El proyecto de ley de Salud Mental fue aprobado por la Cámara de Senadores en octubre de 2016 y el mes pasado comenzó a ser discutido en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados. El texto, enviado por el Poder Ejecutivo luego de una consulta a un gran número de organizaciones sociales, tiene una mirada integral -incluye aspectos como la vivienda, lo laboral, cultural y educativo-, hace énfasis en la prevención de los problemas y maneja cambios en el esquema de atención; entre otras acciones, propone el fin del modelo asilar.
Los diputados recibieron a varias delegaciones el 19 de abril. Entre ellas se contaban el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) y la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental -que integra a 54 organizaciones, entre ellas de usuarios y familiares-, que piden que se introduzcan cambios en el proyecto. Una de las principales discrepancias es terminológica: el proyecto prevé la protección de la salud mental de todos los habitantes, pero particularmente de aquellos “con trastorno mental”. Las organizaciones que integran la comisión y el Consejo de la Facultad de Psicología rechazan el concepto de “trastorno mental” por considerarlo técnico -como en otro momento se empleó la palabra “psicópatas”-, porque expresa una visión “parcializada” y no considera a la persona en su totalidad, y porque estigmatiza y coloca a la psiquiatría “como disciplina hegemónica en su tratamiento”; en lugar de personas con trastorno mental, piden la denominación de “usuarios de los servicios de salud mental”. Señalan que ese predominio de la psiquiatría se observa también en la denominación de “Unidades de Psiquiatría en Hospitales Generales”, y proponen, en cambio, el término “Unidades Interdisciplinarias de Salud Mental”. Reclaman que, tal como asumió el Estado en ámbitos internacionales, se fije el año 2020 como plazo para el cierre de los asilos y hospitales psiquiátricos, y que el órgano de revisión y supervisión de la ley sea independiente y autónomo del Ministerio de Salud. Expresan que no están dadas las garantías individuales en las internaciones involuntarias y que lo mismo ocurre cuando las voluntarias dejan de serlo. Piden que se derogue la Ley del Patronato del Psicópata y que se modifique el régimen de curatela, algo que no menciona el proyecto. Para estas organizaciones, el proyecto contiene “omisiones” y “errores gravísimos” que es necesario corregir.
El mismo día, asistieron a la comisión representantes de Caminantes (Federación de Organizaciones de Familiares por Salud Mental), que pidieron una pronta aprobación del proyecto y su rápida reglamentación, aunque señalaron la necesidad de dar autonomía a la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, o de contemplar a usuarios con doble diagnóstico (asociado a adicciones).
El 3 de mayo, los legisladores recibieron a la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata (CHPP), a la Sociedad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia y a la Clínica de Psiquiatría de Adultos de la Udelar. Ricardo Acuña, representante de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay en la CHPP, pidió “la pronta aprobación del proyecto” por entender que “tiene todas las garantías para los pacientes” y porque la reglamentación y el futuro plan de salud mental permitirán dar otros pasos. También la directora del Hospital Vilardebó y presidenta de la CHPP, Graciela Alfonso, pidió que el proyecto se aprobara sin cambios.
El diputado Luis Enrique Gallo (Frente Amplio) mencionó que le harían “pequeñas correcciones” como, por ejemplo, sustituir el concepto de “trastorno mental” por el de “usuarios de los servicios de salud mental”, y adelantó que el “el órgano de revisión quedará igual”, así como los “equipos de salud” -cuya integración no es descrita-. Gallo insistió con que “existe premura” en aprobar el proyecto “porque esto depende mucho del Presupuesto Nacional, que se va a empezar a tratar en julio”. Acuña dijo que las organizaciones de psiquiatras no están de acuerdo “con no mencionar el trastorno mental, porque sería reestigmatizar” mediante el uso de eufemismos.
Gallo transmitió el “dilema” al que se enfrenta la comisión: debe decidir si mejora el proyecto o lo aprueba “tal como vino del Senado”. “Esa es una discusión que tiene pendiente la comisión. A medida que recibimos a las delegaciones, notamos que viene una -con derecho y con criterios sólidos- y da su opinión y, luego, otra dice exactamente lo contrario. Entonces, ¿cuál sería el mal menor? ¿Aprobarlo como está y corregirlo en el plan, o empezar a modificarlo?”, preguntó. “Nosotros sabemos que esto tiene que estar aprobado antes de fines de junio, porque para llevarlo adelante se precisan recursos económicos. Si lo aprobamos después de que se vote el Presupuesto o no se incorpora un plan progresivo -no podemos pretender tener todo- en el presupuesto de Salud Pública, esto no camina. Esta comisión se comprometió a dar trámite rápido al proyecto, para que este sea votado en el Senado en caso de que se le hagan modificaciones”, afirmó.
Mañana la comisión volverá a sesionar y recibirá a la ONG Familiares Caídos en Adicciones, al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y a la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Martín Lema, diputado nacionalista y presidente de la comisión, dijo a la diaria que una de las alternativas consiste en aprobar el texto sin modificaciones. Dijo que el proyecto ya está aprobado en general y que los legisladores verán qué hacer con los artículos polémicos. Precisó que “cambiaría rotundamente si cambiamos artículo por artículo” y que “va a llevar una discusión y una demora mucho mayor que aprobarla íntegramente como vino del Senado”, opción que están manejando desde que concurrieron los psiquiatras. Adelantó que hoy “se van a empezar a tratar las dos alternativas: o hacerle modificaciones o tratarlo como está”.