El viernes 15 de mayo se desarrolló el seminario virtual «Respuestas imprescindibles frente a las formas nuevas y/o agravadas de la vulnerabilidad socioeconómica asociadas al COVID-19», organizado por la Universidad de la República (Udelar).
El programa incluyó exposiciones de investigadores de la Udelar acerca del mercado y condiciones de trabajo, negociación colectiva, economía social y solidaria, heterogeneidades productivas en el territorio, pobreza y desigualdad, así como también sobre la convivencia con la pandemia, violencias, vejez, hábitat, y consecuencias psicológicas. Además, presentaron aportes para la orientación de las políticas públicas frente a esas vulnerabilidades, y sus estrategias de financiamiento. El seminario se transmitió por el canal de Youtube de la Udelar y por UniRadio.
Cecilia Fernández, prorrectora de Investigación de la Udelar, recordó que es el segundo seminario virtual, organizado por resolución del Consejo Directivo Central, acerca de temas científicos vinculados al COVID-19. Señaló que fue muy difícil hacer una selección porque hay muchas temáticas en el área social relacionadas con el contexto de pandemia.
El rector, Rodrigo Arim, definió a la pandemia como «una realidad global incierta, un shock transitorio, pero del que se desconocen las implicancias, la calidad de vida de las personas luego que finalice esta situación». Añadió que para colaborar en la comprensión y abordaje de soluciones a la situación de emergencia sanitaria es necesario analizarla, no sólo desde la medicina, sino también desde las distintas perspectivas de las ciencias sociales y humanas, que permiten visibilizar las desigualdades de base sobre las que opera la epidemia y aportar conocimiento en el diseño de políticas públicas.. «Las Ciencias Sociales pueden destruir prejuicios y evitar que se genere una brecha mayor si la situación se extiende en el tiempo», afirmó.
Ivone Perazzo, docente del Instituto de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración) se refirió al mercado de trabajo en Uruguay en el marco de la pandemia, señalando tres grupos vulnerables. En primer lugar, los asalariados formales. Muchos han sido despedidos o enviados al seguro de paro, que en nuestro país tiene un tope de 5600 pesos, un monto muy bajo para cubrir las necesidades en la situación actual y pone a muchos de ellos bajo la línea de pobreza. Además, si la situación se extiende podrían perder el derecho al FONASA, lo que también recargaría el sistema de salud pública. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria al 7 de mayo, 200.000 trabajadores pasaron al seguro de paro, es decir, un 25% de los asalariados.
Por su parte, los monotributistas no acceden al subsidio por desempleo porque se consideran patronal, en cambio en la mayoría de los casos refieren a actividades de subsistencia. Incluyen el monotributo social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y los monotributistas generales (35.000). Se han instrumentado políticas públicas para este sector, indicó, pero son insuficientes. En el caso de los monotributistas generales, se implementaron préstamos blandos, y en el de los monotributistas sociales, transferencias de 6000 pesos durante dos meses.
En cuanto a los trabajadores informales, (400.000) son el grupo que se encuentra más vulnerable. No acceden a seguro de desempleo y la mayoría de ellos tampoco son beneficiarios del MIDES. Fueron incluidos en un subsidio de 1200 pesos durante dos meses, que también es insuficiente para afrontar la situación económica crítica. Según Perazzo, es necesario crear políticas activas para después que pase la epidemia, que permitan que se incorporen al empleo formal, del tipo de Uruguay Trabaja, con mayor cobertura y con plazos más largos.
Por su parte, Hugo Barreto, del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Facultad de Derecho), comenzó su exposición preguntándose si la epidemia genera problemas nuevos o evidencia problemas ya existentes en las relaciones laborales de dependencia.
