El ataque a una mujer trans en Salto y lo que aparece detrás.

Técnicos y militantes de Salto responsabilizan de tanta violencia al discurso de la senadora Verónica Alonso y compañía, porque “alimentó la construcción social del menosprecio y el odio hacia gays, lesbianas y trans”. La semana pasada a Valeria le pegaron en las tetas, la escupieron en la cara, le patearon los testículos. Ante la agresión, del conservadurismo al feminismo, las reacciones en Salto son diversas.

Una señora va caminando detrás de su marido: los dos siguen de largo, pero ella va aplaudiendo. Entre los muchos que avanzan con paso apurado y cabeza gacha, un tipo se queda apoyado en el semáforo y frunce el ceño en un esfuerzo vano por comprender lo que ve. Atrás de él hay una feria, señoras con chismosas y señores con pinta de no haber dormido en toda la noche. Cada tanto alguien pregunta de qué va la cosa y uno grita una aprobación un tanto escolar del tipo “¡Muy bien!”, que no viene al caso, y como la pronuncia un hombre genera la burla de las mujeres.

Ellas oscilan entre las dos intersecciones de la esquina al ritmo del semáforo y con la pancarta a cuestas: el tránsito nunca se detiene y es la luz roja la que las habilita a ocupar la calle. Una gurisa –15 años, parece menos, no puede tener mucho más– sostiene la pancarta con una mano mientras fuma con la otra –los dedos apretados– y bajo el brazo aguanta un termo que tiene años de pegotines de lucha social. En la vuelta nadie parece acostumbrado a tal demostración de fuerza feminista, pero ella sí. Suelta la pancarta, toma el altoparlante y canta: “Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer”.

Con camisetas que tienen el logo de Proyecto Segunda República Oriental –una organización fascistoide que se opone a la ley integral trans, y ya que estamos también a las personas trans–, 1  irrumpen en la manifestación una mujer y un hombre, sacan fotos, dejan asentado que en ese pueblo hay una vereda de enfrente. Es domingo de mañana en la esquina de Ferro, 19 de Abril y Blanes. La alerta feminista fue convocada porque el miércoles 7 atacaron a Valeria, una mujer trans. Hoy, en Salto, le ponen cuerpo al odio.

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A Valeria le pegaron cuatro varones, que son gurises, que eran vecinos. Le pegaron en las tetas, la escupieron en la cara, le patearon los testículos. Cuando la cincharon del pelo le preguntaron si era peluca. Cuando le pegaron en las tetas le dijeron que se las iban a romper porque igual con la plata de “la pensión” se las iba a poder hacer de nuevo. Cuando le pegaron en los testículos le preguntaron para qué los quería. Poco tiempo antes, su pareja ya había recibido dos golpizas de esos y otros pibes. Y antes y después de la violencia física, su casa recibió las pedradas de esos y otros pibes. Su casa recibió las piedras del barrio.

A Don Atilio, en Salto, Valeria llegó en marzo, pero fue en agosto que empezaron las agresiones, cuando se dieron cuenta de que era trans. “Alquilamos una casa hermosa, y no nos podíamos sentar a tomar mate afuera ni sacar a los perros porque nos tiraban piedras. La parada del ómnibus, que me quedaba a dos cuadras, tuve que cambiarla por una más arriba para entrar por el otro lado y que no me vieran, y caminaba ocho cuadras en vez de dos.”

El 13 de setiembre, la primera vez que golpearon a su pareja, hicieron la denuncia, pero no pasó nada. En la segunda agresión, “le fisuraron una costilla y le robaron el celular. Eso fue un domingo, y pasó lo mismo: hospital, algunos remedios, de vuelta a casa”.

