La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, planteó como un problema "grave" que en 2024 se registraron 37 nacimientos en los que las madres eran niñas de 14 años o menos.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) decretará como obligatorio que todos los prestadores del país notifiquen cuando detecten un caso de embarazo en menores de edad, anunció este jueves la ministra Cristina Lustemberg en el marco del lanzamiento de la Estrategia para la Eliminación del Embarazo en Niñas y Prevención del Embarazo en Adolescentes 2025-2030".
Lustemberg explicó que se trata de una política pública que representa una continuidad de una primera etapa, llamada "Estrategia intersectorial y nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes", que funcionó entre el 2016 y 2020. La ministra afirmó que fue a partir de este lineamiento se logró una reducción de la fecundidad adolescente en la última década.
Como ejemplo de esto, Lustemberg dijo que "la tasa de fecundidad adolescente, entre 15 y 19 años, descendió notablemente pasando de 60 nacimientos cada 1000 adolescentes en el año 2013 a 20,9 por 1000 en el año 2024". Mientras que al día de hoy en Uruguay el 8% de los nacimientos totales provienen de embarazos en la etapa de la adolescencia, estos fueron 2.390 nacimientos. Pero "el problema más grave", a juicio de Lustemberg, es que de este total, en 37 nacimientos las madres fueron niñas de 14 años o menos.
La cartera también subrayó el dato de que "el 80% de los embarazos en menores de 15 años y el 60% de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años no son planificados".
"Queremos eliminar el embarazo en esa etapa de la vida y prevenirlo con diferentes estrategias entre la etapa de 15 y 19 años", afirmó Lustemberg.
Además de adelantar que firmará un decreto para hacer obligatoria la notificación de estos casos en todos los prestadores de salud, la cartera anunció que liderará una "mesa de trabajo intersectorial", integrada por ASSE, ANEP, el Mides, el MEC, el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, INAU, OPP, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina de la Udelar.