Un equipo de investigadoras e investigadores de las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias, de la Universidad de la República (Udelar) llevan adelante un proyecto para conocer los efectos de los agroquímicos en trabajadoras y trabajadores de arroceras de Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo.

El Portal de la Udelar dialogó acerca de este trabajo con dos de los integrantes del equipo que desarrolla esta investigación, Jimena Heinzen, Médica de Familia y Comunidad y Magíster en Epidemiología; y Nicolás Rodríguez, docente Grado 4 del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología.

Rodríguez explicó que el proyecto se financió con fondos provenientes de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar, en el marco de un llamado de 2021 a proyectos de vinculación Universidad, Sociedad y Producción de la CSIC. Estas convocatorias tienen como requisito una contraparte del sector productivo, que en este proyecto fue el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Arroz y Afines (SUTAA). Acotó que la modalidad de convocatoria a la que presentaron el proyecto, cubre todo el presupuesto de la investigación. Resaltó que se trata de un tema controversial en el territorio, una discusión vinculada especialmente a los riesgos para la salud de estar expuesto a estas sustancias químicas y que se manifiesta en posturas contrarias. Por un lado los trabajadores y trabajadoras a través del sindicato señalan la ocurrencia de distintos trastornos como cefaleas, anomalías en la piel, entre otros, asociados al uso de estas sustancias, impacto que es coherente con la bibliografía científica internacional. Por otro lado otros actores, en especial provenientes del mundo productivo, relativizan el problema, sostienen que con la gran evolución tecnológica que se ha alcanzado, los riesgos se han minimizado al máximo.

Antecedentes y objetivos

Los investigadores destacaron que la problemática del impacto del uso de los agroquímicos en la salud de las trabajadoras y los trabajadores se empieza a hacer visible hace unos 15 años, Uruguay es un país importador de agroquímicos, y se da un pico de crecimiento de esta importación entre los años 2013 y 2014, asociado al aumento del cultivo de soja que se intensifica alrededor del año 2000 y llega a superar a la carne como rubro de exportación. Heinzen acotó que no obstante se utilizan agroquímicos en distintos tipos de cultivos desde muchos años antes al 2000, con la diferencia que estaban compuestos por otro tipo de sustancias. Además existían diferencias en el laboreo, en los años 80 por ejemplo,se utilizaban máquinas como el tractor, hoy en día el laboreo de la tierra en cultivos extensivos se realiza fundamentalmente a través de tecnologías químicas, que permiten ahorrar procesos pero configuran un fenómeno nuevo.

Rodríguez señaló que esta intensificación productiva no fue acompañada por políticas de salud, y de comunicación de riesgo y las comunidades comienzan a darse cuenta que tenían estos cultivos cada vez más cerca. Recordó que en 2010 y hasta 2015, junto a otros compañeros y compañeras, cuando recién había egresado de la carrera, realizaron un trabajo en Río Branco en el marco de un vínculo de la Unidad de Extensión de Cerro Largo con el sindicato de los trabajadores y trabajadoras del arroz. En esa zona la preocupación por la temática de los agroquímicos ya se encontraba presente en aquel momento y en el marco del estudio se realizó un primer diagnóstico de la situación de salud de trabajadores y trabajadoras del arroz que incluía la exposición a dichas sustancias.

Posteriormente integraron a la investigación a los trabajadores y trabajadores de la fase industrial de toda la cuenca de la Laguna Merín desde Cerro Largo a Rocha quienes con el paso de los años mantuvieron el interés por esta problemática. Este interés se potenció además porque entre ellos surgieron problemas de salud que podrían estar asociadas a su actividad laboral. En ese sentido, la propuesta de investigar la exposición a agroquímicos en trabajadores y trabajadoras de la fase agrícola del arroz, fue planteada en primera instancia en la ronda de consejos de salarios del sector de 2020 por el SUTAA, con el apoyo de docentes de la Udelar y del equipo técnico del PIT-CNT y aunque los empresarios no apoyaron la iniciativa en ese momento ahora se concreta a través de este proyecto con fondos de la CSIC.

El objetivo principal del Proyecto es analizar las vulnerabilidades de la exposición a agroquímicos en trabajadores rurales de la fase agrícola del arroz, en la cuenca de la Laguna Merín e identificar estrategias de monitoreo activo, seguimiento y generación de información, de esas situaciones. Apuntan a indagar qué acciones se están llevando adelante en cuanto a políticas públicas y trabajo bipartito y qué aspectos se podrían mejorar. Buscan también caracterizar la exposición – qué productos se utilizan, cuándo, en qué momento de la producción los trabajadores y trabajadoras están expuestos a las sustancias – y relevar bases de datos públicas que operan con sistemas de vigilancia. Buscan entender cómo se puede pasar de la llamada vigilancia o monitoreo pasivo, que es el registro de las denuncias que hacen las y los trabajadores en alguno de los organismos, cuando ocurre alguna situación de exposición a agroquímicos que impacta en su salud, a una vigilancia activa del tema, que permita atender preocupaciones vinculadas a enfermedades, síntomas, problemas ambientales, etc, antes que las situaciones se concreten.

