En los diez primeros meses del año, más de 400 policías fueron denunciados por violencia doméstica.
Los estudios sobre masculinidades y perspectiva de género son relativamente recientes en nuestro país. Una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de la Mujer y la división Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), el área de Políticas de Género de la Intendencia de Maldonado y el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, viene abordando la temática. En ese contexto, el grupo está desarrollando las Segundas Jornadas Nacionales, que constan de dos programas: el primero se concretó ayer en Montevideo y el segundo será el sábado 17 en el Edificio Comunal de Maldonado.
El aula magna de la Facultad de Psicología no estaba llena ni mucho menos. A simple vista sobresalía la cantidad de policías comunitarios, varones y mujeres, que asistieron para conocer un tema que los toca de cerca. Los involucra, en tanto actores, a los que las mujeres recurren en situaciones de violencia de género y uno de los casos más extremos, como es la violencia sexual. Alejandra López, psicóloga y codirectora de la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU), y Edgar Tubín, licenciado en Enfermería y funcionario de la policlínica del Cerro, presentaron los avances de un protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual. Remarcaron la importancia del rol de los policías al acompañar a la mujer a los centros de salud y advirtieron que cuanto antes esto ocurra, mejor será, porque la persona recibirá atención psicológica y medicación para prevenir enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados. Las intervenciones de policías ampliando consultas mostró parte de su trabajo cotidiano, y Tubín destacó que muchos se quedan fuera de su horario laboral acompañando a las víctimas, “lo que está muy bien”, valoró.
Rescatar al agresor
La charla que más involucró a los presentes fue la de Karina Cuitiño, psicóloga y funcionaria de la oficina de Violencia Doméstica y Género de la Dirección Nacional de Sanidad Policial del Ministerio del Interior (MI). Allí se brinda atención integral a policías que fueron denunciados por violencia doméstica. Los oficiales llegan a la unidad por intermedio del MI, al ser derivados por su superior. Entonces se abre un expediente y paralelamente, si se trata de un policía ejecutivo, otra división ordena que se le retira el arma.
El agresor pasa a ser atendido por un equipo interdisciplinario integrado por psicólogo, asistente social, psiquiatra y personal administrativo. Se hace un diagnóstico de la situación, se verifica que se esté realmente ante un caso de violencia doméstica, se buscan factores de riesgo asociados y se evalúa si necesita un tratamiento psicológico, que alcanza a las 21 sesiones. Cuitiño remarcó que si bien el policía llega obligado a esa instancia “cuando comienza el abordaje, por lo general la instancia terapéutica es bien recibida”. Otra área del servicio trabaja, aparte, con la pareja del agresor y el resto de la familia.
Intentando desmitificar, Cuitiño mencionó que no sólo son derivados los policías ejecutivos, sino también administrativos y técnicos, como médicos y enfermeros que trabajan para el MI.
La oficina lleva dos años de trabajo, y las denuncias van a un ritmo creciente: en 2010 se atendieron 105 casos, en 2011 fueron 406 y en los diez primeros meses de 2012 se habían presentado 400, por lo que se estima que se llegará a 600 al cerrar el año, dijo la psicóloga. Además, puntualizó que sigue habiendo un subregistro, porque abordan sólo los casos que llegan a la oficina.
Cuando los policías tomaron la palabra, mostraron su indignación porque sólo los superiores pueden presentar la denuncia. Mencionaron que en muchos casos éstos prefieren “no meterse en un lío” o consideran que “ya pasará” la situación de violencia. En cambio, dijeron que si la denuncia pudiera efectuarla otro policía “se podría salvar la vida de un compañero o de una familia”. Se señaló que “pesa el sistema jerárquico” así como “la función social que el policía cumple”, y alguien del público evidenció la contradicción que puede darse cuando un policía agresor tiene que abordar un tema de violencia de género.
Otro funcionario, que discrepó con que el Hospital Policial habilite un máximo de ocho a diez sesiones para la atención psicológica, dijo que en los casos de violencia “lo obligan a tener 21 sesiones de terapia, y si busca un terapeuta solamente tiene ocho. ¿Hay que esperar que intervenga la Justicia?”, cuestionó.
Cuitiño explicó que ella no tenía poder de decisión en esos casos, pero que entendía que la población objetivo del hospital era mucho más amplia. El funcionario respondió que sería bueno que estas propuestas se elevaran al MI.
El servicio de atención a policías agresores está desbordado y sólo cuenta con seis técnicos.
Otro funcionario propuso que hubiera un psicólogo en cada comisaría, para prevenir las situaciones. Se habló de un alto número de casos de suicidio, depresión y consumo de alcohol y otras drogas, que también necesitan abordaje.
Se valoró la disposición reciente del MI por tratar los temas de violencia de género. Se dijo que “es nuevo en la Policía hablar de violencia doméstica” y que recién hace dos años que la Escuela Nacional de Policía volvió curricular la materia; previo a eso, sólo se daba en el pasaje de grado a subcomisario y comisario y “hombres y mujeres de más de 50 años era la primera vez en su vida que escuchaban hablar del concepto de violencia doméstica”.
Desde el público se advirtió que “no sólo en la Policía se hace la vista gorda, también en la salud, en la educación...”. Y se dijo que “el problema es de la sociedad” y que no termina de resolverse con sacar el arma, porque al pasarle eso, el policía no puede hacer el servicio 222, que es una considerable entrada económica, y que además, sigue viviendo con su familia, lo que es doblemente riesgoso. El objetivo sería buscar soluciones más abarcativas y de mayor alcance.