Franco tenía 22 años. Llegó a la emergencia del Clínicas en busca de ayuda y, en medio de una crisis aguda de su patología psiquiátrica, la Policía le disparó en el pecho. El joven murió en el block quirúrgico minutos más tarde. Es la segunda muerte de estas características en menos de un mes. Organizaciones sociales condenan lo sucedido, mientras que la Facultad de Psicología y la Institución Nacional de Derechos Humanos instan a revisar las prácticas institucionales
Franco sufrió una descompensación de su patología psiquiátrica, por eso se atrincheró en uno de los primeros consultorios de la emergencia del Clínicas con un portasueros que revoleó por los aires. El video de la cámara de seguridad muestra una escena caótica. Al menos tres uniformados y un cúmulo de gente que se abre ante la escalada de violencia. En menos de un minuto y medio de grabación, se puede ver cómo un policía, a escasos metros, le pega un tiro en el pecho.
La vida de Franco del Curtis estuvo marcada por consultorios, internaciones, medicación y múltiples diagnósticos. Cuando tenía 4 años, a raíz de problemas de conducta en la escuela, los médicos le dijeron a Alejandra, su madre, que el niño tenía hiperactividad. Pero ese fue solo el principio de una larga lista que incluyó luego trastorno severo de conducta, bipolaridad, esquizofrenia infantil y un retraso cognitivo.
Se crio en balnearios, siempre cerca del mar. Oriundo de Atlántida, Franco fue durante muchos años el menor de tres hermanos. Nadaba y jugaba al básquet. Su hermana Cecilia cuenta que siempre estaba haciendo beatboxing: creaba ritmos musicales solamente con la boca. Cuando creció aprendió a rapear; le decía a su mamá que se iba a convertir en un rapero famoso y ya tenía pensado qué iba a hacer con los primeros pesos: comprarle una casa a su familia.
Con lágrimas en los ojos, Alejandra cuenta que Franco apenas pudo terminar la escuela. Lo pasaban de año por un tema de edad, pero no concurría al centro estudiantil. Su patología se agravó cuando tenía
7 años y su papá falleció de una enfermedad que lo mató muy rápido y no hubo tiempo para asimilar lo que estaba pasando.
Allí comenzó el círculo interminable de internaciones. Como era menor de edad, Alejandra ingresaba al hospital con él. Se estabilizaba, le daban el alta y al tiempo volvía a recaer.
Cuando Franco ya había entrado en la adolescencia, la familia se mudó a Montevideo. Por «motivos de conducta», según su familia, el joven estuvo vinculado a programas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y por transitiva se vinculó también a la clínica API Los Robles, un centro de internación para pacientes psiquiátricos agudos que recibe a niños, niñas y adolescentes que integran el padrón del Instituto y sufren episodios graves de descompensación. Según las convenciones internacionales, los menores de edad no pueden estar internados más de 30 días en clínicas de estas características; un mandato que permanentemente es desoído por las autoridades («La psiquiatría paraestatal», Brecha 1-VII-16). De acuerdo con su familia, Franco frecuentó intermitentemente Los Robles de los 13 a los 18 años, y llegó a sufrir períodos de internación cercanos a un año.
Su madre y su hermana afirman que el centro se volvió casi «su hogar». Por esos años también empezó a frecuentar la calle y se hizo conocido en casi todos los hospitales de Montevideo. Alejandra le compraba ropa y se veían frecuentemente, pero ya no vivía con ellos. La familia cuenta que en el último tiempo había empezado a consumir drogas como una manera de «evitar la realidad». Cuando consumía, dicen, las voces de su cabeza dejaban de hacer eco.
Algunos funcionarios del Hospital Vilardebó y del Hospital de Clínicas contaron al semanario que Franco iba seguido a consultar y que «no manejaba bien el rechazo». Muchas veces ejercía violencia contra el personal al momento que le daban el alta médica y tenía que volver a la calle; así fue que lastimó a varias personas. «Por su propia patología se descompensaba y nos pegaba, algunos compañeros terminaron en el Banco de Seguros por esos altercados. Cuando se calmaba te pedía perdón y era una dicotomía, porque lo veías tan frágil y con un perdón tan sincero que no sabías qué hacer. Hablábamos con él y estaba todo bien. Luego se violentaba de nuevo y era otra vez la misma historia. A pesar de eso, siempre se hacía querer», recuerda un trabajador del Clínicas.
En invierno era cuando más consultaba, para no estar a la intemperie.