Etapas

El una primera etapa que se extendió desde abril de 2022 hasta diciembre del mismo año apuntaron a conocer la situación actual, los intereses y perspectivas de los distintos actores, con qué bases de datos cuentan y qué zonas existen. Se dedicaron a mapear los actores e indagaron qué percepciones tienen sobre el tema, qué discursos generan acerca de estas sustancias, los trabajadores y trabajadoras, los actores empresariales, los referentes de las políticas públicas y los actores del sector salud. Asimismo se plantearon delimitar bien la zona de estudio e identificar en ella algunos casos paradigmáticos para profundizar. Paralelamente estuvieron trabajando en el acceso a la base de datos del Banco de Seguros del Estado (BSE), del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), del MSP, del Ministerio de Ambiente y del MGAP.

Posteriormente realizaron tres presentaciones públicas del proyecto, una en la sede Treinta y Tres del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Udelar, que fue una instancia abierta a todos los actores vinculados al sector, otra en la Mesa de Desarrollo Rural del Norte de Rocha, invitados por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y la tercera, una actividad específica con referentes de las políticas públicas, en la que participaron el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Trabajo, (MTSS), intendencias y municipios y que se realizó a través de plataforma Zoom a fines de 2022.

En la actualidad el equipo de investigación se encuentra en la segunda etapa del proyecto en la que está analizando la base de datos de los organismos a lso que fue posible acceder como el MSP, el Banco de Seguros del Estado, el Ministerio de Ambiente y el CIAT (no fue posible obtener los datos del MGAP). En esta etapa están cuantificando el fenómeno, conociendo los productos químicos que se utilizan y caracterizando la exposición de las y los trabajadores a estas sustancias. Para este estudio definieron tres zonas por sus particularidades, Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, Rincón de Ramírez, al este de Treinta y Tres y Cebollatí, en el departamento de Rocha. En estas zonas están haciendo un estudio más específico, enfocado en indagar las percepciones, las exposiciones e intoxicaciones en cada territorio para identificar si existen diferencias entre ellos. «Si bien estos territorios parecen homogéneos, en realidad no es lo mismo una ciudad que tiene un desarrollo industrial, de servicios, a las que llamamos agro ciudades, que una chacra de 9000 hectáreas con casas y escuela dentro, o que una zona de pequeños predios que tiene un vínculo fuerte con el molino», explicó.

La última etapa está prevista para desarrollar en 2024, se vincula con la devolución de los resultados de la investigación y con el diseño de estrategias. No obstante Rodríguez destacó que debido a que en el proceso generaron vínculos con otros actores además de los que ya tenían con el sindicato, como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Treinta y Tres, la Asociación de cultivadores de arroz (ACA) y con referentes territoriales, se despertó mucho interés por parte de estos actores en la investigación y la devolución de resultados fue sistemática durante todas las primeras etapas del proyecto.

Metodología

Heinzen señaló que abordan este trabajo, desde una concepción amplia de la salud colectiva, multidimensional, que incorpora las condiciones de vida, históricas y el lugar que ocupa la persona en el proceso productivo, entre otros factores. «El contexto en el que se da la exposición, las tareas que está realizando el trabajador o trabajadora mientras esta ocurre, cómo se organiza el trabajo y la producción, como es su historia en el territorio, cómo se vinculan los distintos actores y cómo se han vinculado históricamente, todas esta información la perderíamos si nos acercamos al tema con una mirada uni disciplinar, abordando solamente la sustancia, el momento y tiempo de la exposición y la superficie corporal de las personas», apuntó.

Entienden por tanto que es necesaria una perspectiva interdisciplinaria para analizar estos problemas. En ese sentido los integrantes del equipo de investigadores pertenecen a diferentes disciplinas: Gustavo Cánepa y Bruno Guigou, Licenciados en Geografía; Jimena Heinzen, Médica especialista en medicina familiar y comunitaria y Magíster en epidemiología; Maite Zapata, Médica especialista en salud ocupacional y Magíster en epidemiología; Jorge Suárez que está radicado en Cerro Largo y es Licenciado en Psicología y Nicolás Rodríguez, Licenciado en PsicologíA, Magíster en psicología social y Doctor en salud colectiva.

Barreras para la notificación

Uno de los aspectos observados en el proyecto se vincula a cómo influye el contexto de las y los trabajadores y el aspecto psicosocial, a la hora de decidir denunciar o no un evento de exposición a agroquímicos. En un taller de los que realizaron con las y los trabajadores en el marco del proyecto recibieron más notificaciones de estos hechos que en 5 a 7 años de información del BPS, del CIAT, del MSP y del Ministerio de Ambiente, (no pudieron acceder a los datos del MTSS y a los del MGAP). «Un trabajador rural que vive en la localidad de Vergara por ejemplo, en el medio de una arrocera, si sufre un impacto por el uso de agroquímicos muchas veces desconoce los procedimientos que debe seguir ante esa situación, ante qué institución o instituciones debe denunciar el hecho o tiene miedo a las represalias que le puede traer realizar esta notificación», señaló Rodríguez.

