Sólo una de cada 144 mujeres que sufren acoso sexual laboral se anima a denunciar.

Según datos oficiales, de cada 144 mujeres que dicen haber sufrido acoso sexual laboral sólo una denunció el hecho. La dificultad para probar el delito, la percepción social y la ausencia de equipos técnicos profesionales en las instituciones y organismos son las principales causas por las que las víctimas eligen el silencio.

Martina es administrativa. Un día su jefe le pidió que se sentara al lado de él para hablar sobre trabajo. Sin aviso, la abrazó desde atrás y luego intentó besarla. Ella se fue. Él comenzó a destratarla. “Es así, no le hagas caso”, le aconsejaron. A la semana la despidió.

Josefina es maestra. Un compañero comenzó a perseguirla, personalmente y por teléfono. Al tiempo, le confesó que estaba enamorado de ella. Tras la negativa de Josefina, comenzó a hacerle comentarios despectivos: “Hoy estás más fea”, “Qué gorda estás”. Una tarde la siguió a su otro trabajo y la increpó: “Si no te acostás conmigo es porque te estás acostando con alguien más de la escuela”. Hoy, sigue mirándola “de arriba abajo” cada vez que se cruzan.

Analía es administrativa. Su jefe demostraba demasiada confianza sin conocerse. Un día estaba con él cortando cinta adhesiva, él le agarró la mano, la miró y le dijo: “¿Te gusta que te toque?”, y ella gritó que no. Renunció. “Igual fue algo leve, de una sola vez”, se excusa al contarlo.

Martina, Josefina y Analía no son los nombres reales de las protagonistas de estas historias. Al igual que el resto de las mujeres que han sido víctimas de acoso que aparecen en esta nota, prefirieron compartir sus relatos bajo seudónimos. No quieren que quienes las acosaron las reconozcan ni tener problemas en su trabajo.

El acoso sexual laboral refiere a cualquier comportamiento de origen sexual, no deseado por la persona a la que se dirige, que le cause o pueda causarle daño de cualquier tipo o “cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”, según define el artículo 2 de la Ley 18.561, que regula este delito en ámbitos de trabajo y en relaciones docente-estudiante en Uruguay. El decreto reglamentario de esta ley, aprobado en 2017, se limita al ambiente laboral, por precisar la educación de una “reglamentación específica”, que aún no se ha creado.

Según la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, en 2013 fueron 13.000 las mujeres que afirmaron haber atravesado situaciones de acoso sexual en sus trabajos. Sin embargo, ese año sólo se presentaron 90 denuncias, de acuerdo a los datos de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS). Entre 2014 y 2016, último año del que se dispone información, el número de denuncias ha oscilado entre 60 y 70.

Los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentados en 2018 muestran que por cada denuncia realizada por un hombre hay nueve realizadas por mujeres. A su vez, define el acoso sexual laboral como una forma específica de discriminación por género y una expresión de la violencia basada en género. Hay prevalencia en el sector privado –85,3% de las denuncias– y en Montevideo –65,8% de las denuncias–.

La violencia en los ámbitos laborales como consecuencia del rechazo ante una situación de acoso sexual puede manifestarse con acciones –reproches, delegación de tareas que no corresponden al cargo, exigencia desmedida, gritos– u omisiones –ignorar a la persona, no dejarla cumplir con sus funciones, destratarla–, según datos recabados por un equipo de la Universidad de la República (Udelar) en el marco de la investigación Acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo.

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Mariela tenía 24 años cuando encontró un trabajo que le pareció “perfecto”: buen sueldo, de lunes a viernes, buen ambiente laboral. Había llegado a un acuerdo con su jefa que le permitía quedarse luego de hora para terminar otro trabajo que no podía hacer en su casa. Una tarde el gerente, un hombre mayor de 55 años, le ofreció llevarla hasta su casa porque vivían muy cerca. A ella le servía ahorrarse los boletos: “No pensé nunca en que se pudiera estar acercando”, relata.