Explicó que una de las mayores desigualdades entre los trabajadores es la falta de protección frente a los despidos injustificados. Esto mantiene una desigualdad empleado-empleador, y lesiona la dignidad de las personas, que se puede ver agravada en el período posterior a la pandemia en el que se prevé una gran inestabilidad laboral. Asimismo, hay actividades laborales nuevas que no están reglamentadas, como el teletrabajo. En esta actividad el empleador tiene libertad de de despedir, establecer condiciones laborales autónomas o independientes, sumado a que la tarea invade la privacidad, el tiempo y el espacio del trabajador, indicó.
La negociación colectiva también enfrenta grandes dificultades en este contexto, ya que el confinamiento dificulta la circulación e impide la reunión de los actores sociales para la realización de los Consejos de Salarios. Tiene además algunos problemas a resolver en este contexto como qué hacer con las resoluciones de los últimos consejos de salarios que vencen el 30 de junio. Por otro lado, el aplazamiento de la negociación colectiva deja algunas incertidumbres como el monto del salario mínimo y la política laboral que aplicará el nuevo gobierno en lo que refiere a la negociación colectiva.
Para Barreto, la pandemia encuentra a Uruguay en buen estado, no sólo en cuanto a la salud pública y la medicina, sino también con una institucionalidad muy fuerte en materia laboral. «La normativa y la práctica de la negociación colectiva están muy afianzadas, son producto de un proceso de muchos años y de siete convocatorias a consejos de salarios en los últimos años», concluyó.
Crisis de economía real
Desde el Programa de Historia Económica y Social (Facultad de Ciencias Sociales), el docente Juan Pablo Martí se refirió a algunos impactos de la situación de pandemia, como la dificultad de mantener la vida social de las organizaciones y pasar a formatos virtuales, que no siempre son los más adecuados para hacer la gestión colectiva. También las características propias de los asociados dentro de los sectores más vulnerables: hay cooperativas que se vieron más afectadas, como las de ahorro y crédito, y de consumo.
Explicó que, por las características de estas organizaciones, las respuestas son en función de lo colectivo, y mencionó que de inmediato pusieron en funcionamiento protocolos de seguridad para «cuidar la vida», además de las iniciativas solidarias como canastas y ollas populares que movilizan a la sociedad uruguaya que espontáneamente. También implementaron el mantenimiento de precios para proteger al asociado que participa de la cooperativa y asegurar los productos alimenticios, señaló. En cuanto a las dificultades, se refirió a los problemas de financiamiento de las organizaciones que no están basadas en el capital, sino en la ayuda mutua, en la gestión colectiva y en el trabajo.
Como escenario a futuro, Martí indicó que «estamos en una situación que valora la herramienta cooperativa, de la solidaridad y la autogestión» y hay organizaciones que están legitimadas para dar respuestas a situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, remarcó la posibilidad de que las organizaciones den respuesta a los problemas que se se generan por esta pandemia y sean clave para generar puestos de trabajo, además del rol fundamental que deben cumplir las políticas públicas.
Por último, remarcó la necesidad de «una Universidad comprometida para identificar los problemas y generar respuestas innovadoras y pertinentes al servicio de las organizaciones y de los trabajadores que las componen».
Como punto de partida, Adrián Rodríguez, docente del Instituto de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración), indicó que Uruguay muestra grandes diferencias en cuanto a desarrollo entre el norte y el sur del país, en dimensiones como salud, educación, bienestar social, economía, seguridad, conectividad y el ambiente. Hay economías más potentes en el sur y suroeste, y hay distintos grados de especialización y diversificación productiva. Esto es importante, aclaró, porque si en el marco de una crisis le va a mal a sectores donde las economías locales están poco diversificadas, están mucho más vulnerables a ese impacto.
Entonces se refirió a la importancia del tejido de Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) para las economías locales: las economías de los departamentos que están mejor son las que tienen más empresas Pyme por habitante. Señaló que en lo productivo el mayor impacto lo sufrirán las Pymes, las grandes empresas se ajustarán, se recuperarán antes y emplearán menos personas. La aceleración de los riesgos de automatización va a afectar a todas las economías y la gran empresa no generará empleo necesario, por eso afirmó que «si el tejido Pymes se nos muere, no se puede esperar que las grandes empresas nos puedan solucionar el tema del empleo».