Heinzen explicó que «los sistemas de vigilancia en salud que existen en nuestro país, con excepción de algunas enfermedades puntuales como la gripe o como sucedió con el COVID-19 para las que se estableció un monitoreo activo, en general se caracterizan por una vigilancia pasiva en la que la autoridad sanitaria recibe las denuncias, los Ministerios no tienen capacidad de control, de salir a buscar los casos, lo que llega es lo que hay», expresó. Indicó que se ha podido observar una discordancia entre los datos de estas cuatro bases, previamente suponían que todos los accidentes de trabajo habrían sido denunciados al MSP, al BPS y al MTSS, pero vieron que los números eran muy diferentes entre una y otra institución, lo que esto ponen de manifiesto una cierta descoordinación en el abordaje del problema.

Heinzen entiende que esto se debe a varios factores, entre ellos las dificultades de las personas para acceder al sistema de salud a atenderse en pueblos rurales del interior alejados de los centros de salud y debilidades del sistema sanitario. En este sentido señaló que sería importante que cuando alguien consultara en un centro de salud por una alergia, el médico no solo le indicara un medicamento para atender esta afección puntual y lo manden para la casa, sino también le preguntaran en qué rubro trabaja, si estuvo expuesto a algún producto químico, etc. Añadió que falta formación sobre los protocolos de actuación frente a estos casos o estos no están lo suficientemente claros y definidos.

Otras barreras tienen que ver con que las denuncias que se realizan en los ministerios en estos casos frecuentemente no son fáciles o accesibles y con la naturalización por parte de las productoras y productores y las y los y trabajadores, de los riesgos por la exposición a estas sustancias. En ese sentido Rodríguez recordó que recibieron respuestas como: «hace tanto que trabajamos con esto que a veces hay cosas que se nos pasan, no utilizamos las medidas de protección».

Resultados preliminares

Heinzen indicó que en los resultados preliminares analizados se observa una preeminencia de los casos agudos. La literatura biomédica sobre el tema también es mas abundante en relación a la exposición aguda. Explicó que esto se debe a que en epidemiología no es tan sencillo establecer relaciones de causalidad.

Es por ello que en esta temática no se habla de causa de enfermedad sino de asociaciones. En este sentido se han documentado en la bibliografía médica asociaciones de estas sustancias, con problemas reproductivos, gestacionales y malformaciones y algunos tipos de cáncer, pero es muy difícil establecer la causa directa entre estos factores. Entiende por tanto que uno de los desafíos más grandes para la medicina es comunicar aclarando que se está hablando en términos de probabilidades, de riesgos, de posibilidad de que ocurra un fenómeno y por ende la estrategia debería ser preventiva. «Existen riesgos pero no podemos decirle con certeza a los trabajadores: después de determinado período estos son los problemas de salud o enfermedad que adquirirán», sostuvo.

Rodríguez añadió que en relación a esta dificultad de unir causas con efectos en forma directa, hoy las investigaciones en la temática apuntan a cómo pensar en términos de vulnerabilidad. En este marco, en los territorios investigados intervienen la asistencia de salud, la educación, el trabajo, cuántas horas trabajan y en qué formato, la vivienda, si viven dentro o fuera de la arrocera, distancia de la vivienda con los lugares de aplicación de los agroquímicos, aspectos ambientales por ejemplo los cursos de agua cercanos, entre otros.

«Con esta perspectiva dejamos de discutir acerca del riesgo estadístico o probabilístico, y pasamos a hablar del riesgo contingencial, no importa si son 10, 20 mil o 10.000 casos, las personas que viven en un territorio arrocero donde se fumiga, ¿por qué deben correr el riesgo de resultar expuesta a estos productos y poder adquirir un cáncer o en el caso de una embarazada sufrir un aborto o la malformación de su bebé?», explicó. «Es un tema muy complejo porque se vincula a los derechos, a la forma de trabajar, a la manera de organizar el territorio, si no lo analizamos teniendo en cuenta todo este conjunto de factores, vamos a dar respuestas fragmentarias y con lógicas que a veces no son las de la preocupación de la gente», añadió.

Rodríguez resaltó que algo que diferencia este proyecto de trabajos anteriores que habían llevado adelante es que los distintos actores involucrados en la temática tienen un gran interés por dialogar, intercambiar, y de escuchar la postura de la Udelar. Señaló que este interés ha hecho que no se quedaran en un diálogo único con el sindicato de trabajadores y trabajadoras, como podría haber sucedido. «Si queremos generar alguna estrategia alternativa, obviamente las políticas públicas tienen un rol, las empresas y los trabajadores el suyo, pero es del conjunto de los actores que puede salir algo interesante», concluyó.