El miércoles 4 de junio ingresó a la emergencia del Clínicas descompensado, con ideaciones suicidas, dicen los médicos. Allí lo atendieron y le dieron de comer. Su familia cuenta que le dieron el alta ese mismo miércoles, aunque los funcionarios del hospital recuerdan que estuvo ingresado hasta el día siguiente. La realidad es que el jueves 5 de junio, a las 17.45, Franco no quería irse del centro y agarró un portasueros en forma amenazante. Allí, según explicó María Montañez, integrante de la Secretaría de Relaciones de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), agentes policiales que se encontraban en el lugar pidieron refuerzos por el desacato. Llegaron varios patrulleros.
Personal del hospital fue en busca de colchones para ingresar a la sala en la que Franco se había atrincherado, para aplicar un protocolo de contención, pero no llegaron a agarrarlos cuando oyeron el disparo. Con una herida en el pecho, Franco fue llevado al block quirúrgico; lo abrieron, pero no pudieron hacer nada por él.
Eran cerca de las 18.00 horas cuando Alejandra recibió una llamada.
—Hola, ¿habla la mamá de Franco?
—Sí, ¿qué pasó?
—Te estamos llamando del Clínicas. Franco está acá. ¿Podrías venir hasta el hospital?
—¿Qué pasó? ¿Franco está bien?
—¿Podría venir, por favor?
—¿Pero qué pasó? ¡Hablá!
—A Franco le pegaron un tiro.
—¿Cómo le pegaron un tiro? ¿Está bien?
—Lo operamos, pero falleció.
En un ataque de nervios, Alejandra llamó a sus hijos y todos juntos fueron hasta la emergencia del hospital. En la entrada principal los esperaban varios trabajadores de salud y efectivos policiales. Hasta ese momento, la familia de Franco no sabía cómo había ocurrido lo del disparo ni quién había sido el agresor.
Según narran Alejandra y Cecilia, las personas que formaban ese pequeño grupo en la sala de espera de la emergencia les dieron el pésame y les explicaron lo sucedido. La madre pidió para ver el cuerpo, pero los médicos le dijeron que estaba «en mal estado». Ella insistió y los llevaron al segundo piso del hospital. Funcionarios médicos, enfermeras y la Policía subieron con ellos. Rodeados de gente hicieron el reconocimiento del cuerpo. Franco yacía en una camilla en el medio del pasillo, tapado con una túnica de TNT.
Ahí comenzó otro periplo. Funcionarios policiales le explicaron a la familia de Franco que tenían que ir a la comisaría novena a buscar «oficios» que debían llevar al Departamento de Homicidios, donde Alejandra declaró posteriormente. Durante el fin de semana, tanto Cecilia como Alejandra llamaron a la morgue judicial para consultar si el cuerpo de Franco ya había sido liberado para proceder con el velatorio. Les explicaron que el cuerpo aún no había llegado. Ante esa situación, Alejandra se apersonó en el Clínicas, donde, según cuenta, le dijeron que el cuerpo tampoco estaba.
Fueron 48 horas en las cuales los familiares de Franco no sabían dónde estaba el cuerpo. El lunes por la mañana, desde la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía les comunicaron que el cuerpo ya había sido liberado por el Departamento Médico Forense. Un tanto confundidas, fueron a una de las salas velatorias de la Intendencia de Montevideo para velar a Franco y llegaron antes que el cuerpo. Luego de varias idas y venidas, y directrices confusas con el nombre de su familiar (en la intendencia aparecía que estaban velando a Facundo del Curtis, en vez de Franco), recién el martes 10 pudieron realizar el sepelio en el Cementerio del Norte. Alejandra quiso hacer un segundo reconocimiento del cuerpo, pero no la dejaron y le aseguraron que quien estaba siendo enterrado era su hijo.
Actualmente, la investigación sobre el asesinato de Franco se encuentra en la órbita de la fiscal de Homicidios de Segundo Turno, Mirta Morales. Además, se dispuso una investigación administrativa en el Ministerio del Interior (MI) y se instruyó el desarme del policía que efectuó el disparo.
El caso de Franco del Curtis es la segunda muerte en manos de agentes policiales en el marco de operativos de contención a personas descompensadas por sus patologías mentales en poco menos de un mes. El primero fue el de Lucas Pedrozo, un joven que padecía esquizofrenia y fue muerto por la Policía en Durazno (véase «Más que letal», Brecha, 30-V-25).
Ante lo sucedido en el Hospital de Clínicas, Montañez dijo al semanario que la muerte de Franco sucedió minutos antes de que comience un paro que la UTHC ya tenía programado en reclamo de falta de recursos humanos y capacitación. La sindicalista explicó que el acontecimiento interpela a toda la sociedad y deja en evidencia sus reclamos, además de replantearse el uso de armas dentro de centros de salud. En esta misma línea, Montañez dijo que es momento de dejar por escrito protocolos de actuación y de tener en cuenta que la violencia que viven cotidianamente tiene que tener un lugar para la reflexión.
