Amenazas a los derechos conquistados en materia de género.

El miércoles 13 de noviembre se desarrolló el conversatorio “La contraofensiva antifeminista y el avance de los discursos de odio”, una actividad organizada desde el Área de Género de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) para intercambiar en torno al giro conservador que experimenta actualmente Uruguay y cómo este se alimenta a partir de múltiples discursos antifeministas y de odio.

El panel de expositoras estuvo integrado por Valeria España, abogada, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar) y magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas; Noelia Correa, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Udelar; Alicia Deus, abogada especializada en género y corredactora de la Ley 19.580; y Soledad Suárez Navas, abogada y docente en la Facultad de Derecho de la Udelar.

Tras encabezar una breve introducción a la actividad, España destacó algunos de los varios hechos recientes en los que pueden verse reflejados este tipo de discursos conservadores en el Uruguay actual. Entre ellos, señaló la campaña política impulsada por Cabildo Abierto de cara a las últimas elecciones nacionales, basada en un rechazo explícito hacia la denominada “ideología de género”. Además, advirtió que si bien desde algunos ámbitos se “celebró” la magra votación de Cabildo Abierto, advirtió un reagrupamiento de los sectores más conservadores en otros sectores de los partidos tradicionales. También señalo la forma en que cada partido libra su propia batalla ante diversas expresiones de violencia de género, incluso en el caso del Frente Amplio, como lo fue el manejo de la denuncia por acoso sexual y laboral al diputado Gustavo Tato Olmos por parte de su suplente, Martina Casás.

Por su parte, Correa destacó la expansión y el fortalecimiento del movimiento feminista en Uruguay a partir de 2012, lo que ha logrado traducirse en una mayor participación en las movilizaciones y un incremento en la formación de colectivas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, señaló también cómo estos avances han tenido que hacer frente a la reacción conservadora, alimentada por dos factores claves: el “pánico moral” y “la precarización del trabajo y de la vida”. “Las cuestiones más conservadoras claramente se pusieron en alerta y en reacción en función de todo lo que el movimiento estaba desplegando”, explicó. Correa afirmó que estos frentes reaccionarios se han valido principalmente de discursos que atribuyen la responsabilidad de la crisis de la sociedad actual a la falta de adhesión a las “normas tradicionales”, entendiendo a estas como “leyes naturales desde el orden simbólico de la religión, la heterosexualidad y el patriarcado”. A su vez, añadió como otra gran amenaza la creciente influencia de las iglesias evangélicas en los barrios, que mediante sus políticas asistencialistas parecerían tomar provecho de la precariedad social. “Estas políticas claramente existen porque estamos en un contexto de precarización a nivel del trabajo y de la vida, porque si no no tendrían por qué existir. Entonces, además del pánico moral, y de también alimentarse de la precarización del trabajo y de la vida, este giro conservador genera esta especie de enemigo público que lo construye como un enemigo político”, sostuvo.

Tanto Uruguay como otras regiones de América Latina hoy son objeto de análisis regresivos que se traducen primero en deslegitimar los movimientos feministas, etiquetándolos como radicales o innecesarios.

La actividad también significó una oportunidad para conversar acerca de las resistencias a las transformaciones institucionales en materia de género, como lo es el caso de intentos de modificación por parte de algunos sectores del espectro político de la Ley 19.580, normativa que actualmente regula la violencia basada en género en Uruguay. Deus señaló que estos intentos de modificarla forman parte de “una embestida conservadora o regresiva en materia de derechos”. Al igual que las demás panelistas, advirtió que tanto Uruguay como otras regiones de América Latina hoy son objeto de análisis regresivos que se traducen primero en deslegitimar los movimientos feministas, etiquetándolos como radicales o innecesarios. En esa línea, señaló que la gran mayoría de las normas previstas en dicha ley poseen su base y fundamento en los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que para su elaboración se intentó recoger la experiencia previa en materia legislativa e incorporarla a la actual legislación. Para Deus, el hecho de plantearse posibles modificaciones a la Ley 19.580 resulta absurdo si se repara en que aún no se cumple con la totalidad de esta. “Para empezar a decir que a la ley hay que modificarla, primero tenemos que cumplirla a cabalidad y evaluar sus resultados”, subrayó, y agregó que “no se ha cumplido con la instalación de los juzgados especializados, no se ha cumplido con la especialización de los operadores y técnicos, no se cumple con, por ejemplo, los procesos de protección que prevé la ley, no se cumple con los informes de valoración de riesgo previos al dictado de las medidas para determinar cuál es la más adecuada”. La abogada denunció que, más allá de la vigencia de esta ley, la violencia de género continúa sin tomarse como un tema prioritario. “No se le ha otorgado recursos económicos suficientes y no hay voluntad política, que es todavía más importante que los recursos”, enfatizó.

Otro gran ejemplo en materia de retrocesos mencionado por Deus se vincula a la férrea oposición a la inclusión de la educación sexual en las currículas de la enseñanza, por medio de proyectos de ley que buscan impedirlo, “cuando en realidad es sabido que la educación sexual resulta un instrumento fundamental para prevenir el abuso sexual infantil”, afirmó. Otro de sus señalamientos tuvo que ver con el síndrome de alienación parental, una noción tristemente utilizada en muchas ocasiones por parte de la Justicia para deslegitimar las denuncias realizadas por parte de mujeres madres víctimas de violencia de género.

Suárez, por su parte, sostuvo que este tipo de comportamientos y discursos que amenazan los derechos conquistados a partir de la Ley 19.580 no son hechos aislados, sino que tienen que ver con estrategias orquestadas desde grupos organizados, que cuentan incluso con financiación. “El objetivo es claro”, explicó, “neutralizar esas denuncias, impedirlas, mantener su imagen y su poder, convertir en sospechosa a la denunciante o a las infancias que denuncian”. Suárez vinculó este tipo de resistencias a lo que en ocasiones se conoce como backlash, que se presenta como una serie de contrarreacciones que buscan desacreditar el progreso alcanzado en materia de derechos, como, por ejemplo, la igualdad de género o los derechos LGBTQ+, y que se manifiesta en ámbitos como la política, las leyes o la cultura. Sin embargo, para Suárez esto no es ninguna novedad, puesto que “la resistencia y la oposición a los avances en derecho han existido siempre”. Asimismo, señaló como otro aspecto en el que se debe reparar cómo se decide narrar desde los medios de comunicación este tipo de hechos, cuestión que debería representar una importante responsabilidad para los profesionales del ámbito. Si bien le consta que existen periodistas y comunicadores/as formados específicamente en esta materia, para Suárez continúa siendo una necesidad que dentro de los propios medios de comunicación se instauren políticas que garanticen que comunicar estos hechos no se traduzca en una “discriminación constante”.

Concluyendo el conversatorio, las integrantes del panel coincidieron en que, a pesar de los muchos avances logrados, aún preocupa la notoria persistencia de todos los tipos de resistencias mencionados y su afán por deslegitimar los progresos en materia de género. Esto subraya la necesidad urgente de fortalecer la implementación de la legislación vigente y poder garantizar un compromiso real con todos los derechos conquistados, en lugar de permitir los retrocesos con los que esta serie de discursos amenaza.