Se presentó formalmente el trabajo que en el transcurso de un año concretarán conjuntamente las facultades de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata de un convenio de cooperación para formar recursos humanos calificados en tres temáticas: adicciones, criminalidad y envejecimiento. Para inaugurar el año de trabajo se invitó al rector Rodrigo Arocena, quien disertó sobre la «Universidad y las políticas públicas» describiendo las «tentaciones» a las que deben enfrentarse los expertos. Tanto él como el decano de la Facultad de Psicología de la Udelar, Luis Leopold, insistieron en dar elementos de juicio a la sociedad para que se exprese en el plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, que se implementará en octubre.
El «Programa de formación de recursos calificados en México y Uruguay para el estudio y desarrollo de políticas públicas en tres áreas prioritarias: adicciones, criminalidad y envejecimiento» fue uno de los diez seleccionados de una convocatoria realizada en 2012 por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el llamado Fondo Conjunto de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica.
Las facultades ya comenzaron a trabajar y en febrero de 2015 entregarán el informe final. El programa incluirá actividades en ambas facultades y apunta a ser un aporte formativo para estudiantes de grado, posgrado y también hacia las sociedades de Uruguay y México, explicó Luis Leopold. Agregó que ambas instituciones se reconocían «mutuamente e internamente con algunas fortalezas y capacidades» y tenían claro que podían «aprender mutuamente del otro».
«Las temáticas abordadas no son casuales», subrayó el decano. Enumeró que Uruguay tiene «un serio problema con las adicciones» y añadió que el país «se ha posicionado como promotor de debates de alta importancia internacional. Respecto al sistema carcelario, expresó que si bien en los últimos años ha habido «innovaciones, transformaciones y esfuerzos en el área de la criminalidad como hace mucho tiempo no se producían en el país, sin embargo seguimos teniendo problemas, desafíos». En relación al envejecimiento, comentó que al país le interesa continuar desarrollando políticas —inclusivas, de salud, sociales— en ese campo».
Leopold sostuvo que la intención es «ayudar a la formación y al conjunto de la ciudadanía a tomar posicionamientos lo más rigurosos posibles». Remarcó la postura de la Udelar de rechazar la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, que se plebiscitará en octubre, y destacó que la facultad tratará «de contribuir a que el conjunto de ciudadanos y ciudadanas puedan hacerse de los mejores elementos para decidir democráticamente».
María Montero, docente de la UNAM consideró que «el reconocimiento de políticas comunes como adicciones, criminalidad y envejecimiento nos equipara y nos hace caminar juntos», y mencionó los desafíos de formar recursos humanos del más alto nivel, generar conocimiento fundamentado sobre las tres problemáticas, divulgarlo y emprender «acciones concretas que puedan ser medibles y documentadas».
Al margen de las tentaciones
El rector comenzó su exposición advirtiendo que los expertos pueden caer en «muchas tentaciones» cuando las universidades quien colaborar con las políticas públicas. Afirmó que probablemente la tentación más grande en este siglo sea la «de ser decoradores de fachada», porque así como en otras épocas los poderes recurrían a los religiosos para legitimar sus decisiones, en la actualidad se acercan a los académicos. Aclaró que no se refería solo a los gobiernos sino a todos los poderes fácticos, y señaló que el conocimiento que producen las universidades es importante cuando los académicos colaboran con esa producción, pero que no lo es «si, como sucede en muchos casos, lo que hacemos es decorar cuestiones ya resueltas».
La segunda tentación que nombró es «la de ser filósofos del príncipe». Comentó que es lo que intentó hacer Platón cuando fue a Sicilia «y le fue muy mal»: «No somos nosotros los que tenemos que ir a decirle al príncipe moderno, digamos, a los gobiernos soberanos, lo que tienen que hacer, pero esa tentación que tiene por lo menos 2500 años de formulada sigue presente».
En tercer lugar, apuntó la tentación de ser «pontífices de la torre de marfil». Dijo que el afán por abstraerse del «mundandal bullicio» estuvo hace ocho siglos cuando se crearon las universidades, pero también ahora, y advirtió que esa intención lleva al repliegue, a la autarquía, a decir «reclamemos que nos den buenas condiciones para trabajar y desentendámonos de conflictos sociales, y digamos cada tanto lo que hay que hacer y si eso no se hace, problema de otros».