Con respecto a los impactos territoriales diferenciales, indicó que Rivera tiene poca diversificación y mayor afectación en el sector de free shop, el comercio local, los restaurantes que viven del turismo de frontera, y además la situación de Brasil no es alentadora. Maldonado tiene una economia mas potente, pero que tendrá dificultades porque vive de los servicios financieros, la construcción y el turismo, que están afectados. Canelones «es un país dentro de un departamento», es muy heterogéneo y no tiene una sola solución, pero vive del sector industrial que también se ve afectado.
Concluyó que no sirven las medidas genéricas, sino que hay que adaptarlas según la actividad y el territorio. Entre ellas hizo referencia a: diferir pagos, subsidios, créditos; brindar acceso democrático al comercio electrónico; regular costos de intermediación en la logística; dotar de TIC y capacitar en su uso intensivo; usar el instrumento de compras públicas y diseñar protocolos serios y a medida con los actores en el territorio, que implica infraestructura, pero principalmente innovar en gestión y organización. El sistema financiero «esta vez tiene que ser parte de la solución, hoy tiene que salvar a la economía real, antes hemos salvado al sistema financiero», afirmó.
La integrante del Instituto de Economía (IECON) de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Andrea Vigorito, mencionó tres momentos de crecimiento económico desde la apertura democrática: la restauración de consejos de salarios y salarios mínimos, y la expansión de sistema de transferencias públicas e instauración del impuesto a la renta. En este período se registraron dos lapsos intermedios, la crisis de 1982 y del 2002, en las que se dio un aumento importante de la desigualdad y de la pobreza.
La docente refirió que los investigadores de Iecon desde 2004 vienen siguiendo el cohorte de niños que superaron la condición de pobreza en la que se encontraban en 2002. Sostuvo que los efectos de las crisis se manifiestan en el momento en que las personas se encuentran con graves problemas económicos pero luego tienen efectos en otras dimensiones, como la educación y la salud. Explicó: «a niños que en ese momento tenían problemas de retraso de crecimiento, los vemos en 2012 abandonando la educación».
Explicó que el concepto de vulnerabilidad que utilizan los investigadores refiere a las personas que tienen la posibilidad de caer en situación de pobreza en el caso de que sus condiciones laborales cambien, como sucede en un contexto de crisis. Según algunos estudios, un 40% de la población se puede considerar en situación de vulnerabilidad o experimentar problemas significativos de ingresos en épocas de crisis. Estimaciones de IECON sostienen que en el corto plazo, al número de personas pobres se le podrían sumar 100.000 y a esto debería agregarse a quienes ven deprimidos sus ingresos y que no tenían ahorros para estabilizarse.
Las crisis siempre fueron adversas para los sectores más bajos, por tanto las respuestas tienen que ser enérgicas y por períodos prolongados: «las vidas de las personas se pueden deteriorar por bastante tiempo si las respuestas no son rápidas, prolongadas y suficientes», sostuvo. «En América Latina sabemos que en las crisis se pierden muy rápidamente los logros para superar pobreza, por eso las intervenciones tiene que ser rápidas», afirmó. Además, la recuperación económica sin medidas redistributivas no necesariamente implica recuperar los logros que se habían alcanzado, indicó.
Señaló que la magnitud de las transferencias que el gobierno plantea reduciría en un 20 % el aumento de pobreza y agregó que «las medidas deberían prolongarse por lo menos un año en particular porque no es un ingreso adicional sino una estabilización de recibir un ingreso seguro». Además, las transferencias no deberían estar condicionadas a comprar alimentos y sería más conveniente que sean en dinero para permitir que las personas puedan decidir en qué usarlo y evitar la estigmatización.