El miércoles de la semana pasada Valeria se levantó temprano. Iba a ir a la oficina del Ministerio de Salud Pública en Salto a hacer un trámite: quería obtener el cambio de nombre de su título de auxiliar de enfermería, el único documento que le falta modificar. “Tiraron una piedra y salí. Vi a uno y le dije: ‘Si sos tan hombre y tenés huevos, vení’. Se fue caminando, yo lo seguí, pero cuando llegó a la esquina fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Empezaron a llover piedras, y yo seguí buscándolo, él estaba con su característico gorrito rojo. Cuando iba llegando al Caif de la esquina, salió. Me dijo: ‘¿Qué te pasa, puto?’. Salieron tres más del Caif, me pegaron una patada en la rodilla y me caí. Después de que me caí, olvidate.”

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“¡Qué idea venirse a Salto!”, arranca Marcela Azambuja, directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), un poco en broma, bastante en serio. “Lo más triste es que Valeria venía esperanzada de que Salto era más seguro y tranquilo”, dice con culpa Jorge Soto, coordinador técnico de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia y miembro de la organización Ciedur.

Lo dicen porque llegó al departamento en el que un diario tituló “Uruguay de luto: FA aprobó la ley trans y éstos recibirán dinero mensual”. El mismo donde todos los ginecólogos apelaron a la objeción de conciencia cuando se aprobó la despenalización del aborto. El lugar donde el intendente, Andrés Lima, ya antes de ser bendecido por un pastor evangélico en la oficina municipal, prohibió a las organizaciones hacer manifestaciones en las plazas, pero siguió habilitando el uso de ese espacio público para los cultos de diferentes iglesias, sobre todo de Misión Vida, una de las que trabajó más intensamente durante la campaña contra la ley integral trans. 2

En Salto viven 55 personas trans, el 5,9 por ciento de la población total, según el censo que realizó el Mides en 2016. La edad media es de 32,1 años –sólo Tacuarembó y Maldonado tienen un valor aún más bajo–, y no hubo ninguna persona censada mayor de 65 años. El 32,7 por ciento de la población vive sola. Según cuentan desde la Coordinadora de la Diversidad y el Centro de Atención en Psicología Afirmativa (Capa), hay pocos casos, menos de cinco, de varones trans; la gran mayoría son mujeres. Desde que se otorga, es decir, desde fines de 2012, 65 personas obtuvieron en Salto una Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans (Tus Trans) y de 2013 hasta ahora, 37 han solicitado el cambio de identidad registral.

Y es que no todas deciden hacerlo: “Para qué me voy a cambiar el nombre si por más que me vea más mujer, que me arregle un poco más, en la calle me van a seguir diciendo ‘puto’. No va a cambiar en nada”, desliza, con desgano y frialdad, una mujer trans.

Paribanú Freitas, docente de Facultad de Psicología que trabaja en Capa, plantea que de todas maneras ahora “hay muchas más chicas trans insertas en el liceo, y hay profesores que se esfuerzan muchísimo para incluir, mientras que otros se ponen en el lugar de ‘yo los voy a seguir llamando por este nombre hasta que lo cambien en la cédula’, y yo no termino de entender cómo pueden ser docentes”.

Pero con la Policía el abuso de poder es obsceno. Una mujer trans cuenta, por ejemplo, que “le habían robado el celular a una amiga, entonces, fuimos a hacer la denuncia. Nos dijeron que para que nos dieran una copia teníamos que hacerles sexo oral a los que estaban de guardia”.

Otra relata que “cuando ejercí la prostitución, como nueve meses fueron –no me arrepiento, pero fue el tiempo de la peor violencia que sufrí–, una vez casi nos matan a una compañera y a mí. Fuimos a la seccional, y lo menos que hicieron fue tomarnos la denuncia. Nos pidieron los teléfonos para que saliéramos con ellos, y nos dijeron que volviéramos a trabajar, que el móvil iba a pasar por ahí. Volvimos y nos tuvimos que enfrentar, a los baldosazos terminamos, pero el móvil nunca apareció”.

