FFSP coincide con la aprobación de ley de salud mental, pero cuestiona si será el momento, por cambios que requiere.
El Departamento de Jóvenes y la Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado organizaron ayer un debate sobre la ley de salud mental; a fines de 2015 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley, que está a estudio de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores. Los oradores fueron Ariel Montalbán, director del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública; Marcos Carámbula, senador; Nelson de León, docente de la Facultad de Psicología e integrante de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, y Pablo Cabrera, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y representante de los trabajadores en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Las preguntas fueron tres: ¿por qué es necesaria una ley de salud mental?; ¿qué aspectos se hace necesario transformar?; ¿es viable una genuina desmanicomialización? Los oradores coincidieron en la necesidad de contar con una nueva ley (que sustituya la de Psicópatas, vigente desde 1936); en mejorar las condiciones en que se encuentran las personas que viven en los asilos psiquiátricos y en cambiar la atención de las problemáticas de salud mental, de modo de lograr un abordaje oportuno y a nivel comunitario. Sin embargo, los matices existen y asomaron, enmarcados en un lenguaje políticamente correcto.
Montalbán se remontó a 1912, año de creación de la Colonia Etchepare: dijo que ya en ese momento se internaban personas no porque tuvieran patologías psiquiátricas, sino por una falta de recursos económicos y sociales. Mencionó a un asesor de la Organización Panamericana de la Salud que visitó Uruguay en 1966 y dijo que en los asilos no se podía hablar de terapéuticas y que la población allí no se curaba. Montalbán trabajó en las colonias entre 1980 y 1990 y dijo que “los trabajadores hemos hecho lo mejor que hemos podido” en ese modelo “perimido”, y expresó que “se ha invertido muchísimo dinero y no se ha cambiado la situación. El cuidado de la salud ha quedado al margen”. Recalcó que se necesita la ley para que las mutualistas dejen de tener el límite de 30 días de internación, para que la atención se haga en el primer nivel de atención y mediante equipos interdisciplinarios, y para garantizar la intersectorialidad que permita el acceso a la vivienda, la educación y el trabajo. “No a los asilos y no a las colonitas chiquitas que existen en todo el país”, manifestó. Agregó que “es viable un país sin manicomios”, y dijo que para eso se necesita la ley, presupuesto, voluntad política, capacitar a los recursos humanos y un cambio cultural.
Todos los oradores insistieron en la necesidad de contar con recursos humanos, y señalaron que con la ley, solamente, no alcanza. Montalbán anunció que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está recopilando información sobre diferentes experiencias de rehabilitación y que ya está trabajando en la instrumentación de un plan de salud mental; habló de invertir en capacitación y de modificar las condiciones de trabajo. De León pidió que el órgano de contralor de la ley sea autónomo e independiente del poder político (el proyecto propone que esté dentro del MSP) y que se den todas las garantías en las internaciones involuntarias; Carámbula dijo que se estudiarán esas diferencias para tratar de llegar a consensos.
Cabrera expresó que se necesita una nueva ley y un cambio en la atención en salud mental, pero cuestionó si las condiciones están dadas. “Seguimos viendo la falta de profesionales que puedan abordar este cambio. Estamos diciendo que no queremos más un [hospital] Vilardebó, pero en el primer nivel no hay psiquiatras; entonces, ¿a dónde voy a llevar a la gente?”, preguntó. “Tenemos que pararnos en el Uruguay de hoy”, pidió, y señaló que por muchas de las personas que están en las colonias o en el Vilardebó “los únicos que sienten algún grado de preocupación son los propios trabajadores”. “Trataría de ser objetivo en el momento que vive el país y las dificultades que hay para avanzar en romper estructuras con la rapidez que está planteado en una ley que es a largo plazo”, dijo. Agregó que “el manejo de los tiempos es un tema central”, y mencionó los recortes presupuestales contenidos en el proyecto de Rendición de Cuentas: “Para hacer estas transformaciones tan profundas necesariamente tiene que haber recursos genuinos importantes, y los avances tienen que tender a eso”. Criticó que “a veces se ha estigmatizado que los trabajadores decimos no [al cierre de los asilos] porque se nos cierra la fuente de trabajo. No, está todo esto también atrás”, e insistió: “No es que no haya que avanzar, sino mirar en el tiempo y el país en que vivimos”.