Cuando una persona asume que desea reacomodar su cuerpo al sexo que corresponde a su identidad, a través del quirófano del Hospital de Clínicas, se abre paso a un proceso complejo en el que, a través de sucesivas etapas, deberá probar ­al menos en nuestro país­ que padece un Trastorno de Identidad de Género (TIG) y que conoce que su decisión no tendrá vuelta atrás.

Ahora, gracias al diálogo entre las cátedras de la Universidad de la República y los colectivos trans, se acordaron cambios en el protocolo de atención de estos casos, vigente desde la década del 80. En ellos se recogen reclamos planteados durante años. La reunión final, en la que se concluirá el protocolo, será el viernes de la semana que viene, informó la doctora Michelle Suárez Bertora, de Ovejas Negras, primera abogada trans de nuestro país. Sin embargo, los puntos esenciales ya están definidos.

Lucha

La psicóloga Liliana Guerrero, profesora de la Facultad de Psicología e integrante del equipo de trabajo del Hospital de Clínicas, destacó que el cambio más importante consiste en que "hasta el momento se requería un carné de pobre para ser intervenido". Ahora todos los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) podrán iniciar su proceso de diagnóstico en el Clínicas, en el que participan psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos y urólogos, entre otros especialistas.

De cualquier manera, los usuarios del SNIS que estén asociados a mutualistas (no así los de ASSE, que son la mayoría de la población trans) deberán realizar un trámite en su institución médica para que esta asuma los costos de la intervención. Suárez Bertora considera que todas las mutualistas tendrán que pagarlos ya que, en caso contrario, estarían violando el principio de igualdad. Paralelamente, se buscan fondos internacionales para asumir estos costos sin necesidad de que las mutualistas desembolsen una suma.

Leticia Rieppi, coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, informó que las intervenciones para reasignar el sexo aún no se incluyen en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), que establece las prestaciones obligatorias de las instituciones. Aclaró que "todo el PIAS se está discutiendo", aunque las prestaciones se van incluyendo paulatinamente y estas intervenciones no están entre las próximas incorporaciones.

Otro de los logros es la formación de una policlínica multidisciplinaria pero unitaria dentro del Hospital de Clínicas, según Guerrero y Suárez Bertora. "El consultante deambulaba de un lado al otro, aunque hay que reconocer que los profesionales siempre fueron abiertos y accesibles. Pero a partir de ahora encontrará todo centralizado y su historia quedará documentada en un único lugar", explicó la abogada.

Golpeados

Un aspecto relevante será que se estipularán plazos mínimos y máximos para que el equipo de profesionales responda a la persona si su caso amerita una intervención quirúrgica. "Dos años se considera el mínimo indispensable para que atraviese este proceso, pero a los tres años deberá haber una primera devolución para no jugar con las expectativas de la gente. Antes podían pasar 10 años antes de escuchar un 'no'", dijo Suárez Bertora.

Además, este "no" puede no ser rotundo. Y en cualquier caso, quien no sea sometido a intervenciones quirúrgicas podrá acceder a tratamientos psicológicos. Eso solo si lo requiere por conflictos paralelos, ya que, según Guerrero, ser trans no amerita psicoterapia "porque no es algo que la persona tenga que cambiar". Sin embargo, "la persona trans llega muy golpeada, social, familiar y laboralmente", resumió Suárez Bertora.

Precisamente, otro acuerdo obtenido implica que todos aquellos que emprendan el proceso de diagnóstico ­y no solo quienes estén aptos para operarse­ podrán acceder a tratamientos cosméticos que hasta ahora no se proveían. Estos incluyen hormonas e implantes mamarios, en el caso de las jóvenes trans.

"Mejora su calidad de vida. Hasta ahora muchas veces terminaban usando hormonas de mala calidad en cualquier lado, con efectos negativos para su organismo", indicó Guerrero.

Otros cambios en el protocolo incluyen el seguimiento sanitario de las personas que son intervenidas y la posibilidad, para aquellos que no acceden a esta posibilidad, de impugnar su caso y obtener el diagnóstico de un nuevo equipo de especialistas. Esto, según Suárez Bertora, "ofrece garantías a los postulantes y los profesionales".