Licenciada en Psicología, Udelar (1997) y Doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España (2011).
Profesora Titular en Régimen de Dedicación Total. Docente de la Unidad Curricular Obligatoria (UCO) Psicología y salud, de los Seminarios optativos MAS "Migración, diversidad sociocultural y salud" y "Migración, prácticas religiosas y salud"; y del curso de Proyectos "Salud, trabajo, migración y refugio", en el Grado. Es docente orientadora de Trabajo Final de Grado. En Posgrado, dicta cursos temáticos y metodológicos. Es Directora de Tesis de Maestría y Tesis de Doctorado.
Responsable del Grupo Movilidad Humana, trabajo, salud y derechos humanos (Movyt, CSIC 882875), junto con la Dra. Lorena Funcasta. Responsable del Proyecto I+d MIGRALAT-MVD (Financiación: CSIC, Udelar, 2023-2024). Orientadora del proyecto de Iniciación a la investigación MIGRAVEN (Financiación: CSIC, Udelar, 2022-2023) y co-orientadora del Proyecto PAIE El trabajo informal como potenciador de vulnerabilidades en migrantes recientes residentes en Montevideo y Canelones. Experiencias y trayectorias sobre el acceso a derechos, sindicalización y formalidad en el trabajo (Financiación: CSIC, Udelar, 2024).
Coordinadora del Programa "Concepciones, determinantes y políticas en salud", Instituto de Psicología de la Salud, FP, Udelar.
Integra el Consejo de la Facultad de Psicología por el orden docente en calidad de suplente por el período 2018 - 2022 y 2023 -2026.
Integra la Comisión Directiva del Centro de experimentación e innovación social (CEIS).
Miembro internacional del Grupo de Investigación Cultura Urbana, UNED, España, desde 2006.
Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria, desde 2019.
Integrante de la Subcomisión del Programa Art. 2, CSIC, Udelar, desde 2022.
Integró la Dirección Académica del Doctorado de Facultad de Psicología (2015-2021) como Directora Alterna (2018-2021).
Fue Subdirectora del Centro de Experimentación e Innovación Social (CEIS) de Facultad de Psicología (2017-2021).
Fue integrante de la Comisión de Investigación de la Facultad de Psicología (2017-2018).
Integró la Asamblea del Claustro de Facultad de Psicología, titular por el orden docente (2016 - 2018).
Integró la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), alterna por el Área de Salud, Udelar (2016-2018).
Actuó como delegada por el Área de Salud en el Grupo Sistema de Indicadores de Investigación y Posgrado, Udelar (2017-2018).
Fue miembro del Grupo Asesor de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos por el Área de Salud, Udelar (2017-2018).
Investiga sobre procesos migratorios y relaciones interculturales en contextos urbanos. Se centra en los procesos psicosociales anudados a la experiencia migratoria y de refugio. Desde la perspectiva de la Psicología de la Salud, se interesa por el acceso a la salud de los migrantes, la identificación y trabajo sobre las barreras psicosocioculturales para este acceso, y las inequidades en Salud. Desde una investigación que pretende explorar el trabajo de las fronteras internas en los encuentros interculturales, se busca contribuir a problematizar las conceptualizaciones de inclusión social en contextos de diversidad étnico-nacional y étnico-racial, así como los modelos propuestos para su abordaje en el escenario actual de migraciones sur-sur. Vinculado a esto resulta también mi interés en las áreas de Trabajo y Educación, y el estudio sobre las reconfiguraciones del espacio doméstico y la intimidad. Se plantea una perspectiva dialógica en interacción con los actores sociales, e integral que articule procesos de investigación, extensión y enseñanza, así como se posiciona integrando el abordaje interseccional en la investigación desarrollada y el trabajo en territorio.
Ha publicado artículos en revistas científicas de prestigio y ha presentado ponencias en Congresos Internacionales sobre los resultados obtenidos en sus investigaciones en esta línea. Es coautora de: Habitar Montevideo: 21 miradas de ciudad. IM, Fesur, FCS Udelar. Montevideo: La Diaria (2019); Antropologías en América Latina. Prácticas, alcances y retos. Popayán: Universidad del Cauca (2017); Cosmópolis. Nuevas maneras de ser urbanos. Madrid: Gedisa (2016).