Convivencias
Alejandra López, docente del Instituto de Psicología de la Salud de Facultad de Psicología, destacó que actualmente la literatura internacional y evidencias académicas muestran que el confinamiento agrava las desigualdades de género preexistentes en la sociedad, y produce mayores riesgos para las situaciones de violencia de género.También se evidencia este agravamiento en términos de los cuidados de personas dependientes en el ámbito doméstico, que implica una sobrecarga para las mujeres, por la distribución desigual de los cuidados. Esto, afirmó, también es una expresión de la violencia estructural de género, que tiene efectos en la salud mental y física de las mujeres. Asimismo, señaló la importancia de reconocer los efectos en el desarrollo y la salud de este tipo de violencia en los niños que son también víctimas o testigos. Dijo que de los niños, niñas y adolescentes «se ha hablado muy poco en esta pandemia, han sido olvidados».
De acuerdo a un informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) de marzo de 2020, en el contexto de confinamiento por COVID-19, hubo un aumento de 80% de las consultas telefónicas, pasando de 36 a 60 llamadas por día, y disminuyeron las denuncias realizadas en el Ministerio del Interior. Esto plantea retos para las políticas públicas de respuesta en este contexto, indicó López. Por un lado, hay una necesidad de aumentar la inversión en servicios de líneas de atención directa y telefónica 24 horas; asegurar estrategias específicas para la atención a niños y adolescentes; crear sistemas de alerta alternativos (por ejemplo mediante farmacias y supermercados); aumentar la capacidad y número de centros de acogida; mejorar la capacidad de detección de violencia doméstica por parte del sistema de salud; disponer de programas de inserción laboral y priorizar el acceso a la vivienda para mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.
En este sentido, planteó la importancia de que la Udelar genere insumos y producción de conocimiento aplicado al fenómeno de la violencia de género, por ejemplo atendiendo la demanda de diseño de un protocolo para ofensores y víctimas, a partir de protocolos disponibles a nivel internacional; el diseño del sistema de información de registro único de expresiones de violencia de género; y generando programas de formación de trabajadores de la salud en la primera línea de atención, operadores jurídicos y funcionarios de la educación.
López también llamó a avanzar en una agenda de investigación desde la Universidad, estudiando el fenómeno en el contexto de la pandemia y post pandemia, y proponiendo estrategias innovadoras de intervención. «Uno de los retos mayores es cómo modelizar intervenciones que luego podamos evaluar en términos de resultados, e instrumentar servicios de intervención para algunas poblaciones específicas que no son priorizadas o reciben una respuesta insuficiente», indicó.
Por último, recordó que en la Facultad de Psicología, desde el Servicio de Investigación, Prevención y Atención de Salud en Violencia de Género, se están implementando el Programa de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica y Violencia Sexual, el Programa de Atención a Ofensores Sexuales, y el Programa de Atención a Violencia Sexual en Adolescentes. Asimismo, en el contexto actual se está desarrollando una campaña de prevención de violencia sexual para la población adolescente a través de la red social Instagram.
Por su parte Fernando Berriel, del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Udelar, recordó las características de la población de personas mayores en nuestro país previa a la pandemia por COVID-19. Uruguay es uno de los países más envejecidos de América, casi una quinta parte de su población tiene 60 años o más. La situación de las personas mayores es muy heterogénea. En primer lugar, el 97% viven en sus hogares, solo un 3% en instituciones de algún tipo. El 34% viven solos, pero esto no implica una situación de aislamiento, es decir, no se sienten solos ni aislados. De hecho, solo 3% de esta población tiene sentimientos de soledad alta y también solo una minoría tiene un nivel de dependencia significativa o severa.