Algunos antídotos
El rector dio «cuatro pistas» para evitar caer en esas tentaciones. La primera fue «la autonomía conectada con la sociedad»: «Autonomía lejos de la torre de marfil, para meterse en el bullicio, en el conflicto, arriesgando el error y los enfrentamientos, pero con la vocación de que el conocimiento no sea algo que quede encerrado en la torre de marfil ni que pretenda simplemente ponerse al servicio de los poderes fácticos», sintetizó.
No dudó en destacar que «el cambio político muy grande acontecido en este país hace nueve años hizo suponer a algunos que la universidad ya no debía mantener una posición autonómica. “La autonomía —se decía— era cuando había cierto tipo de gobiernos”. Nuestra convicción es que la autonomía conectada con la sociedad implica la disposición a discrepar si hace falta, sea cual sea el gobierno. Y cuanto más próximo uno se pueda sentir en lo personal, con más razón», recomendó.
Arocena mencionó la necesidad de democratizar el conocimiento y criticó el escaso diálogo que tienen las políticas de ciencia, tecnología e innovación con las políticas sociales. Subrayó que es necesario que las políticas sociales hagan mejor uso «del conocimiento que está en pleno proceso de generación».
Consideró la conveniencia de crear «espacios interactivos de aprendizaje», en los que el docente ayuda al estudiante a aprender en lugar de hacer una simple transmisión de conocimientos. El rector habló de reforzar las capacidades del estudiante, de no entenderlo como un sujeto paciente sino como agente de su aprendizaje. Eso mismo lo extendió hacia la sociedad: «No decirle a la gente lo que tienen que hacer sino promover los protagonismos de los involucrados». Dijo que es necesario actuar así por una cuestión ética (la capacidad de expandir las libertades), pero también por algo práctico: «El proceso de política pública no da resultado si no logra que diversos actores conjuguen sus diversos saberes».
La cuarta pista que enunció es la de ligar la investigación a las políticas públicas. «¿Quién decide qué se investiga, a qué se aplica fondos y esfuerzos?» cuestionó. «La pista es: hagamos investigación vinculándola al desarrollo y prioricemos en la agenda los problemas y las metas de las políticas públicas cuando sean democráticas en la manera de enunciarse y en la manera de implementarse», resumió.
En concreto
Para bajar a tierra esas recomendaciones, Arocena puso como ejemplo tres proyectos que ha impulsado la Udelar en los últimos años. Expresó que si se quiere que los estudiantes «aprendan en espacios interactivos donde se conectan con otros actores y de esa manera tengan perspectiva que los lleve a que su carrera vaya orientándose a temas fundamentales para las políticas democráticas» es necesario aprovechar una posibilidad que tienen las universidades latinoamericanas: curricularizar la extensión. Comentó que hace unos años que la universidad viene trabajando en este sentido y que probablemente su total concreción lleve un tiempo más.
Para combatir el divorcio de la ciencia, la tecnología y la innovación respecto a las políticas sociales, describió el programa «Investigación e innovación orientadas a la inclusión social», que la Udelar comenzó a esbozar en 2003. Añadió que el programa reúne a «decisores de políticas públicas, investigadores, voceros de grupos sociales postergados» y pretende determinar «cómo se traduce un problema de un grupo social en una pregunta concreta de investigación y, si es respondida, cómo se hace la traducción inversa, cómo se convierte en un pequeña ayuda para resolver el problema social que le dio origen».
Por último, citó el programa «Art. 2», que hace referencia al artículo de la Ley Orgánica de la Udelar que establece que la institución debe «contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública». Uno de los proyectos que financió ese programa fue el de los juicios ciudadanos (realizados en 2010 y 2011, uno sobre energía nuclear y otro sobre minería a cielo abierto), con el fin de «poner el conocimiento a disposición de los distintos involucrados». El rector remarcó la necesidad de que la universidad no sea aleccionadora sino que dé «elementos de juicio para que la ciudadanía resuelva».
Pero hizo una salvedad: «Hay ciertos momentos en que la Universidad, si tiene a su interna una clara definición democráticamente adoptada, tiene que ir más allá de dar elementos de juicio y tiene que -como también lo dice el artículo 2 de la Ley Orgánica-, colaborar con la defensa de los derechos humanos». Especificó que «en ciertos casos muy especiales entendemos que colaborar a las políticas públicas es tomar directamente partido en los grandes debates ciudadanos». Se refirió a la propuesta de reformar la Constitución de la República para bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años. Afirmó que la Udelar «por razones de principios» así como por «las consecuencias que esa decisión podría tener» se declaró «contra la baja de la edad de imputabilidad, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de la pluralidad ciudadana que caracteriza al país, para oponernos a eso».