Raquel Galeotti, doctoranda en Psicología, en el libro Acoso sexual en los ámbitos laboral y educativoexplica que en las víctimas existe una brecha perceptiva por la que “las mujeres, aun sufriendo situaciones de acoso sexual, no las perciben como tales en sus primeras manifestaciones”. En consecuencia, algunas actitudes como “chistes con contenido sexual, comentarios inadecuados del mismo tipo, solicitud de citas reiteradas, acercamiento excesivo, gestos o miradas insinuantes” pueden ignorarse o minimizarse, hasta que escalan a conductas de mayor gravedad.

Un día, el gerente le avisó a Mariela que tenía que parar en la oficina de un amigo para buscar elementos de trabajo, pero frenó en un bar. “Cada vez entendía más y me gustaba menos”, recuerda. La invitó a tomar un café y ella aceptó porque creyó no tener otra opción. Él pidió un whisky y se dedicó a hablar de lo mal que le caía su esposa. Se fueron. Cuando llegó a la puerta de la casa de Mariela, se le tiró arriba y la empezó a lamer. Ella lo empujó, él retrocedió y le pidió discreción, “porque soy un hombre casado”. A Mariela nunca le pidió disculpas. De ahí en más, todos los días en el trabajo le hacía comentarios inapropiados. Renunciar no era una opción para ella; necesitaba el dinero.

Consultada sobre la posibilidad de denunciarlo, comenta que pensó en dos cosas: que estaba en una situación de dependencia y necesitaba el trabajo, y que los tipos son así. Dice que hoy sería diferente.

Las víctimas de acoso sexual en ámbitos de trabajo están, por lo general, en un estado de vigilancia constante. Detectan cada movimiento, cada mirada. Galeotti explica que es un mecanismo de adaptación para afrontar una situación estresante. “En estas situaciones la mayoría de las víctimas sienten culpa, se responsabilizan de lo sucedido y experimentan sentimientos de vergüenza”, lo cual lleva al silencio.

La disparidad de poder es uno de los obstáculos a la hora de denunciar el acoso sexual. Además, las situaciones de acoso sexual graves, persistentes suelen darse entre un hombre con un cargo superior al de la mujer a la que acosa, expresa Galeotti en su texto.

El clima laboral y social, junto con la recepción de la situación por parte de los pares, son factores decisivos para la persona a la hora de hablar o callar. Galeotti explica que el “aislamiento y la incomprensión llevan muchas veces al silencio de las víctimas por temor a no ser creíble, ya sea para compañeros, jefes o autoridades, jueces, abogados e incluso en su círculo familiar o de amistad, optando entonces por desestimar su denuncia”.

La psicóloga Alejandra López afirma que si existe “un clima institucional y un clima social que está sensibilizado frente al problema se generan condiciones para que la persona se sienta habilitada a hablar y saber que del otro lado va a haber escucha, empatía”. Es importante para esto que el acoso sexual “deje de ser un asunto privado”, porque “las mujeres se dan cuenta de que es algo que no les pasa solamente a ellas, y que empieza a haber respuestas”.

El miedo a perder el trabajo, como menciona Mariela, es otro factor que obstaculiza las denuncias. La Ley 18.561 establece en su artículo 12 que ni la trabajadora o el trabajador denunciante ni quienes se hubiesen presentado como testigos pueden ser despedidos o sancionados por ello. Presume que cualquier despido dentro de los 180 días siguientes a la denuncia, salvo prueba de lo contrario, obedece a esos motivos.

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Fernanda trabaja en una empresa de transporte. En 2010 era guarda y se encargaba de llevarle las planillas al inspector cuando llegaban a la terminal. “Él era un tipo muy conocido y respetado”, cuenta.

Un día la saludó de lejos. Otro día le dio un beso en el cachete. Después fue un abrazo. En una jornada de trabajo ella le preguntó si le había dado las planillas y él comenzó a tocarle los bolsillos del uniforme. Fernanda se dio vuelta para irse y él le metió “un manotazo en el culo”: “¿No la tendrás ahí?”, le dijo.

La tarde siguiente Fernanda le pidió al chofer que llevara los papeles, así que el inspector se le acercó y le dijo que “apenas la había tocado”, que “no era para tanto”. Ella tuvo una crisis nerviosa por la que la certificaron.