Berriel sostuvo que Uruguay se caracteriza por tener un sistema de seguridad social antiguo pero con cobertura amplia: tiene una cobertura de salud buena en comparación con el resto de la región, y dio pasos alentadores con la creación del Sistema Nacional de Cuidados y el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Una de las debilidades que tiene el país es la fragmentación de las políticas sociales para esta población, entonces, según Berriel, es necesario que el Instituto supere esa fragmentación y avance en la cobertura de las políticas, porque esto implica el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho.
Respecto al contexto de pandemia, recordó que las personas mayores fueron definidas como personas de riesgo, por razones biológicas, de edad y de enfermedades preexistentes, y también respecto a ciertos déficits de los sistemas de salud y protección. «La medida que más se ha extendido en el mundo y en nuestro país es evitar la cercanía física para prevenir el contagio, esto trae aparejado otros riesgos como el aislamiento social», explicó y señaló como uno de los grandes desafíos cómo pasar de esa situación a una que disminuya los riesgos de contagio, pero también los de aislamiento, que perjudican la salud mental.
Señaló también la existencia de una «infodemia», término que refiere a las dificultades de los grupos vulnerables para acceder a información confiable sobre la pandemia y dificultades para comprender lo que está sucediendo, que llevan a reacciones de angustia y temor. En este sentido, se han implementado algunas estrategias que, aunque bienintencionadas, sustentan una visión pasivizante de las personas mayores, aumentando a su vez uno de los grandes problemas que padecen, que es la estigmatización. «Tenemos una visión muy negativa de lo que es el envejecimiento y las personas mayores en sí, entonces los discursos pasivizantes contribuyen a esa visión peyorativa y por tanto al aislamiento social de las personas mayores», sostuvo.
Dentro de las medidas imprescindibles, Berriel afirmó que cualquier medida de salud no debería anteponerse a los derechos de las personas mayores, que además no son una población homogénea, y por tanto, debe ser atendida desde la diversidad. Esto requiere personal formado en el campo del envejecimiento para conocer e intervenir en profundidad en esta población. Resaltó que la udelar tiene un rol fundamental en la formación de esos recursos humanos, y es necesaria una mejor articulación entre la institución y los organismos de políticas públicas en este campo.
Por último, indicó que «el gran problema es que se encapsule, que no se diga, que no circule microsocialmente el miedo, la angustia y aislamiento, tenemos que promover la vinculación de las personas mayores y no capturar en forma radial estas manifestaciones». En este sentido, consideró que se deben generar políticas para sostener a las personas más vulneradas, que no tienen redes de apoyo o contención, o que están recluidas en instituciones que no les ofrecen posibilidades de ejercicio de sus derechos, y que no tienen posibilidad de vinculación con otros.
El mundo que perdimos
Salvador Schelotto, profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se refirió a aspectos relacionados con el hábitat que han resultado alterados por esta crisis sanitaria. Destacó que las vulnerabilidades y el acentuamiento de situaciones críticas «tienen mucho que ver con el punto de partida», con las diferencias entre los activos de las familias al momento de enfrentar esta emergencia.
A escala de los territorios, observó que los bienes públicos generados por el esfuerzo colectivo están hoy muy valorizados por la sociedad. Ejemplo de estos son los servicios básicos como el suministro de agua y energía, el saneamiento, como también el acceso a la salud y la educación. La distribución de fibra óptica y de dispositivos para la conexión a internet en los hogares ha posicionado mejor a las personas frente a esta crisis, indicó. Valoró la cobertura del sistema educativo a nivel nacional que está dando «una respuesta ejemplar» en esta situación.
La crisis sanitaria instala una nueva discusión sobre la relación entre los medios urbano y rural, explicó, se cuestiona a la ciudad, la densidad de población, el transporte masivo de pasajeros y las grandes aglomeraciones urbanas. En el contexto de esta pandemia hay que pensar «qué va a ser de los espacios públicos», y en qué medida podremos seguir impulsando la movilidad basada en la bicicleta o el desplazamiento peatonal.
