El proyecto interdisciplinario, que también evaluará la percepción de riesgo de distintos actores, se presentó este mes y abordará la situación de trabajadores y trabajadoras de Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja, departamentos donde se concentra 76% de la producción de arroz.

Los primeros cultivos de arroz comenzaron a aparecer de forma tímida en nuestro país a principios del siglo XX. Sin embargo, el grano, su forma de producción y paquete tecnológico logró expandirse rápidamente. Durante la última zafra se sembraron 152.022 hectáreas a nivel nacional, según la Encuesta de Arroz que realizó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Un dato particular es que 76% de las hectáreas se encuentran en la zona este, distribuidas en los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja. En esta parte del territorio se registró un aumento del área sembrada de 12,3% en comparación con la zafra anterior y se produjeron 1.067.964 toneladas, lo que implicó un “récord histórico”. Gran parte de este arroz fue exportado.

Pero ¿qué hay detrás de estas cifras? El análisis de la producción agrícola desde una perspectiva económica ha imperado históricamente, dejando de lado las consecuencias en la salud de las personas y el ambiente. Por esta razón, un grupo de seis investigadores e investigadoras de la Universidad de la República propone sumar nuevas variables para lograr comprender la situación de los departamentos donde se produce el arroz.

Jimena Heinzen, del departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina; Maite Zapata, médica especialista en Salud Ocupacional; Gustavo Cánepa y Bruno Guigou, del departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias; y Jorge Suárez y Nicolás Rodríguez, del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, llevarán adelante la investigación Vulnerabilidades a la salud relacionadas con el uso de agroquímicos en trabajadores/as del arroz de la Cuenca de la Laguna Merín, que se presentó el 1º de setiembre en el Centro Universitario Regional Este (CURE) de Treinta y Tres. Buscarán “caracterizar la exposición a agroquímicos de trabajadores/as del arroz”, “cuantificar las enfermedades y accidentes de trabajo registrados por el uso de estas sustancias” y “conocer la percepción de riesgo de distintos actores del complejo arrocero”. El equipo interdisciplinario tiene vasta experiencia en este tipo de proyectos; el más reciente fue en Guichón, Paysandú, donde se centraron en trabajadores y trabajadoras del vivero Santana, propiedad de la empresa finlandesa UPM.

La idea de la nueva investigación –que se desarrollará en Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha– no surgió de la noche a la mañana. Hace más de 13 años que mantienen contacto con el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), realizan trabajos en el territorio junto con ellos y escuchan sus preocupaciones ante problemas de salud que atribuyen a estas sustancias químicas. “Las tres poblaciones más vulnerables a las intoxicaciones son los trabajadores rurales, las mujeres embarazadas y las infancias”, dice Nicolás Rodríguez, quien junto a Jimena Heinzen y Gustavo Cánepa conversó con la diaria sobre el camino que recorrerán.

El trabajador, el lugar de trabajo y los agroquímicos

“Sabemos la sensibilidad del tema, no desconocemos la importancia económica que tiene el arroz para esta zona en particular”, advierte Cánepa. Durante la investigación se plantearán el desafío de reunir en una misma mesa a representantes del sector productivo, de la salud, responsables de las políticas públicas, además de los trabajadores y trabajadoras. “La base es considerar la producción arrocera de la cuenca de la laguna Merín como un territorio. Un territorio como construcción social, donde los distintos actores participan en la producción, cada uno con sus perspectivas, con su poder”, explica. Como la diversidad de visiones de los actores se sostiene en la historia, es necesario hacer un repaso por ella. Y este fue uno de los temas que el investigador del departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias abordó en su tesis de maestría en Ciencias Agrarias. La denominó El territorio del arroz en Uruguay: Caracterización de los pueblos de trabajadores arroceros del Rincón de Ramírez, Treinta y Tres.

