Un estudio de la Facultad de Psicología de la Udelar plantea algunos obstáculos para su implementación, como la rotación de personal del INR y “descoordinación entre las distintas instituciones” para hacer el seguimiento

A partir del interés del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) realizaron un estudio para evaluar la aceptación de los técnicos a la posibilidad de incorporar un instrumento internacional para evaluar el riesgo de reincidencia en delitos sexuales, y concluyeron que existe una “valoración muy positiva”.

La herramienta, conocida como SVR-20 (Sexual Violence Risk–20), se utiliza en distintos sistemas penitenciarios del mundo para orientar las decisiones sobre la clasificación dentro de las cárceles, el tratamiento específico y previo a la reinserción en la sociedad de delincuentes sexuales, a partir del análisis de varios factores de riesgo. De comenzar a aplicarse en Uruguay, podría “favorecer una gestión más eficaz de ofensores sexuales en el medio penitenciario uruguayo”, señala la investigación publicada el 9 de octubre de 2025, que fue realizada por Raquel Galeotti, Néstor Rodríguez, Juliana Artola, Lía de Rosa y Alejandra López Gómez, y financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

La posibilidad de contar con un instrumento específico, bajo una “lógica de juicio clínico estructurado”, sin renunciar al “juicio experto”, permite introducir criterios estandarizados que “reducen los sesgos individuales”, para “mejorar la calidad de la toma de decisiones”, señala el documento, además de permitir que los resultados se puedan comparar con otras opiniones profesionales.

El instrumento, que se encuentra “validado científicamente con una buena capacidad predictiva” para la reincidencia tanto en adultos como en adolescentes, está conformado por 20 ítems, que valoran información y rasgos de la persona que podrían ser considerados factores de riesgo para su conducta futura, explica el estudio. “No son puntos ni cálculos matemáticos”, dijo Galeotti consultada por Búsqueda. Algunos ítems, como la psicopatía o la desviación sexual —que consiste en perversiones, como el interés sexual por niños, animales u objetos—, son predictores altos, mientras que otros, más dinámicos —como el consumo de drogas— requieren discutir “qué incidencia tienen en la posible conducta”, agregó.

Los puntos se evalúan a partir de múltiples fuentes de información, como la entrevista con el agresor sexual, los expedientes judiciales, la sentencia, el testimonio de la víctima y las pericias. “Hay una intervención que requiere una evaluación de riesgo, que es lo mismo que se usa en violencia de género”, señaló la especialista.

Alta aceptación y desafíos técnicos

De los 101 técnicos que fueron convocados, 71 participaron en la investigación y 59 completaron las dos rondas de consulta. La mayoría eran mujeres (84%), de entre 30 y 50 años (68%) y licenciadas en Psicología (73%). Un 43% tenía entre tres y cinco años de desempeño en el cargo y un 30% más de cinco años. El 97% consideró “entre medianamente importante y muy importante” incorporar el SVR-20, aunque el 68,5% reconoció no conocer la herramienta. Entre quienes sí la conocían, valoraron su “capacidad predictiva, la posibilidad de gestión del riesgo y su especificidad en estos delitos”.

El estudio muestra que la psicopatía y la desviación sexual fueron los ítems que presentaron mayores dificultades de evaluación, lo que se atribuye a la falta de formación específica. Esos aspectos, sumados al trastorno mental grave, son señalados como los de mayor dificultad para el acceso a fuentes de información externas, como historias clínicas o informes técnicos.

“Las carpetas de información del INR contienen toda la información que haya de la persona, la denuncia, el OASys (Offender Assessment System, un instrumento de diagnóstico de presos), informes. Pero depende de las personas de las distintas dependencias que ingresen la información”, se dijo en uno de los grupos focales que formaron parte del estudio. También consideró que “desde el nuevo Código del Proceso Penal, los expedientes no están en papel, lo que hace que el acceso sea más restringido”.

Los profesionales también señalaron como un obstáculo el “trabajo compartimentado y la descoordinación entre las distintas instituciones implicadas”, no solo para el acceso a la información, sino también para el acompañamiento y el seguimiento del caso una vez que la persona egresa del sistema carcelario.

Desde el INR reconocieron las limitaciones en el acceso a los datos. “Es claro que tenemos carencias desde el punto de vista de la información y cómo acceder a ella (...). Con el nuevo Código (del Proceso Penal) ahora es más engorroso, porque la información está en la carpeta de los fiscales. Pero estamos pensando eso, cómo darle la vuelta”, señalaron autoridades de la Subdirección Técnica en una entrevista que fue incluida en el informe.

Galeotti también transmitió como un obstáculo adicional la alta rotación de técnicos del INR, que dificulta sostener la práctica. El instrumento “requiere training”, aseguró.

Carencias en la legislación

Según plantea el estudio, el SVR-20 puede aplicarse en distintos momentos del proceso penal —al ingreso, durante el tratamiento o antes del egreso— y clasifica el riesgo en tres niveles: bajo, moderado y alto. “Eso permite determinar qué vas a hacer después. Si tiene un riesgo alto, hay que generar un plan de trabajo fuerte con esa persona, donde se indica qué áreas trabajar. Si da medio, lo mismo, y si da bajo, se recomienda un seguimiento más largo en el tiempo, no una intervención directa”, dijo Galeotti.

Sin embargo, la investigadora advirtió que, a diferencia de otros países, la legislación uruguaya no permite realizar un seguimiento luego de que los condenados son liberados. “En el mundo, esto funciona bien porque tienen un seguimiento posterior, y en Uruguay tenemos esa limitación”, afirmó.

La especialista cree necesario un cambio normativo, sobre todo para los casos “de riesgo alto, porque se precisa un nivel de intensidad que va más allá de la prisión”. En particular, precisó que los dos primeros años son “los más críticos”.

Para los autores del estudio, incorporar la herramienta permitiría “fortalecer la prevención secundaria de la violencia sexual, mejorar el monitoreo y evaluación de las intervenciones, y reforzar la protección de las víctimas”, además de desarrollar intervenciones basadas en evidencias.

En Uruguay, según reporta el Ministerio del Interior, en 2024 hubo 3.287 denuncias de delitos sexuales —incluyendo abuso sexual en sus tres manifestaciones, violación y atentado violento al pudor—, con un total estimado de 3.800 víctimas, de las cuales el 80% fueron mujeres.

Con relación a niños, niñas y adolescentes, el informe de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) registró en 2024 un total de 8.924 casos de violencia hacia este grupo etario, de los cuales el 22% correspondieron a violencia sexual.

Según los datos proporcionados por la subdirección nacional técnica del INR, que fueron incluidos en el estudio, a mayo de 2024, había 1.165 personas privadas de libertad por delitos sexuales, la gran mayoría varones.