Opinó que ese cuestionamiento no debe alejarnos de la nueva agenda urbana que se aprobó en la conferencia mundial Habitat III en 2016, que impulsa «una cuidad heterogénea, compacta y con mixturas sociales». Sostuvo que «la desurbanización no es una salida sostenible a la crisis», pero sí que esta debe dar lugar «a una reflexión transformadora que implique una reinvención de las ciudades».
Schelotto se refirió a la arquitectura institucional: «es la que estamos añorando usar»: los equipamientos sociales como locales de enseñanza, centros comerciales, estadios, salas de cine y espectáculos, hoy cerrados, que son «lugares centrales en nuestra vida como sociedad, simbólica y físicamente». Nuestra vida en ellos retomará en condiciones distintas, por eso la arquitectura tiene que plantearse «la posibilidad de generar adaptaciones y mutaciones» en estos espacios.
Reflexionó sobre las alteraciones de la vida en los hogares a partir de la masificación del trabajo y la educación a distancia, generando intromisión en el espacio íntimo, interferencia en la vida familiar y la privacidad. Se cuestiona la presencialidad, dominante hasta ahora, se cuestiona el espacio de la oficina o la fábrica y se generan nuevas formas de vinculación que van a permanecer. Las situaciones se agravan en viviendas precarias, donde el confinamiento llega a ser impracticable. Finalmente afirmó «no creo en normalidades», las normalidades anteriores a la pandemia «contienen enormes desigualdades, habremos de salir a partir de ellas». Con una expectativa esperanzadora, con más creatividad y responsabilidad, se deberán crear «entornos urbanos y ambientales en armonía» para las personas y comunidades.
Graciela Loarche, docente del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad Psicología, explicó que desde la mirada de la gestión integral del riesgo este es una construcción social, resultado de procesos de desarrollo, transformación social y económica. Como tales, los riesgos no se generan con un evento como el de esta crisis sanitaria, sino que se ponen en evidencia o se agudizan. Sus componentes están dados por el evento, pero también por las vulnerabilidades, capacidades, factores de riesgo y factores protectores. «La afectación que se produce tiene origen en la sociedad y no en la persona», las reacciones y síntomas que surgen en personas y comunidades «son normales; lo extraordinario es el evento, la pandemia». Por lo tanto, no se deben patologizar las reacciones psicológicas que puedan generarse. Indicó que es imprescindible un abordaje desde la salud integral, que tome en cuenta a la persona y su contexto.
Las reacciones psicológicas en estas crisis pueden ser de carácter cognitivo, -como no recordar un incidente o tener falta de concentración-, fisiológicas, -como fatiga, dolor de cabeza o temblores-, conductas como el aislamiento, verborrea o impulsividad, alteraciones del sueño, o reacciones emocionales: miedo, ansiedad, angustia. Estas pueden aparecer durante o después del evento, expresó, pero «en general con el tiempo mitigan» sin necesidad de consultar a un especialista.
En ciertos casos puede generarse retraumatización, indicó. Esto ocurre en personas que pasaron por experiencias similares; por ejemplo, aquellos que atravesaron una situación desesperante en 2002, y dependiendo de cómo lo pudieron superar o no, pueden vivir la crisis actual de forma más negativa que otros. Los traumas colectivos pueden generar la percepción de un quiebre en el sentido de predictibilidad, sentimos pérdida de control sobre nuestras vidas y demandamos «que nos devuelvan el mundo que perdimos».
Señaló que los primeros auxilios psicológicos se piensan en función de las particularidades de la población, del rango de edad, de su contexto. Estas situaciones denotan «cuánto se logró avanzar en un país en un sistema que privilegie las acciones preventivas en salud, con base en un modelo social que no esté centrado en la patología o en lo individual sin tener en cuenta su entorno. «Tenemos que pensar la salud y la resiliencia más allá del sector salud; el sector educación es fundamental para este cambio de paradigma», centrado en la prevención.