Allí relata que, mientras corría 1928, se instaló en el departamento olimareño la Compañía Industrial y de Producción Agrícola, “la primera gran empresa del rubro” a nivel nacional. Dos años después, también nació Arrozal 33 SA. “Estas dos grandes empresas concentraron en una primera etapa la producción de arroz. Esta producción era realizada bajo el modelo de unidades agroindustriales integrando en forma vertical todos los eslabones de la cadena: la producción agrícola, la industrialización y la comercialización”, apunta en su tesis. ¿Cómo se sostienen todas estas tareas? Con mano de obra y, hasta el momento, en los alrededores sólo había unos pocos productores ganaderos. A la situación se sumaba la falta de transporte para que los trabajadores pudieran arribar desde las ciudades hasta los establecimientos. Con el objetivo de satisfacer la demanda de personal, nacen los pueblos arroceros.

El modelo creció de tal manera que en 1940 se promulgó la Ley 9.991, que obligó a los propietarios a construir viviendas, escuelas, brindar servicios médicos, entre otros puntos, en los establecimientos. Incluso, como en el caso de Arrozal 33, los pueblos arroceros y las instalaciones que realizaron los privados perduran hasta la actualidad. “Los trabajadores conviven todo el día con el trabajo, el arrozal, el sistema. De alguna manera, también se reproduce este tipo de trabajo, los que están ahí son hijos de trabajadores anteriores”, dice Cánepa a la diaria. Sin embargo, tal como advirtió en su tesis: “No existe un territorio del arroz único. Las distintas zonas donde se realiza el cultivo de arroz en Uruguay presentan realidades y trayectorias diferentes”. Aquí radica la importancia de estudiar el territorio, su historia y los discursos que lo permean para analizar el impacto de los agroquímicos.

“Uno puede decir que el sector arrocero tiene ciertas características que son parejas en toda la cuenca de la laguna Merín y en todo el país; pero si ponemos una lupa encontramos ciertas diferencias que pueden afectar el vínculo entre los trabajadores y los agroquímicos. Pueden ser pequeñas en cuanto a lo productivo, pero no en cómo se vincula el trabajador con el lugar de trabajo”, sentencia. “Una realidad es si el trabajador vive en una ciudad como Río Branco o Vergara y se traslada todos los días a una chacra arrocera próxima. Otra realidad es la de un trabajador que vive dentro de una arrocera, en establecimientos muy grandes que tienen caseríos dentro, donde el trabajador y su familia están conviviendo cotidianamente. Otra realidad es la de pequeños productores que arriendan un campo, plantan una cantidad determinada de arroz por zafra y después se van a otro lado. Hay distintas situaciones”.

Desnaturalizar el peligro y no esperar

“Parte del objetivo del proyecto es establecer qué necesitaríamos para generar un sistema de vigilancia en salud más eficiente en nuestro país. Actualmente es a través de la notificación de una enfermedad, de un daño. Hay que esperar a que se desarrolle la enfermedad para hacer la denuncia. En todas las enfermedades es de esta forma, salvo algunas excepciones. Este tipo de vigilancia tiene ventajas, pero también desventajas. Existe una gama de grises que no llegan a ser notificados, como situaciones de salud que podrían estar relacionadas a la exposición de agroquímicos”, manifiesta Heinzen.

La investigadora del departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina cuenta que están haciendo un relevamiento de las estadísticas y la calidad de las bases de datos disponibles, con el objetivo de dimensionar la magnitud de la problemática. “La idea es llegar a qué agroquímicos se aplican y qué características tienen los productos. Hay diferentes tipos de exposición, distintos riesgos de enfermedad o intoxicación”, señala.

En este contexto, destaca la importancia de uno de los abordajes que tendrá lugar en la investigación: saber cómo es la percepción de los agroquímicos en las comunidades. “Hay muchas intoxicaciones leves o moderadas que no son denunciadas. Un trabajador puede decir que le arden los ojos, lavárselos y seguir trabajando. Esto fue una intoxicación, leve, pero una intoxicación al fin. Este tipo de casos no están en ningún registro y la percepción, tanto de quienes están a cargo de la producción como de quienes trabajan directamente, es muy importante”, indica.