Contacto: kariboggio@psico.edu.uy
Instituto de Psicología de la Salud
Dirección: Tristán Narvaja 1674 (EDIFICIO CENTRAL)
Ubicación: NIVEL 1
Teléfono: (598) 2400 8555
Interno: 320
Centro de Experimentación e Innovación Social (CEIS)
Dirección: EDIFICIO CENTRAL Tristán Narvaja 1674
Ubicación: PLANTA BAJA
Teléfono directo: (598) 2409 5617
Ayuda, confianza, dependencia, familia, violencia, se conjugan en un empleo que reproduce uno de los roles femeninos más estereotipados. A diez años de la aprobación de la ley que regula el trabajo doméstico en Uruguay repasamos logros, deudas y dificultades que persisten.
Hoy es feriado nacional para 100 mil personas que se dedican al trabajo doméstico, en su amplia mayoría mujeres que tienen entre 35 y 54 años. La fecha recuerda la primera convocatoria a los consejos de salarios, el 19 de agosto de 2008.
El 19 de abril de este año, tras una larga negociación, se firmó un convenio colectivo con vigencia de tres años que incluye ajustes salariales semestrales, fijando el salario mínimo de las empleadas domésticas en 13.206,78 pesos nominales para las que cobran mensualmente, lo que equivale a 69,48 pesos la hora. A su vez, se acordó un incremento de 15 por ciento en el pago del salario vacacional de 2017, y se estableció que las trabajadoras podrán solicitar referencias personales y profesionales a quienes les ofrezcan trabajo, con el fin de prevenir nuevos hechos de abusos, malos tratos y otras formas de violencia.
“Hay patrones y patronas con antecedentes violentos o que figuran en la justicia laboral. Hace poco un patrón mató a una empleada. Otro patrón violó a su empleada”, señalaron integrantes del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (Sutd) durante el primer panel del simposio regional “Trabajo doméstico remunerado. Entre la protección de la ley y la explotación laboral en el Uruguay del siglo XXI”.1
El 21 de diciembre de 2015 un hombre de 70 años mató a su esposa y a la trabajadora doméstica en su casa de Piedras Blancas. El sindicato recibe entre tres y cinco pedidos de inspección por semana por parte de las trabajadoras, motivados por la falta de recibos de sueldo o la inscripción en el Bps, que se hagan los aportes correspondientes; también por denuncias de acosos y malos tratos, o por las condiciones en las que trabajan o duermen. Desde 2012 el sindicato ha presentado diez denuncias por acoso laboral y una por discriminación racial.
“Yo me volvía a mi casa llorando por las historias que escuchaba.” Antes de ser electa presidenta del sindicato, Lucía Gándara estaba en el área de Salud e Higiene Laboral del gremio. Durante años escuchó de primera mano relatos de casos “muy feos”, dice, y se le entrecorta la voz. Pone otro cigarrillo entre sus labios rojo carmín, entrecierra los ojos verdosos y recuerda las historias de compañeras a las que oyó y acompañó, y su garganta se vuelve a abrir cuando señala: “Y muchas quedaron en nada”, en referencia a la escasa o nula acción que percibe por parte de algunas inspectoras del Ministerio de Trabajo (Mtss), aunque en 2014 el gobierno anunció que en el 80 por ciento de los casos de discriminación denunciados se había llegado a un acuerdo económico y en el 20 restante hubo juicios laborales. En estas instancias las sentencias han fallado a favor de las trabajadoras, pero lleva mucho tiempo, desgaste y períodos extensos de desempleo.
“Como somos trabajadoras domésticas se creen que no podemos pensar, que no somos organizadas”, dice Gándara a Brecha, defendiendo el seguimiento que hace palmo a palmo de cada pedido de inspección que solicitan al Bps o al Mtss. “No somos ignorantes. Por eso peleamos para que saquen la parte educativa en las investigaciones o estudios que presentan sobre nosotras. Hay que vencer el prejuicio de que la mujer educada se dedica a trabajar y la no educada se dedica a limpiar. Nosotras somos educadas y respetuosas y, a la vez, hay muchas compañeras que tienen incluso estudios de liceo y hasta años de facultad”, acentúa la presidenta del sindicato, discrepando con el énfasis que ponen ciertos estudios académicos en torno al nivel educativo promedio alcanzado por las trabajadoras domésticas (81 por ciento tiene hasta ciclo básico).
Graciela Espinosa, ex presidenta del Sutd, puntualizó que muchas trabajadoras domésticas se dedican a esto para pagar sus estudios, y cuestionó que se siga haciendo hincapié en la escolaridad alcanzada por las trabajadoras domésticas, entendiendo que este acento no se pone en otros grupos de trabajadores –como por ejemplo en el sector de la construcción–, y exhortó a las investigadoras presentes en el simposio a no insistir en estos datos porque reproducen un estereotipo que es aprovechado luego por la patronal, instalando la idea de que “porque tenés un nivel (educativo) bajo, vos hacés lo que yo quiero… es como que te dicen: ‘Si vos no terminaste de estudiar, ¿qué derecho tenés?’”.