Loarche opinó que es necesario hacer foco en el fortalecimiento social para romper la espiral de vulnerabilidad, generar acciones para que sean las personas quienes tomen el control de sus vidas e intervengan en la salida de la crisis, sin pérdida de la libertad. Desde la Universidad, debemos poner el conocimiento a disposición para resolver problemas de la sociedad, fortaleciendo la participación y el protagonismo de la comunidad.
Justicia y distribución
Gustavo Pereira, docente del Departamento de Filosofía de la Práctica, (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) concluyó que las políticas públicas a instrumentar en el escenario futuro de recesión y emergencia social, deben basarse en la igualdad y dignidad, en el principio de justicia y no en el de solidaridad. Para Pereira «la justicia establece obligación, la solidaridad no, puede cesar en cualquier momento».
El docente sostuvo que en una sociedad basada en la cooperación como la nuestra, es necesario pensar términos equitativos de financiación, compartir beneficios y gastos que surjan. Consideró que algunas medidas posibles sería la renta al capital y la progresividad del IRPF. «No puede haber sectores que privilegiados el tratamiento desigual viola la dignidad», expresó.
Pereira finalizó señalando que la emergencia sanitaria ha visibilizado el rol fundamental de la ciencia en la elaboración de políticas públicas, así como permitió que se discuta la necesidad de instrumentar una Renta Básica Universal, medida que hasta hace poco era impensada.
Verónica Amarante, docente del IECON, indicó que esta crisis trae consecuencias importantes y graves en el momento, y en el futuro afectará el crecimiento y desarrollo del país. Ha quedado en evidencia la importancia del Estado y de las políticas públicas, agregó. En el corto plazo, deberíamos tratar de evaluar las medidas que se están tomando y si son efectivas.
Comentó que los seguros de desempleo y de disminución de ingreso por reducción del trabajo y por suspensión del sistema uruguayo «han sido un mecanismo muy útil para atender las necesidades de hoy». Con relación a la tarjeta Uruguay Social, indicó que si bien hubo una duplicación del monto, por única vez y en dos cuotas, los montos que ingresan a las familias por esa vía nunca superan el 3 % del ingreso por Asignaciones Familiares. Estas medidas «están bien orientadas, se pudieron hacer sobre el catastro de los programas existentes, pero sus montos son relativamente acotados para la situación que están enfrentando los hogares».
La canasta de emergencia alimentaria que se adjudicó a trabajadores no formales, dejó en evidencia «el problema de cómo llegar a esos hogares que no tenemos registrados», y pensar a futuro «en el agujero que tenemos en el sistema de protección social». La manera en que se fueron adjudicando puede ser un punto de partida importante para montar un registro y sobre esto alguna a política de protección social para estos trabajadores. También se refirió a la vulnerabilidad de los hogares monoparentales.
Estas y otras medidas tendrán que ser extendidas en el tiempo, indicó Amarante. Con respecto a su financiamiento, explicó que se vienen financiando con créditos de organismos internacionales, lo cual es recomendable, y también con el impuesto a los sueldos públicos por encima de 80.000 pesos. Sostuvo que sería más equitativo partir del sistema tributario, en especial con la herramienta del impuesto a la renta y el impuesto a la riqueza.
A mediano plazo y en relación a los niveles de pobreza, en 2021 «podríamos estar en una situación igual a al de 10 años atrás». Los niveles de pobreza se incrementan rápidamente y la recuperación es muy difícil, los costos en términos de desigualdad en pocos años podrían ser muy importantes. Se deben pensar políticas muy fuertes y medidas redistributivas para que la recuperación sea más rápida, llegar a los trabajadores informales, adoptar medidas de reactivación del empleo. Todo esto implica recurso fiscal, por tanto es deseable pensar en modificaciones del sistema tributario en un sentido progresivo, hacer más progresivo impuesto a la renta, pensar en el impuesto a la riqueza, y tener mucha precaución en el diseño de esas medidas.