mujeres y más aún de las mujeres jóvenes cuando históricamente ha sido desacreditada resulta imperante. Para abordar esta situaciones, dijo, hay que apuntar a la responsabilidad colectiva, lo que implica que como comunidad se generen redes para «desarmar este sistema de poder y desmantelar las lógicas que respaldan la impunidad de estos vínculos jerárquicos que se establecen como abuso y violencia».
Trabajar en la prevención
Susana Rostagnol indicó que hacer visible una problemática es el primer paso para su resolución. Se refirió al acoso sexual exclusivamente y señaló que nuestra sociedad tramita cierto tipo de vínculos sociales a través de este acoso, que resultan por una relación de inequidad de género, una jerarquía, una asimetría que se manifiesta en diferencias de salarios, el techo de cristal para las mujeres, un reparto desigual de las tareas domésticas, el control de los recursos y también el acoso.
En el acoso sexual «están en juego los cuerpos de mujeres o cuerpos feminizados que aparecen teniendo que tomar determinados cuidados, caminar de determinada forma, e ir a algunos lugares y no a otros porque saben que puede haber acoso». Por otro lado, desde algunos varones se presenta la idea de que los cuerpos feminizados son cuerpos disponibles sobre los cuales pueden ejercer el poder. «El acoso sexual es siempre una demostración de poder», explicó, «no una forma de canalizar deseos eróticos, y además es un acto de violencia en sí mismo».
Recordó que toda violencia física implica violencia simbólica, que a veces es aceptada por los dominados, que empiezan a naturalizarla, pero también puede suceder que generen estrategias de resistencia. En ese sentido, las denuncias en la Udelar son parte del comienzo de estas estrategias, que aparecen cuando hay condiciones materiales y simbólicas que las habiliten, como el Equipo Técnico y el protocolo, afirmó.
Silvia Franco abordó en primer lugar los aspectos que definen una situación de acoso, bullying, violencia psicológica, y comportamientos negativos, en el trabajo o el estudio. Para esto se basó en lo elaborado por el Equipo Técnico y también en la perspectiva disciplinar de la psicología de las organizaciones y el trabajo. Planteó que el punto en común de estas conductas es que se trata de «procesos sistemáticos de comportamientos abusivos, directa o indirectamente y de una manera deliberada o sin intención hacia alguno de los integrantes de la organización, en este caso la Udelar». Estos comportamientos, que no necesariamente tienen la intención de dañar, son vividos por quien los recibe como humillantes u ofensivos y causan daños severos.
Señaló que estas situaciones generan una relación de poder en la que se da un abuso por parte de una de una de las partes y un proceso de inhibición en la persona que recibe estas acciones, que le provoca una intimidación tal que le hace difícil poder salir de esta situación. También indicó que estas situaciones tienen consecuencias no solo para las personas involucradas directamente, sino también para la organización en la que suceden: «nadie que esté pasando por una situación de acoso o de violencia puede estar concentrado en lo que está haciendo, está pensando en ese problema y en poder salir de él».
Franco también desarrolló los diferentes tipos de comportamientos negativos o de violencia que surgen en la Universidad. En este sentido, expresó que un comportamiento que puede ser de mínima intensidad está determinado por dos vectores: la intención y el impacto que esto puede producir en las personas. Estos comportamientos pueden ir desde una falta de respeto o grosería hasta a acoso sexual, pasando por diferentes tipos de comportamientos de intensidad intermedia entre estos dos polos.
Asimismo, expresó que «cuando nos encontramos en una situación de acoso ya estamos en una instancia de pérdida para todos porque el acoso es prevenible en un 99% de los casos».
Definió lo que se llama incidente crítico: un problema mínimo entre compañeros o compañeras de trabajo realizando una tarea conjunta, y en un momento de cooperación surge una situación de tensión mínima puede escalar hasta una situación de abuso cuando lo dejo pasar y se va acumulando. Ese es el momento para pararlo y prevenir que la situación se transforme en abuso (la prevención es fundamental en este tipo de situaciones). En la medida que esa situación es visible y que los compañeros que están alrededor están alertas a determinados comportamientos y entienden que estos comportamientos no tienen que ocurrir, se puede generar otra forma de protección en la comunidad universitaria.
Para Franco, el conflicto es necesario, el error es tapar el conflicto y la discrepancia que es lo que se hace usualmente en las organizaciones cuando surgen, «no se manifiesta aquello en lo que no se está de acuerdo, lo que nos dolió o no nos gustó». Concluyó que en ese sentido «hay bastante trabajo para hacer, como generar los espacios para hablar, conversar cuando sucede alguna de estas cosas, para que esto no escale, que es uno de los temas fundamentales en la prevención».
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