Existen dos mecanismos de denuncia para casos de acoso sexual. Se puede denunciar dentro de la institución u organización, o en la IGTSS, que funciona dentro del MTSS. Cada empresa u organismo debe iniciar una investigación administrativa, pero “si entienden que no pueden seguir el caso, deben elevarlo a la IGTSS”.

“Hice la denuncia a nivel institución y no hubo respuesta. Ahí empezaron los rumores de que no podía ser cierto”, cuenta Fernanda. Elevó la denuncia al MTSS, mediante una abogada, pero luego de revisar el caso le dijeron que era su palabra contra la de él.

Los actos que suponen acoso sexual laboral suelen darse en espacios de privacidad, lo que dificulta la existencia de pruebas. El Grupo de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Udelar estudió este fenómeno y constató que a mayor diferencia jerárquica, mayor es la dificultad de conseguir elementos que demuestren el delito. Entre 2009 y 2017 no había otro mecanismo que la persona acosada pudiera utilizar. Desde la aprobación del decreto reglamentario existe la posibilidad de recurrir a indicios del acoso, a los efectos que puede haber tenido en la persona, como “hipersensibilidad, nerviosismo y ausentismo laboral”.

El Instituto Nacional de las Mujeres, encargado junto con el MTSS de cumplir con las políticas de sensibilización y educativas y de la supervisión de este tema, realizó en 2016 un relevamiento de las instituciones del Estado en las que ya se estaban llevando a cabo instancias de reflexión sobre esta problemática. Los resultados mostraron que hubo una “alta adhesión [...] al abordaje de la temática”, pero “la mitad de las instituciones relevadas no tenían implementado ningún tipo de medidas de protección para la persona afectada por acoso sexual”. Otra problemática detectada fue la “falta de fortalecimiento de los mecanismos de género” dentro de los organismos, lo que dificulta el accionar de las comisiones específicas de acoso sexual, falta de personal capacitado y protocolos mal aplicados.

Fernanda y el inspector al que denunció trabajaron en terminales separadas durante los tres meses que duró la investigación. Tras cerrarse el expediente, él volvió. La resolución del ministerio fue exhortar a la empresa a realizar una campaña contra el acoso sexual, así que desde 2010 en los recibos de sueldo aparece un cartel que indica que ese delito será sancionado.

El debe en la educación
No se ha creado aún reglamentación específica para la implementación de la Ley 18.561 en las relaciones docente-estudiante. El artículo 13 le confiere a este ámbito las mismas garantías que funcionan para el trabajo, pero no se definió en qué organismo se pueden presentar las denuncias fuera de cada institución. “Es más o menos intentar hacer lo mejor que se pueda en cada caso con las herramientas que se tienen”, afirma la abogada Viviana Diz Martínez.

Alejandra López detectó un “nivel de implementación bajo” de la ley, a diez años de su aprobación. Junto con la antropóloga Victoria Espasandín coordinó la investigación Acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo, en el marco del Fondo Universitario para Contribuir a la Comprensión Pública de Temas de Interés General. “Tratamos de impulsar una reflexión interinstitucional para ver cómo se está implementando, cuáles son las dificultades y las buenas prácticas”, explica López.

El objetivo del trabajo, que conjuga visiones de distintas disciplinas académicas, mesas de diálogo y casos prácticos de aplicación de la ley, fue realizar aportes “hacia una propuesta de intervención” en los casos de acoso sexual laboral y en ámbitos educativos. Los resultados de la investigación fueron publicados en un libro, disponible para ser descargado en la página web de la Udelar.

La Administración Nacional de Educación Pública realizó un protocolo de acción para los casos de acoso sexual, pero depende de cada institución aplicarlo. La Udelar cuenta con una Comisión Central Abierta de Equidad de Género, encargada de vehiculizar los casos de acoso sexual, pero no existía equipo técnico capacitado para realizar esa tarea. “Hay facultades que ya tenían protocolos definidos, porque habían sucedido casos concretos, pero faltan mecanismos de acción”, afirma López.