Sin embargo, Salto es también un departamento en el que las organizaciones salen a la calle y las instituciones procuran tejer artesanalmente una red para abordar las problemáticas de las personas trans. En 2012, cuando el Mides sacó la Tus Trans, surgió la idea de que se formara un colectivo: “Fueron más rápidas que nosotros. De un día para el otro teníamos 20 chicas trans usando la oficina como lugar de reunión”, cuenta Azambuja. Para el 17 de mayo siguiente, año 2013 y día de lucha contra la transfobia, quisieron hacer una marcha. Azambuja recuerda: “‘Salto no está preparado para esto’, les decía. Yo tenía miedo y ellas tenían hambre. Sentían que se había abierto una ventana y había que meter por ahí todo lo que entrara antes de que se volviera a cerrar”.

Con el tiempo ese colectivo se disolvió, pero hoy está la Coordinadora de la Diversidad, que surgió para organizar la marcha de setiembre y ahora cumple un rol bastante más amplio que ese. Hay, además, otras tres organizaciones salteñas que abordan estos temas: Waslala, La Tambora y Resistencia Feminista. En total, son unas cien personas las que militan.

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Valeria, con 40 años, quiso escapar de la capital –de la locura montevideana, de lo caro que sale todo, de la inseguridad– y “tocó venir a Salto. Yo nunca tuve problemas de discriminación en mi trabajo. En el Pereira Rossell trabajé 10 años, hice toda mi transición y siempre tuve el apoyo de mis compañeras, así que nunca me imaginé que me iba a encontrar con este muro de hierro. Acá no hay ni una trans trabajando en la salud”. Valeria es auxiliar de enfermería y está estudiando para vacunadora, pero no tiene trabajo, y en su búsqueda, y en su angustia, fue que acudió a Capa, al Mides, a la Intendencia, a Ciedur. Eso, justamente, fue lo que la “salvó”.

Los técnicos de las instituciones acompañaron el proceso de denuncia policial y judicial, estuvieron pendientes de la atención sanitaria y la ayudaron a mudar sus cosas. Ahora Valeria está en Montevideo, pero por poco tiempo. Volvió al Pereira Rossell esta vez como paciente para que la atendiera directamente Daniel Márquez, un médico que es referencia en Asse en la atención de personas trans.

La mayor preocupación de Valeria, y de los profesionales que la apoyaban, era lo que podía estar ocurriendo adentro de su cuerpo –algo que no parecía quitarle el sueño a los médicos salteños–, luego de haber sufrido golpes en sus senos: Valeria no tiene implantes, sino silicona industrial, una sustancia sumamente tóxica vinculada a la baja expectativa de vida de las mujeres trans.

En términos generales, “luego de que se inyecta la silicona, los riesgos a corto plazo son una infección generalizada y la muerte”, explica Márquez, y “a largo plazo, el daño de órganos y la discapacidad”, dependiendo de cómo fue inyectada, dónde y en qué cantidad. Si la persona, cuando se la aplican, “resiste esa gran toxicidad, se salva, y en general vive un período sin complicaciones hasta que la silicona migra”.

Habitualmente es inyectada en la cara, en los pectorales o en los glúteos –aún hoy se sigue utilizando, subraya con preocupación Márquez–, y “si al principio es una masa compacta, con el tiempo se van generando granulomas, unos bochones que van migrando de a poco hacia abajo y quedan instalados en otro lugar”. Por ejemplo, del glúteo puede correr por la pierna hasta llegar al pie, y “en esos casos la persona tiene que aprender a caminar con una anatomía nueva, o puede migrar hacia los testículos, y eso hace que queden impregnados de este producto tóxico”.

Después de verla y de tener la mayoría de los resultados de los estudios médicos, Márquez asegura que Valeria está fuera de peligro. El fin de semana, luego de que estén prontos todos los exámenes, volverá a Salto, pero a otra casa, a otro barrio, con su pareja y sus seis perros –de los que habla más que de nadie y son como sus“hijos”, o sin el como–, cinco montevideanos y uno salteño. La Coordinadora de la Diversidad está haciendo una colecta para pagar lo que la inmobiliaria le cobra por rescindir el contrato anterior, unos 24 mil pesos.