A los casos que asesora Juan Ceretta, abogado contratado por un convenio entre el Bps y la Udelar para brindar asesoramiento jurídico gratuito a las trabajadoras (sindicalizadas o no) y a las patronas nucleadas en la Liga de Amas de Casa, les da seguimiento un equipo de estudiantes de derecho durante sus meses de pasantía –seguimiento que se interrumpe muchas veces entre enero y marzo hasta que nuevos estudiantes toman la posta– en el consultorio jurídico que atiende dos veces por semana en la sede montevideana del Pit-Cnt. Una de las particularidades de estos casos es la “dificultad probatoria”. Gran parte requiere como prueba la palabra de testigos. Aunque los consiga, la trabajadora doméstica probablemente esté en desventaja, porque “¿cómo probar que no se cumple con su tiempo de descanso, si la mujer trabaja sola y, a lo sumo, la ve su patrón o la persona a la que cuida?”, dijo el abogado.
DEL TRABAJO A CASA. ¿Cómo probar acosos, abusos, malos tratos? ¿Cómo visualizar una relación de poder muchas veces ejercida por una mujer (patrona-empleadora) hacia otra (empleada)? ¿Cómo entran en juego las relaciones de poder ejercidas desde el mismo género, relación laboral construida muchas veces desde la confianza, desde una falsa paridad bajo la idea de que la empleada “me ayuda en las cosas de la casa”, con fronteras lábiles entre el trabajo doméstico remunerado de la empleada y el no remunerado de la empleadora, con la explotación laboral hacia la empleada y los malabares económicos de la empleadora para llegar a fin de mes y a la vez tener en caja a la empleada?
Cuáles son y cómo se negocian las condiciones de trabajo y empleo de las trabajadoras domésticas, y a su vez cómo inciden estos aspectos sobre su salud y sus vidas, es lo que planea estudiar en profundidad el grupo de trabajo conformado por las facultades de Derecho y Psicología, en el marco del programa universitario de fortalecimiento de trayectorias integrales, desde una perspectiva de género, migraciones, derecho laboral y derechos humanos, vinculada a la precariedad laboral, considerando que 24 por ciento de las trabajadoras domésticas son pobres. Actualmente la psicóloga Karina Bo-ggio y los pasantes se reúnen con el Sutd para “fortalecer la identidad sindical”, y acompañan a mujeres que llegan a hacer una denuncia al consultorio jurídico, ya que muchas veces la situación es angustiante y traumática.
“Me afilié porque me da rabia lo que ganan, algunas ganan hasta 800 pesos, no puede ser, me afilié para apoyarlas. También para conocer las leyes”, recoge el trabajo “Puertas adentro”,2 para el cual se hicieron talleres y entrevistas a trabajadoras y representantes sindicales de todo el país durante 2010.
La organización gremial de las trabajadoras domésticas ha tenido sus vaivenes desde mediados del siglo XX. De ese lapso se destacan tres períodos: los años sesenta y setenta; la reapertura democrática (en 1985 se creó el Sutd); y la refundación del sindicato en el año 2006, que se fortalece con la aprobación del primer estatuto en 2011 y las primeras elecciones en 2012, con una estructura organizativa compuesta por un secretariado nacional, filiales en el Interior y diversas comisiones.
“Está la trabajadora que viene y se afilia al sindicato por convicción, y está la otra que llega por una urgencia, una denuncia. Con esa hay que trabajar para que conozca sus derechos, para convencerla de no renunciar enseguida”, señala Gándara. “Tiene que aguantarse unos días, y la inspección la pide el sindicato.”
En “Puertas adentro” se señala que el reconocimiento sindical dignifica a la vez que diferencia. “Se diferencian de sí mismas antes de participar y conocer sus derechos y se diferencian a su vez de quienes no participan”, dijo la investigadora Maite Burgueño en el simposio. Asimismo, entiende que las políticas destinadas al sector han sido un estímulo para la organización, y recordó lo que seis años atrás le decía una representante del Sutd de Maldonado: “No puedo creer que esta ley existe y acá no nos enteramos, empezamos a discutir con otras compañeras y surgió la idea, el 6 de junio nos juntamos cuatro compañeras y se decidieron a fundar el sindicato”.
Desde este equipo universitario entienden que los desafíos para el Sutd son reorganizarse, lograr que el trabajo doméstico tenga valor social, analizar más la convivencia que este trabajo implica todavía entre relaciones personales y laborales.