«Hay personas que estuvieron presentes que te dicen que aún sienten en sus cabezas el ruido del disparo, fue algo sumamente traumático y los trabajadores tuvieron que seguir atendiendo a los pacientes que estaban allí presentes», afirmó. Sobre cómo actuó la Policía, la sindicalista dijo que «no nos quedan dudas de que hubo un accionar desmedido, seguramente Franco se asustó cuando escuchó que estaba viniendo gente y por eso salió por la puerta en la que estaba la Policía. No lo compartimos en absoluto, lo condenamos y nos entristece muchísimo», lamentó.
«Lo que pasó en el hospital es un detonante de lo que pasa en la sociedad. En Uruguay no hay protocolos de atención a pacientes de salud mental», declaró, por su parte, una de las integrantes de la Mesa Representante de la UTHC, Mariana Bognato. La funcionaria dijo que hubo una reunión en la que la Mesa del hospital se reunió con las autoridades porque «los trabajadores no podemos solos, tenemos que tener apoyo y pensar en conjunto. Es momento también de sumar al Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, porque lo que sucedió con Franco no puede volver a pasar».
Según establece la Ley 19.529 de Salud Mental, para 2025 se deben clausurar los establecimientos estructurales asilares monovalentes. En vistas de eso, la sociedad civil creó la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental, integrada por colectivos de familiares y usuarios, federaciones que velan por los derechos de las personas, estudiantes de Psicología, la radio Vilardevoz, personal de la salud y personas sensibilizadas por el tema. Hilde Hansz, integrante de Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, dijo al semanario que en todos los hospitales del país debería haber, como mínimo, dos equipos especializados con enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, médicos de familia y psiquiatras para trabajar con pacientes descompensados. La activista entiende, además, que ayudaría contar con personal capacitado por el MI en caso de tener que reducir a la persona, pero que este no se encuentre uniformado.
En las últimas horas, la Institución Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que explica que en el último tiempo se vienen desarrollando instancias de «formación dirigidas a personal policial en materia de derechos humanos y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad», pero que, sin embargo, lo que sucedió en el último mes deja en evidencia que los esfuerzos hasta el momento no son suficientes. Además, reafirma la importancia del trabajo interinstitucional para promover la participación activa de organizaciones sociales para un abordaje «respetuoso» de la salud mental. «Al mismo tiempo, se hace un llamado a todos los actores con responsabilidad institucional a asumir con firmeza el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado uruguayo, tanto en el marco de la normativa nacional como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos», finaliza el comunicado.
Por su parte, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República emitió un comunicado en el que condena los «retrasos injustificables de más de cinco años, en los que no hemos cambiado el modelo de atención en el campo de la salud mental». El documento expresa que se deben cambiar los modos en que se «alojan las locuras y los dolores que se vuelven insoportables», además de instar a entender este problema como algo social y no dejar las «esperanzas únicamente en los psicofármacos».
En el marco del conversatorio «Comunicar la salud mental: desafíos, cuidados y oportunidades», realizado en la Facultad de Información y Comunicación el 12 de junio, la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Julia García, fue consultada sobre el caso de Franco, a lo que respondió que la respuesta del efectivo policial no fue otra que «controlar lo que allí sucedía y de algún modo evitar un mal mayor. Más que ir a buscar qué estuvo bien y qué estuvo mal, hay que poner el tema arriba de la mesa, generar protocolos, capacitar a los que allí trabajan, y en eso estamos».
Varios legisladores expresaron su pesar por lo sucedido, tal fue el caso de Graciela Barrera, diputada por el Movimiento de Participación Popular, que, según informó La Diaria, realizó un pedido de informes al MI para conocer datos sobre el uso y el alcance de las armas de munición letal y no letales, y si existen capacitaciones o formación para los policías sobre cómo actuar en estos casos.
El domingo 8 de junio, el presidente de la república, Yamandú Orsi, fue consultado por El Observador
sobre el caso. Reconoció que el pedido de Barrera era de orden. Cuando se le preguntó concretamente «¿Le parece que se actuó bien en ese caso?», contestó: «Hay que estar ahí. Lo poco que vi en la imagen, cualquiera de nosotros creo que lo hubiese hecho, porque había un riesgo de muerte, por lo que se pudo ver. Son datos de la realidad que los jóvenes en cualquier lugar donde se les haga una encuesta te digan que el problema central es la salud mental. Antes eso no ocurría, te decían que se aburrían. Hoy te dicen que están preocupados por un tema que debería preocuparle a gente de la edad mía…». Y finalizó preguntando: «¿Qué estamos haciendo?».