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“Este es un lugar de alta intensidad. Hay discursos que en el sur están empezando a engendrarse y acá están creciendo a partir de estructuras preexistentes muy sólidas. No es un fenómeno emergente”, plantea Freitas, aunque aclara:“Claramente (la senadora) Verónica Alonso es una de las principales responsables de esta situación de violencia. En este año y medio fue una de las que alimentó la construcción social del menosprecio y el odio hacia gays, lesbianas y trans”.

Alonso –nacionalista que tejió alianzas políticas con evangélicos conservadores, particularmente el apóstol Jorge Márquez y el diputado Álvaro Dastugue, líderes de la iglesia Misión Vida– pasó casualmente por Salto y emitió un comunicado en el que volvió a decir “injusticia” al referirse a la ley integral trans: “Advertimos que se iba a generar esta discriminación”.

En Salto, los técnicos y militantes piensan que Alonso y compañía “sembraron un discurso de odio con base en un argumento falaz: a una población que se muere en promedio a los 38 años, ¡¿llamarla privilegiada?! Luego, el enunciado de Verónica Alonso, el repudio al cobro de una pensión, aparece en una situación social, y no puede salir a decir que ella había avisado que esto iba a pasar. No se puede avisar, hay que dejar de construir las condiciones que hacen que estas cosas pasen. Y su discurso trabaja justo para el otro lado”, sostiene Freitas, a lo que podría añadirse lo que Tomás Bentos, de la Coordinadora de la Diversidad, plantea: “Esto que pasó está directamente vinculado. La gente está enojada, y, pese a que nos hemos cansado de aclararlo, en la alerta apareció de nuevo la idea de ‘eso les pasa por cobrar una pensión’”. Lo que se han cansado de aclarar es que la pensión sólo la reciben aquellas personas trans que nacieron antes de diciembre de 1975 y sufrieron violencia institucional. Claramente, Valeria no es una de ellas.

Como sólo uno de los acusados es mayor de 18 años, Bentos considera que “no debería pasar que los metan en el Inau y ya. Se debe bajar al territorio, se debe romper esos tabúes, hay que dar talleres de educación sexual”. En los barrios más humildes, como Don Atilio, plantea Bentos, es donde los discursos machistas permean con mayor facilidad, y “Alonso, Dastugue y Márquez han sabido implementar una campaña, muy vista, en la que son gurises los que informan o, mejor dicho, los que desinforman. El discurso pudo haberles calado más hondo a estos otros gurises”, analiza, algo que Soto complementa: “Hay gente que está usando a estos jóvenes. Hubo golpes, pero también palabras concretas. Detrás de ellos, hay un pensamiento perverso que nos tiene que poner en alerta”.

Freitas, en la misma línea, plantea que la reacción, ahora, no debe ser penalizar, sino que haya justicia. Desde Capa, “como movimiento social y movimiento técnico que pretendemos un cambio estructural, nos corremos de la actitud punitiva, pero sí queremos que haya restitución, que haya un trabajo en estos barrios, y apelamos a cualquier cuestión socioeducativa que pueda existir. Porque más allá de que sean gurises, lo cierto es que le rompieron una teta y pusieron en riesgo su vida. Los gurises son una expresión del mundo adulto, pero eso tampoco quiere decir que debe haber impunidad”.

Bentos lo resume de esta forma: esta es la agresión física contra una persona trans más grave que ha ocurrido en Salto, al menos de la que ha habido noticia, “y va a marcar un precedente, tanto si queda impune como si se logra una reparación”.

• 1Véase “Museo de grandes novedades”, Brecha, 13-X-17.
• 2Véase “Cruzada disfrazada”, Brecha, 24-IX-18.