En el acuerdo firmado este año entre la patronal y las trabajadoras quedó pendiente la categorización del trabajo, es decir: establecer las tareas por las que serán remuneradas, para que no cobren por limpiar y luego acaben limpiando, cuidando a los niños, haciendo mandados y cocinando, todo por el mismo salario.
Hace un año el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacaba que “Uruguay tiene un récord en personas jubiladas, y el sector doméstico en los últimos años fue el que más creció por encima del promedio general”. Sin embargo, continúa siendo el sector que presenta uno de los mayores índices de informalidad: en 2006 ésta superaba el 60 por ciento y en 2016 bajó al 30; asimismo, varias están subdeclaradas en sus ingresos. De allí que otra cuestión pendiente, a reforzar en las capacitaciones (“concientizaciones”, dirán desde el sindicato), es que las trabajadoras sepan que deben exigir y firmar contratos en los que se especifiquen las tareas asignadas por las que serán remuneradas, y tener en claro si figuran en el Bps, además de solicitar su historia laboral cada tanto.
“Estamos agradecidas de que el gobierno progresista fue el único que se sentó a ver lo de la ley de trabajo doméstico, que el 27 de noviembre cumple diez años de vigencia, pero todavía falta que todas las trabajadoras estén inscriptas en el Bps”, señala Gándara. “Si queda discapacitada la trabajadora, ¿a quién le va a reclamar? No todos los patrones son buenos”, añade.
Otra dificultad es la movilidad y la precariedad laborales, la discontinuidad entre empleos, la distancia entre uno y otro. Hablamos de jornadas de ocho horas, quizás cuatro en una casa y cuatro en otra. Y las horas en ómnibus, ¿quién las paga? “Yo trabajaba en Pocitos. Se mudaban para Carrasco. Yo vivo en Belvedere. Yo les planteé si esa hora de viaje me la pagaban como parte de la jornada de trabajo.” ¿Y qué pasó? “Como yo soy la presidenta del sindicato y tuve que viajar mucho, pactamos un despido de común acuerdo.” Este es otro de los debes: las sindicalitas no tienen fueros. Tanto Gándara como Espinosa han perdido trabajos por no poder cumplir horas que destinaron a la militancia sindical y que, a su vez, no fueron –ni son– remuneradas.
CAMA ADENTRO. Según Gándara “todavía cuesta entender que una trabajadora doméstica es una trabajadora como cualquier otra”. Uruguay es el primer país que ratificó en 2012 el convenio número 189 de la Oit sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Sin embargo, la gremialista entiende que “no se aplican las recomendaciones de la Oit”. Sabiéndose en falta, las empleadoras suelen decir: “Si vos me denunciás, yo te denuncio por robo: porque vos tenés la heladera de mi casa, el sillón, el juego de comedor… Siempre se estigmatiza con que es la trabajadora la que roba. Pero no hablan de los patrones que roban con años de trabajo (no declarado ante el Bps)”.
“Hace poco en una (reunión de la) Mesa Representativa del Pit-Cnt hice la denuncia de que compañeros de la central tenían trabajadoras en negro, abogadas del sindicato tenían trabajadoras en negro, y me respondieron que la próxima vez diera nombres. Oh, qué casualidad, días después una de las trabajadoras fue despedida”, denuncia Gándara.
La emancipación de las mujeres se sostiene en el trabajo doméstico y de cuidados que hacen otras mujeres. La casa, los niños, los adultos mayores, los enfermos, están al cuidado de “cuidadoras”, que trabajan mucho y no son remuneradas en consecuencia, y están bajo la autoridad –y en ocasiones, el autoritarismo– de sus patronas, lo que ha dado tranquilidad a maridos y padres porque ha alivianado el nivel de demanda de apoyo y corresponsabilidad en el hogar hacia ellos. Esto revela que la emancipación femenina es aún precaria e ilusoria, y le resta camino para quedar resuelta en la medida en que, si entre nosotras nos oprimimos y explotamos, nos devoran los de afuera.
- Realizado en Facultad de Psicología de la Udelar los días lunes 15 y martes 16 de agosto.
- “Puertas adentro. El trabajo doméstico, sus condiciones y organización político-gremial (2011)”, de M Burgueño, M Cancela, M Gómez, L González, G Machado, N Magnone, y C Parada, en Y Acosta, A Falero, A Rodríguez, I Sans y G Sarachu (coordinadores) Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina. Perspectivas interdisciplinarias. Montevideo: Udelar y editorial Trilce.