Entre Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha estiman que hay alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras vinculados a la producción de arroz. “Nuestros números poblacionales son pequeños. Quizás, para que aparezca un número considerable de enfermedades que no son tan frecuentes, tiene que pasar mucho tiempo. No es lo mismo cuando hablamos de campesinos o trabajadores rurales de Brasil o Argentina. Cualquier pueblo pequeño de Argentina tiene 5.000 habitantes”, explica. También relata que, mientras los años pasan, las personas viven los efectos en carne propia. “En otros países se viene estudiando y sí hay número relevantes de enfermedades causadas por intoxicaciones con agroquímicos. Tenemos que tomar estos antecedentes, no podemos esperar. Los productos que se utilizan acá son los mismos que se utilizan en Argentina y Brasil, es esperable que las respuestas sean las mismas”, enfatiza, y recuerda la necesidad de respetar el principio precautorio.

Por otra parte, Rodríguez afirma que examinarán “si estamos en un contexto de subnotificación o no”. “En otros países pasa. Por ejemplo, en Brasil está estudiado que por cada situación de intoxicación que se notifica, hay 50 que no se notificaron. Esto en Uruguay no se hizo todavía. Nuestra idea es ver en qué estado de situación estamos para hacer propuestas de cómo mejorar los registros, ver cómo operan los obstáculos para hacer una notificación de intoxicación, cuáles son los puntos de vista de los actores vinculados a este tema y la percepción de riesgo”, agrega.

Un problema histórico

El investigador del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología también se refirió a la presentación del proyecto en Treinta y Tres, donde participaron integrantes de los diferentes sectores vinculados al arroz. “Lo novedoso es que hubo mucha inquietud y cierto interés en ir compartiéndolo. Nosotros nos estamos planteando hacerlo sistemáticamente durante la investigación”, comenta. A su vez, indica que tienen que “profundizar un poco más” en los contactos con los responsables de las políticas públicas. “Los proyectos que ha habido de seguimiento de este tema han sido cuando los equipos externos a la zona investigan. Hay trabajos muy interesantes en Bella Unión, Estero de Farrapos, Young, Guichón, en el arroz antes, pero se retiran estos equipos y los temas no siguen. Esa es la gran inquietud que tenemos. Venimos problematizando cómo incorporar la dimensión de la investigación a las políticas públicas y que no sea externo”, plantea.

Enseguida, lanza la pregunta: “El país es agroexportador. ¿Por qué no hay un instituto de investigación en salud rural en Uruguay?”. Para Rodríguez, son varios los actores que estamos en debe con la población rural. “Un planteo que existe es: ‘Denuncien las intoxicaciones, si no denuncian no va a pasar nada’. Se les pide a comunidades que están vulneradas en su historia, en sus derechos. ¿Les vamos a pedir a ellos y ellas que tomen la posta y hagan una denuncia, sostengan un proceso judicial? ¿O tenemos que entrar otros actores y actrices como la prensa, la Universidad, las políticas públicas y otros sindicatos a hacer algo? Es un problema histórico, si otros actores no entran en el juego, como lo estamos planteando, no vamos a poder dar un salto como país. Esto trasciende los sectores partidarios, tiene más de 100 años en Uruguay. Es un proceso histórico en el que nos vamos a encontrar con un escenario, pero no es novedoso”, resalta.

Rodríguez dice que, desde el comienzo del proyecto, la situación de Julio de los Santos estuvo sobre la mesa. Julio trabajó y vivió en Arrozal 33, donde las aplicaciones de agroquímicos, la falta de protección para manejarlos y las injusticias después de denunciar a la empresa por padecer graves enfermedades estuvieron a la orden del día. El psicólogo cuenta: “Movió mucho a todo el sector. Nosotros tenemos la voluntad de hacer un trabajo en términos poblacionales, de colectivo de trabajadores, y aportar evidencia. En la región se viene estudiando, en Uruguay venimos un poco más atrás”. Sin dudas, la investigación servirá para poner un poco de luz a un problema olvidado.